Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para atender los adeudos en materia de asignación de agua, conforme al Tratado de Aguas de 1944, firmado entre ambas naciones. La resolución se dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles y sanciones a su principal socio comercial.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informaron que, “por el bien de ambas naciones”, se logró un entendimiento para abordar el tema de las asignaciones de agua del río Bravo en el actual ciclo de entregas de cinco años, el cual inició el 25 de octubre de 2020 y concluirá el próximo 24 de octubre.
Diversas instituciones han advertido sobre la creciente escasez de agua en México y sus consecuencias en el desarrollo social y económico del país.
Desde hace ocho décadas, este tratado regula el reparto de recursos hídricos entre ambos países mediante una red de presas y cuencas interconectadas. El convenio estipula que México debe entregar 2,159 millones de metros cúbicos (1.7 millones de acres-pie) del río Bravo cada cinco años, mientras que Estados Unidos está obligado a proporcionar anualmente 1,850 millones de metros cúbicos (1.5 millones de acres-pie) provenientes del río Colorado.
Aunque los volúmenes que México debe aportar son menores, en el presente ciclo quinquenal ha cumplido con menos del 30% de su cuota, según cifras de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Para subsanar el rezago, México se comprometió a realizar envíos inmediatos de agua hacia territorio estadounidense y a incrementar las transferencias durante la próxima temporada de lluvias, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento para consumo humano en las comunidades mexicanas que dependen del río Bravo, según el comunicado.
El texto especifica que “las acciones que culminarán con el cierre de este ciclo fueron definidas en el marco de reuniones técnicas con autoridades de ambos países y serán formalizadas en el seno de la CILA”. Destaca que la sección mexicana de la CILA, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dará seguimiento tanto a la ejecución de estas medidas como a la evolución de las condiciones de la cuenca, con el propósito de desarrollar un plan para cumplir con el siguiente ciclo de abastecimiento, que incluye un mecanismo de consultas anuales “de alto nivel”.
Agua en medio de las tensiones comerciales entre EE UU y México
El incumplimiento por parte del lado mexicano propició una serie de advertencias comerciales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Donald Trump declaró recientemente que podría imponer aranceles y sanciones a México si no cumplía con el acuerdo de distribución de agua.
“México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua. Está incumpliendo sus obligaciones, lo cual es sumamente injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas. ¡Eso se acabó! México ha estado robando el agua a los granjeros texanos”, afirmó el mandatario en su red social, Truth Social.
Trump también indicó que instruyó a Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, a tomar medidas para proteger al sector agropecuario estadounidense. “Seguiremos incrementando las consecuencias, incluidos aranceles y sanciones, hasta que México cumpla con el tratado”, subrayó.
Donald Trump y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.
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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a dichas declaraciones mediante una publicación en X (antes Twitter), en la que aseguró que su gobierno había enviado al subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, una propuesta integral para abordar el tema del agua destinada a Texas.
Señaló que “han sido tres años de sequía y, en la medida en que ha habido disponibilidad, México ha estado cumpliendo. La CILA ha seguido trabajando para identificar soluciones que beneficien a ambas naciones”.
Esa misma semana, la agencia Reuters reportó que México estaba elaborando un plan para aumentar el volumen de agua enviado a Estados Unidos. De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el medio, el gobierno mexicano accedió a entregar de inmediato 122,000 acres-pie y contempla enviar otros 81,000 en los próximos meses. Con estos volúmenes apenas se alcanzaría el 40% de lo estipulado en el tratado.
Para cumplir con esos compromisos, el Ejecutivo podría recurrir a una cláusula controversial incorporada al tratado el año pasado, que permite al gobierno federal extraer agua adicional de ciertos estados para satisfacer las obligaciones internacionales. Según el informe, esta medida se aplicaría en entidades como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
No obstante, expertos advierten que dicha estrategia podría afectar negativamente la ganadería y la producción agrícola en esas regiones, ya que el agua escasea y la sequía prolongada ha intensificado los desafíos productivos.
La información proporcionada por las autoridades de ambos países no especifica cómo garantizará México el envío inmediato ni el incremento de las transferencias en la temporada de lluvias. Lo único claro es que el país enfrenta una crisis hídrica que podría agravarse en los próximos años.
La sobreexplotación y el cambio climático adelgazan al río Colorado. Ante la crisis, en Mexicali apuestan por agricultura regenerativa y a que los acuerdos binacionales sigan respaldendo el esfuerzo por revivir el Delta.
La agencia calificadora S&P Global Ratings estima que 20 de las 32 entidades federativas de México podrían experimentar niveles altos de estrés hídrico para 2050. Esto implicaría que cerca del 60% del territorio nacional tendría una demanda de agua dulce superior a la oferta disponible. Esta proyección considera no solo la frecuencia de sequías, sino también factores como el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico y la eficacia de las políticas públicas en torno al manejo del agua.
Los datos muestran que, en la presente década (2020-2030), 11 estados ya enfrentan un estrés hídrico severo. Las entidades más afectadas son Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. Bajo un escenario climático de emisiones moderadas, se prevé que en los próximos 30 años se sumen Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Colima y Jalisco.
