La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este lunes que enviará una carta al Gobierno de Estados Unidos en respuesta a la solicitud de 35 congresistas estadounidenses que pidieron al presidente Donald Trump presionar a la mandataria mexicana para resolver la disputa sobre la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials.
La controversia se centra en el cierre de operaciones de la empresa minera en Quintana Roo, en el sureste de México, ocurrido el año pasado.
Sheinbaum aseguró que, tanto a los congresistas como al presidente Trump, se les enviará una carta aclaratoria sobre el conflicto. “Se lo pedí a Alicia Bárcena (secretaria de Medio Ambiente) y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución”, explicó la presidenta durante su conferencia de prensa. Esta misiva se enviará con el objetivo de evitar malentendidos y poner claridad en los hechos.
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las instalaciones de Vulcan en la península de Yucatán fueron invadidas, lo que llevó a la empresa a suspender sus operaciones. En ese mismo año, López Obrador designó la propiedad de Vulcan como “área naturalmente protegida”, lo que generó aún más tensión.
En respuesta, Sheinbaum insistió que “nunca hubo expropiación” de las tierras, y aclaró que la propiedad sigue siendo de la empresa. Según la mandataria, el problema surgió porque la minera se salió de la zona autorizada para su explotación y comenzó a operar en áreas no permitidas, afectando cenotes y acuíferos de la región. Esto llevó al ex presidente López Obrador a cambiar el uso de suelo de la zona para proteger el medio ambiente.
La presidenta explicó que la zona en cuestión está considerada como área natural protegida, lo que implica que no se permite la explotación de minerales debido a los daños ambientales que esto ocasionaría. Sheinbaum subrayó que la empresa debía haber respetado la autorización de impacto ambiental que tenía y no ampliar la zona de explotación sin los permisos correspondientes.
A pesar de las tensiones, Sheinbaum expresó su disposición a dialogar con la empresa para encontrar una solución que evite que el conflicto se resuelva en tribunales. “Vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico y si no, pues se resolverá en tribunales”, afirmó la mandataria.
Este caso pone de manifiesto la creciente tensión entre las políticas ambientales de México y los intereses de empresas extranjeras. La respuesta de Sheinbaum, tanto a los congresistas de Estados Unidos como a la Casa Blanca, tiene como objetivo esclarecer la situación y evitar mayores complicaciones en las relaciones bilaterales entre ambos países.
