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Mariana Nogales levantará un informe sobre el estado de la bahía de Jobos en Salinas

Autor: Nydia Bauza

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, dijo hoy que “ante la ausencia y vacío” de la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo legislativo en torno a la investigación sobre las construcciones ilegales levantadas en terrenos de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas, radicará un informe con hallazgos.

“Esta Cámara y la Comisión de Recursos Naturales tienen el deber de continuar con esta investigación hasta las últimas consecuencias. Vamos a darle seguimiento a esta investigación y que esto sirva de ejemplo para aquellos que quieren utilizar mecanismos corruptos para dañar el ambiente”, afirmó Nogales Molinelli en un turno inicial en la sesión de la Cámara de hoy martes.

“Sabemos que este es un asunto que todavía no se ha resuelto y que la Comisión pidió la comparecencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos… Nosotros presentamos una querella que fue referida al Consorcio y luego a la Junta de Planificación y se determinó que hay un permiso fraudulento. Eso tiene que estar bajo investigación”, sostuvo.

“Sabemos que hay cinco gestores de permisos que están bajo investigación”, dijo la legisladora del MVC, quien fue la primera en denunciar públicamente los crímenes ambientales en los terrenos protegidos. “Dentro del sistema de permisos hay mucha corrupción y el DRNA no tiene los recursos para investigar las querellas”, agregó.

Poco antes de finalizar la pasada sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano Sánchez, dijo que el informe sobre la ocupación de terrenos en la Reserva de Salinas se quedaría para la segunda sesión ordinaria, que inició a mediados del pasado mes de agosto.

El legislador indicó que en los meses de junio y julio, la comisión daría “espacio” para que la pesquisa que desarrolla el Departamento de Justicia sobre las construcciones ilegales, siga su curso.

“Si Justicia no actúa, nosotros someteremos nuestro informe al pleno (de la Cámara). El informe de la comisión está casi terminado. Decir que vamos a referir a una persona en particular, esa parte no está contemplada”, sostuvo Feliciano Sánchez en declaraciones a Primera Hora el pasado 20 de junio.

No obstante, indicó que sí podría haber referidos contra las agencias públicas que se alega “se hicieron de la vista larga” mientras continuaban las construcciones ilegales en los terrenos protegidos.

“Eso lo sabe todo Puerto Rico. Es una cosa que venía arrastrándose de tiempo atrás y en la pandemia se aprovecharon”, dijo para agregar que el informe también propondrá acciones remediativas como mitigación del área impactada.

“El daño que causaron allí tiene que tener repercusiones. No podemos quedarnos cruzados de brazos”, sostuvo el representante popular por el distrito 12, que comprende los municipios de Vega Baja, Vega Alta, Morovis y Manatí.

Dijo que los técnicos de la comisión trabajan en el informe, “pero dándole espacio” al Departamento de Justicia. “La agencia nos aseguró que su pesquisa estaba bien adelantada. Nosotros le dimos toda la información que ellos pidieron, le hemos dado todo lo referente a la información que nos ha brindado el DRNA. Cooperamos con unos expedientes que le hacían falta”, sostuvo el legislador.

Indicó también que la comisión legislativa puso a la disposición del Departamento de Justicia a la persona que, supuestamente, reside en la zona marítimo terrestre y les pidió inmunidad.

Feliciano Sánchez dijo que se trata de “una persona que alega que hizo gestiones con un tercero para que le dieran los permisos (las conexiones de agua y luz) y está dispuesto a cooperar”.

En mayo pasado, tras una reunión con los miembros de la Comisión de Recursos Naturales, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, advirtió que conceder inmunidad a cualquiera de los invasores o participantes en el esquema de permisos fatulos en la Reserva Bahía de Jobos en Salinas, afectará la investigación criminal que lleva a cabo la agencia, y que cuenta con cerca de un centenar de testigos.

En la reunión, en la que también participó la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, la comisión acordó de forma unánime no conceder inmunidad a ninguna de las personas que ocuparon de forma ilegal terrenos en el llamado Camino del Indio.

“Nosotros no favorecemos la inmunidad bajo ningún concepto, excepto en casos que sean realmente super extraordinarios, pero en este momento no veo la inmunidad”, indicó entonces el Secretario de Justicia.

El pasado 6 de mayo, en otra reunión ejecutiva, la Comisión había decidido no conceder por el momento el privilegio de inmunidad a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que tienen propiedades con permisos “fraudulentos” en la zona marítimo terrestre en Bahía de Jobos en Salinas y los exhortó a cooperar con la investigación legislativa.

Emanuelli sostuvo que la inmunidad legislativa “es una potestad de los señores y señoras legisladores”, pero indicó que hay consenso, tanto de la Legislatura, de la Comisión como del Departamento de Justicia, en que utilizar ese mecanismo actualmente en la pesquisa legislativa, afectaría la investigación criminal.

Dijo que la investigación que lleva a cabo Justicia sobre los terrenos ocupados en la Reserva natural, “está bien completa, bien coordinada” y que citarían a unos 80 a 100 testigos.

Emanuelli sostuvo que la investigación “está bien encaminada porque vamos a cubrir todas las áreas”, pero dijo que no están próximos a radicar denuncias. “Queremos radicar una cosa bien completa, porque nosotros vamos a perseguir delitos ambientales y otros, como falsificación de documentos y traspaso de documentos”, abundó.

Además de la pesquisa que lleva a cabo el Departamento de Justicia, las autoridades federales también investigan las construcciones ilegales en la Reserva.

El 3 de junio pasado, la secretaria del DRNA ordenó la demolición de nueve estructuras y muelles que se construyeron de manera ilegal en zonas protegidas de la Reserva Nacional de Investigación.

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