Con la presencia del Presidente Gabriel Boric será inaugurada este mediodía la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –conocido como Acuerdo de Escazú- que se desarrollará hasta el miércoles en la sede central de la CEPAL, en Santiago.
Este pacto regional fue adoptado en 2018 y Chile se convirtió en Estado Parte en septiembre de 2022, luego de ser aprobado en el Congreso en mayo de ese año. A la fecha, 24 países han firmado el tratado y 15 lo han ratificado, convirtiéndose en Estados Parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Una de las características destacadas de este tratado internacional es que se trata del primero que incluye una disposición vinculante sobre la protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este elemento es particularmente relevante, dado que se trata de un acuerdo entre los países de “una de las regiones más peligrosas del mundo, registrando altos índices de violencia contra estas personas”, comenta el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño Ugalde.
La autoridad, que conversó con País Circular sobre la implementación del acuerdo en el país y los objetivos de la reunión que se inicia hoy, aclaró que, si bien la COP3 se realiza en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, esto no quiere decir que Chile sea el país anfitrión, por lo que no tiene ninguna atribución especial.
Proaño destacó que en esta oportunidad uno de los principales propósitos es someter a consideración de las delegaciones el Plan Regional de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, que fue elaborado bajo el liderazgo del grupo de trabajo ad hoc coordinado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y las Nieves. Asimismo, se presentarán informes de la Secretaría, Mesa Directiva, Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y hojas de ruta para la implementación nacional, y se podrá conocer cualquier otro asunto que las Partes decidan.
Además, en línea con el espíritu de este acuerdo, esta tercera conferencia de las partes está abierta a la participación ciudadana, un hecho cuya importancia es destacada por el subsecretario del Medio Ambiente, quien subraya que “las sesiones de las COP serán públicas y transmitidas en vivo”
-Si bien esta es la segunda COP de Escazú en Chile, es la primera como Estado Parte ¿qué relevancia le da el gobierno a esta situación, tiene algún impacto especial en la implementación del acuerdo en el país?
La primera COP de Escazú [abril de 2022, en la sede de la CEPAL] fue bastante simbólica, porque si bien no éramos Estado parte, sí demostramos un claro interés en adherir al acuerdo. No hay que olvidar que ese fue el primer proyecto de ley que ingresó el Presidente Gabriel Boric al Congreso y que tuvo una tramitación rápida y bastante transversal, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Ahora, Chile no solo participa en las discusiones y decisiones internacionales, sino que también tiene la responsabilidad de su implementación y cumplimiento en el país y en eso hemos estado trabajando hasta ahora.
Ser Estado parte nos brinda una base mucho más sólida para promover la transparencia, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, tanto a nivel nacional como regional. Además, ahora Chile puede influir directamente en la agenda y las acciones de la COP, lo que facilita la alineación de las políticas y acciones nacionales con los compromisos adquiridos en el acuerdo. Un ejemplo destacable es que junto con Ecuador y San Cristóbal y las Nieves facilitamos el grupo sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
“Para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente. Nuestro continente, América Latina, es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo registrando altos índices de violencia contra estas personas. Por eso, nos involucramos directamente en el desarrollo de este plan, que es de alto interés para la sociedad civil”.
-¿Qué avances va a mostrar Chile em la implementación del Acuerdo de Escazú?
Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 26 instituciones, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático hace unos días. Este plan fue construido de manera colaborativa entre instituciones estatales y la sociedad civil. En él se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 230 medidas específicas, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030.
Dentro de estas acciones destaca la necesidad de informar más y mejor a la ciudadanía; actualizar plataformas de información existentes (como el SINIA) o incluso crear nuevas plataformas de información; considerar a niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones; avanzar hacia más instancias de participación temprana para la elaboración de políticas públicas; disminuir las asimetrías para acceder a la justicia; avanzar hacia la protección de datos personales y tener mejoras en materia de fiscalización ambiental, de reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y establecer mecanismos para que puedan desenvolverse en un entorno seguro y propicio, de capacitar a los funcionarios y a la ciudadanía sobre los derechos de acceso y la protección del medioambiente y de contar con mecanismos para el intercambio de experiencias sobre los derechos de acceso.
Es muy relevante que este Plan haya sido construido junto a todas y todos, porque para su elaboración se llevó a cabo un proceso de participación temprana y consulta pública. Sólo en la consulta pública se recibieron más de 960 observaciones y participaron más de 1.700 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, así como grupos indígenas o en situación de vulnerabilidad. Intentamos llegar a aquellos lugares donde no siempre el Estado puede llegar y, por lo mismo, incentivamos la realización de cabildos autoconvocados como un proceso inédito que permitió ampliar la participación involucrando a municipios, organizaciones territoriales e incluso con la participación de chilenos en el extranjero.
Otra gran noticia fue la creación del Protocolo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente la Subsecretaria de Derechos Humanos. En él se establecen medidas para proteger a quienes promueven y defienden los Derechos Humanos, incluyendo a los defensores ambientales, algo que va en línea con una de las principales peticiones por parte de la sociedad civil.
“Otra gran noticia [en el marco de la implementación del acuerdo en Chile] fue la creación del Protocolo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente la Subsecretaria de Derechos Humanos. En él se establecen medidas para proteger a quienes promueven y defienden los Derechos Humanos, incluyendo a los defensores ambientales, algo que va en línea con una de las principales peticiones por parte de la sociedad civil”.
-¿Qué tema se va a relevar en esta COP?
El principal tema de esta COP es la discusión y aprobación del Plan de Acción Regional de Defensores y, como indiqué, Chile estuvo en la coordinación de la propuesta de este instrumento.
Para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente. Nuestro continente, América Latina, es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo registrando altos índices de violencia contra estas personas. Por eso, nos involucramos directamente en el desarrollo de este plan, que es de alto interés para la sociedad civil, ya que busca fortalecer la protección de estos defensores de derechos humanos siendo una herramienta muy valiosa ante la creciente violencia y riesgos que enfrentan en América Latina. Ese, de hecho, es el resultado más esperado de esta COP y también tiene la mayor atención de los Estados parte, de países observadores y de organismos internacionales.
-¿Qué le parece la participación ciudadana que se ha dado en relación al acuerdo de Escazú, en general y en el marco de esta COP?
La participación pública en relación con el Acuerdo de Escazú ha sido notable, tanto durante la negociación de este tratado como en las previas conferencias y en la reunión de este año.
Dado el gran interés que hay en esta COP y al realizarse en una sede que tiene un aforo limitado, sabemos que muchas personas no podrán asistir a este evento, pero las reglas inéditas de Escazú fomentan una participación incidente, una representatividad y transparencia. Por eso, se establecieron modalidades de participación del público de forma presencial, informativa y participativa, tanto en las reuniones presenciales como las virtuales, permitiendo al público participar en las reuniones de la COP.
Además, se creó un Mecanismo Público Regional particular para fortalecer la amplia participación y se escogieron Representantes Electos del Público, para fomentar y facilitar la participación de la sociedad civil y canalizar eficazmente sus contribuciones, incluida la presentación de propuestas a nombre del público. Uno de estos representantes es parte de la Mesa Directiva de la COP.
A nivel nacional, la participación ha fortalecido la legitimidad y la efectividad de nuestro plan al asegurar la consideración de las preocupaciones y necesidades de múltiples interesados. En términos generales, el proceso de consulta pública y participación temprana que desarrollamos durante ocho meses ha sido ejemplar, entregando una amplia respuesta por parte de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los defensores del medioambiente. La recepción de más de 960 observaciones, la participación de más de 1.700 personas y los 40 cabildos autoconvocados demuestran el compromiso de la ciudadanía en la implementación del acuerdo.
-¿Cuáles son los objetivos principales de esta tercera conferencia, a nivel general y para Chile en particular?
El principal resultado que esperamos en la COP3 de Escazú es la aprobación del Plan de Acción Sobre Defensores Ambientales, coordinado por nuestro país, Ecuador y San Cristóbal y las Nieves. Este plan es de alto interés, en particular para quienes promueven y defienden pacíficamente el medioambiente.
Sin dudas, su aprobación sería un paso importante hacia una mayor justicia ambiental y un compromiso con la seguridad de aquellos que luchan por un medioambiente sano.
También será relevante para nuestro país tener la oportunidad de compartir con la comunidad internacional nuestro reciente plan nacional de implementación destacando sus líneas estratégicas, acciones generales y medidas específicas que guiarán nuestro accionar hasta el 2030.
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La reunión se puede seguir en vivo en el siguiente link COP 3 de Escazú
