La Ley Renacer ya está en manos del Congreso de Estados Unidos.
El nuevo marco legal contextualiza la situación actual de Nicaragua, tras seis años de crisis socio-política, y de ser aprobada, entre otras cosas prohibiría a cualquier ciudadano o residente de Estados Unidos hacer inversiones en Nicaragua
La nueva ley en proceso en el Congreso de Estados Unidos, para ampliar las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, es un proyecto que condensa dos leyes anteriores en un solo marco legal, con el propósito de afinar y actualizar todos los esfuerzos legales que ha hecho el Gobierno norteamericano los últimos seis años, para castigar los desmanes del orteguismo.
La denominada Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua – Ley 1881- fue aprobada el pasado 16 de abril por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y ahora se encuentra en proceso de aprobación en la Cámara Alta y también en la Cámara Baja del Congreso norteamericano.
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La Ley es una iniciativa bipartidista, impulsada por el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, y el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine. Kaine fue el candidato a la vicepresidente en la fórmula de Hilary Clinton en 2016; mientras que Rubio, republicano por la Florida, está siendo mencionado en algunos medios como posible miembro de un eventual gabinete de Donald Trump si este llegara a ganar las elecciones en noviembre.
La ley recuerda que “es política de Estados Unidos buscar una solución a la crisis política en Nicaragua (mediante) un compromiso por parte del Gobierno de Nicaragua de celebrar elecciones libres y justas que cumplan las normas democráticas y permitan una creíble observación electoral creíble para sustituir al Gobierno de Ortega;el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y por grupos armados apoyados por el Gobierno de Nicaragua; y realizar investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes en Nicaragua.
Prohibición a ciudadanos y residente de Estados Unidos de invertir en Nicaragua
La ley prohibiría nuevas inversiones en Nicaragua. “Después de la fecha de promulgación de esta Ley, una persona estadounidense (léase ciudadana o residente permanente), dondequiera que se encuentre, no podrá realizar ninguna inversión en ningún sector de la economía de Nicaragua.
Sin embargo, esta prohibición no se aplicaría con respecto “a cualquier persona por realizar o facilitar una transacción para la venta de productos agrícolas, alimentos, medicinas o dispositivos médicos a Nicaragua, o para la provisión de asistencia humanitaria al pueblo de Nicaragua”.
Toca al Ejército y lo relaciona con la invasión rusa a Ucrania
La nueva Ley adiciona el establecimiento de sanciones a aquellas organizaciones e individuos que apoyan materialmente a través de bienes, servicios o tecnología la invasión de Rusia en Ucrania.
El político opositor Juan Sebastián Chamorro valoró que estas sanciones relacionadas con el apoyo logístico a la guerra en Ucrania, pone en la mira al Ejército de Nicaragua, bajo la dirección del ya sancionado general Julio César Avilés, quien lleva 16 años en ese cargo.
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Otro elemento en la ley que afecta a las fuerzas castrenses de Nicaragua es la enmienda que se hace a la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, mejor conocida como Renacer Act, donde se adiciona al Instituto de Previsión Militar del Ejército como objeto de sanción.
Esto es particularmente problemático porque la iniciativa Rubio-Kaine ahora mencionaría como una de las razones para sancionar el hecho de suministrar de bienes, servicios, tecnología o expresar apoyo a la invasión de Ucrania por la Federación de Rusia
Mandata a realizar esfuerzos coordinados para influir en el BCIE
Algo novedoso es un capítulo que reforma la Nica Act dedicado al Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE). Aunque Estados Unidos no es miembro del BCIE, mandata a las autoridades norteamericanas coordinar esfuerzos diplomáticos con países socios de Estados Unidos y que sí son miembros del banco regional, como Taiwán, Argentina, España y Corea del Sur y México organismo financiero, para que no extienda créditos hacia Nicaragua.
La reforma también establecería que en caso de darse nuevos préstamos, se ejecuten de manera externa e independiente, para que la dictadura no pueda hacer uso de estos fondos a su antojo.
Establece fuerte escrutinio sobre el país en el Cafta
Entre las medidas económicas adicionales que la iniciativa contempla para responsabilizar al régimen por los abusos a los derechos humanos (DD.HH.) que ha cometido están: la revisión anual, al menos hasta 2028, de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio (Cafta, por sus siglas en inglés).
La revisión deberá determinar si el Cafta beneficia al régimen y si la dictadura ha violentado sus preceptos.
La nueva ley no establece que Nicaragua será expulsada del Cafta, sin embargo, se refiere a un antiguo tratado comercial de 1974, que establece que un país puede perder el estatus de país más favorecido para el comercio, según el artículo 402.
“Los productos de (un país en esa categoría) no tendrán derecho a recibir un trato no discriminatorio (relaciones comerciales normales), dicho país no participará en ningún programa del Gobierno de Estados Unidos que conceda créditos o garantías de crédito o garantías de inversión, directa o indirectamente, y el presidente de Estados Unidos no celebrará ningún acuerdo comercial con dicho país,” reza el artículo-
Además, el nuevo marco legal dejaría abierta la posibilidad de sancionar otros sectores de la economía nicaragüense, como el café y la ganadería, además de la industria del oro en Nicaragua que ya fue sancionada en 2022.
La propuesta de ley amplía la sección de sanciones con respecto a Nicaragua para no solo abarcar a personas que sean o hayan sido miembros del gobierno de Nicaragua o que hayan actuado en representación del gobierno de Nicaragua y que hayan cometido abusos contra DD.HH. o realizado acciones para debilitar la democracia, sino que incluiría a personas que hayan tenido ese comportamiento y que hayan participado en cualquier sector económico del país, pero señala a los sectores de ganadería, café y oro.
Sanciones por perseguir a la Iglesia católica
Como ya es más conocido, la nueva Ley extiende hasta 2028 la vigencia de la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018, mejor conocida como Nica Act, que caducó en 2023.
Además, reforma la Nica Act para contemplar el contexto de persecución religiosa, lo que implicará sanciones dirigidas a los actores involucrados en el hostigamiento, persecución y arresto de miembros de la Iglesia católica.
También las reformas son más detalladas en establecer castigos por la persecución de líderes políticos, miembros de la oposición y violación de los DD.HH. de los presos políticos.
Apoyo al GHREN
La nueva legislación contempla el apoyo a programas de protección de DD.HH. y democracia y el apoyo de Estados Unidos a la protección de los DD.HH. de los nicaragüenses en Naciones Unidas. En particular menciona brindar apoyo al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Según la iniciativa, el presidente deberá ordenar a los representantes de Estados Unidos en Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos para apoyar y extender el mandato del GHREN, incluyendo “proporcionar asistencia técnica y de investigación al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua según se solicite y según lo permitanlas normas y reglamentos de las Naciones Unidas y la legislación de los Estados Unidos”.
Según establece la propuesta de ley, de ser aprobada, todas sus provisiones quedarían en vigencia hasta que la crisis de Nicaragua tenga una solución pacífica y democrática.
