Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha prometido ejecutar “el programa de deportaciones más grande en la historia del país”. En la Unión American residen al menos 11 millones de migrantes de manera irregular. Él quiere ir por ellos y aún más, si eso es posible. En abril del año pasado, dijo a la revista TIME que su intención era expulsar a entre 15 y 20 millones de indocumentados. Pretende hacerlo, según expuso durante la ceremonia de investidura, “con una rapidez y fuerza históricas” para “detener la invasión de fronteras”.
El líder republicano ha sido ampliamente reconocido por su enérgico discurso contra la inmigración ilegal. No obstante, las estadísticas oficiales revelan que, durante su primera administración, las deportaciones anuales quedaron por debajo de las registradas en las gestiones de Joe Biden y Barack Obama. A estas consideraciones se suma la enorme dificultad administrativa y presupuestaria que representaría la ejecución efectiva de su plan.
Las primera órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su segundo mandato han generado preocupaciones en diversos sectores clave para el bienestar social, económico y medioambiental.
Deportaciones oficiales y otros métodos
Las autoridades migratorias de Estados Unidos, especialmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuentan con diversos medios legales para expulsar a una persona extranjera de su territorio. La mayoría de ellos se pueden agrupar en tres categorías:
- Orden judicial oficial. Las deportaciones oficiales son ordenadas normalmente luego de que el extranjero en cuestión incurriera en un delito, casi siempre migratorio. No son voluntarias y conllevan sanciones penales para quienes intenten reingresar al país después de ser expulsados.
- Expulsiones por cumplimiento de la ley (enforcement returns). Ocurren cuando una persona deportable sale del país sin que pese una orden sobre ella. La mayoría de las veces, esto ocurre cuando un extranjero presenta un caso para permanecer en el país ante un juez y este lo desestima. La autoridad migratoria, entonces, solicita al extranjero en cuestión que salga antes de que medie una orden.
- Repatriaciones administrativas (administrative returns), que tienen lugar cuando un extranjero no cuenta con credenciales o visa adecuada. En su mayoría, los retornos administrativos se ejecutan directamente en la frontera y se aplican de manera inmediata.
Concentrémonos, en primer lugar, en las deportaciones oficiales. Datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS, por sus siglas en inglés) indican que alrededor de 329,990 personas fueron deportadas durante el último año fiscal de Biden (los datos abarcan hasta noviembre de 2024). Este número se aproxima a la mayor cantidad de deportaciones efectuadas por Trump en un solo año: 347,230 en 2019. Sin embargo, sigue lejos del récord anual de 404,700 repatriaciones alcanzado en 2014 bajo la presidencia de Obama. Estas cifras representan únicamente los procesos migratorios realizados mediante órdenes de deportación oficiales emitidas por el ICE o la Patrulla Fronteriza.
Trump deportó aproximadamente a 1.2 millones de personas a través de deportaciones oficiales durante su primer mandato. En comparación, Obama expulsó a cerca de 2.9 millones migrantes durante sus dos periodos presidenciales mediante este recurso. Por su parte, la presidencia de Biden ha contabilizado 677,740 devoluciones similares hasta la fecha. Esto se debe a que Biden prefirió otros métodos de expulsión.
Distintos enfoques migratorios en Estados Unidos
Los expertos indican que las cifras son reflejo de las distintas políticas migratorias adoptadas por los mandatarios. Obama fijó la lucha contra las amenazas de seguridad nacional, fronteriza y pública como una prioridad en sus acciones de deportación. En 2015, el 91% de los deportados fueron migrantes declarados culpables de algún delito, en su mayoría, de tipo migratorio. Trump mantuvo esta estrategia.
El uso del modelo de deportación más agresivo disminuyó bajo el mandato de Biden, quien prefirió las repatriaciones administrativas (administrative returns) al principio de su mandato. En los últimos dos años, sin embargo, el demócrata redobló sus esfuerzos para incrementar dramáticamente las devoluciones por aplicación de la ley (enforcement returns). Las expulsiones por esta vía crecieron de 49,690 a 355,269 entre los ejercicios fiscales 2023 y 2024. Este ajuste de estrategia se tradujo en un crecimiento sin precedentes en las devoluciones migratorias. El ICE expulsó a casi 68,000 personas no ciudadanas durante el tercer trimestre del año fiscal 2024. Esto es equivalente a un aumento interanual de 69% y de más del 140% frente a las deportaciones reportadas durante todo el año fiscal 2023.
En la siguiente gráfica, publicada por la OHSS, aparecen las expulsiones realizadas por los tres procedimientos mencionados a través de distintos años fiscales. En azul, se aprecian las deportaciones oficiales, en gris claro, las expulsiones por cumplimiento de la ley y, en rojo, las repatriaciones administrativas (las barras gris oscuro corresponden a negativas de permisos para ingresar debido a medidas de precaución por covid-19). Como se aprecia, en 2024, la administración de Biden realizó el mayor número de expulsiones anuales en una década, aunque no lo hiciera mediante deportaciones oficiales. Esto permite inferir que si bien, las expulsiones por cumplimiento de la ley no son un recurso penal, sí fueron usadas y aumentadas en el marco de una estrategia migratoria amplia.
Office of Homeland Security Statistics.
Los planes de Trump son difíciles de realizar
Las políticas migratorias en la nueva administración de Trump pretenden ser más estrictas. El presidente ha desmantelado una serie de políticas que restringían los criterios para procesos de deportación. Las operaciones de control migratorio ahora se pueden efectuar en iglesias, hospitales y escuelas. La semana pasada firmó una misiva para declarar la emergencia migratoria nacional en la frontera con México. Esto autoriza la movilización de efectivos militares para llevar a cabo redadas migratorias a gran escala, facilita un aumento en la infraestructura de seguridad y contempla la imposición de restricciones de viaje hacia Estados Unidos.
Los analistas indican que aún es pronto para evaluar la efectividad de estas medidas. La logística, los acuerdos diplomáticos con los países receptores y las implicaciones humanitarias podrían representar barreras significativas. El financiamiento que el ICE necesita para llevar a cabo los procesos masivos de repatriación también será factor. Con todo, la comunicación de la administración de Trump realiza una campaña para visibilizar sus esfuerzos y persuadir a la gente de que está aplicando mano dura. La administración de Trump ha facilitado el uso de cuatro aviones militares para acelerar los procesos migratorios, pero estas aeronaves están reservadas para casos excepcionales. Sin embargo, su administración se ha encargado de difundir las imágenes de los aviones y un grupo de deportados.
Para poner los nuevos esfuerzos en contexto, debemos considerar que, tan solo durante las dos primeras semanas de 2024, Estados Unidos realizó 79 vuelos de repatriación y que durante 2024, el ICE organizó la deportación de más de 270,000 migrantes por vía aérea. Estos viajes, que incluyeron destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador, son operados por aerolíneas comerciales privadas bajo contratos gestionados por el Departamento de Seguridad Nacional. Miguel Vergara, director de operaciones del ICE, ha dicho que en 2024 que se realizaron en promedio 12 vuelos al día. Cada uno puede costar hasta 250,000 dólares, lo que pone en duda la viabilidad de incrementar significativamente su frecuencia.
Las autoridades migratorias estadounidenses han realizado 61,630 deportaciones en lo que va del año fiscal 2025, según la OHSS. Un informe del Consejo Americano de Inmigración calcula que el costo único de deportar a todos los migrantes sin estatus legal sería de al menos 315,000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del gasto público de Estados Unidos en 2024.