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MIGRACIÓN: DESAMPARO Y CRIMINALIZACIÓN

Autor: Vertigo Politico

“Hay políticas migratorias que amenazan los derechos humanos”.

Estados Unidos reinstauró en octubre el Título 42, aislando a miles de venezolanos en nuestro país y revelando nuevamente los retos y problemas que enfrenta el fenómeno migratorio.

La migración irregular e indocumentada no es un delito: el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que las irregularidades en la migración son producto de faltas administrativas, por lo que no pueden aplicarse sanciones penales.

Sin embargo, países como Estados Unidos abordan el tema como un asunto de seguridad nacional, lo que criminaliza a los migrantes y, en última instancia, les impide tener un verdadero marco de apoyo legal y humanitario.

Incertidumbre

En semanas pasadas el gobierno de Washington aplicó nuevamente el Título 42, una orden que se instauró durante la presidencia de Donald Trump y que suspende el derecho a solicitar asilo.

Trump instauró la orden como una medida para evitar la propagación del Covid-19 pero ahora, bajo la administración de Joe Biden, provoca la expulsión de migrantes en su mayoría venezolanos, varándolos en el norte de nuestro país.

En estricto sentido, la renovación de la orden, anunciada el 12 de octubre, especifica que solo se le dará asilo a los venezolanos que lleguen vía aérea y cuenten con alguien dentro de Estados Unidos que los patrocine; es decir, que les garantice apoyo financiero u otra clase de soporte para su estadía en el país.

La directriz omite por completo a los miles de migrantes que cruzan por tierra la frontera. Más aún: solo es aplicable a venezolanos que no hayan sido deportados en los últimos cinco años; que no tengan la condición de refugiados en otro país; y que hayan entrado a México de manera regular, previo a la fecha en que se anunció la medida.

A los venezolanos que han sido expulsados a México solo se les otorgan visas para estar unos días en nuestro país, siempre y cuando lo abandonen a través de la frontera sur.

Según investigadores de Human Rights Watch (HRW) “esta documentación no les autoriza a permanecer en México ni les habilita a acceder a servicios públicos, como atención médica o educación”.

Lo anterior les deja como únicas opciones intentar reingresar a Estados Unidos por medios cada vez menos regulados o volver a su país de origen, del cual salieron para superar la pobreza, la injusticia o la falta de oportunidades.

Esta situación, por supuesto, no justifica lo sucedido el lunes 31 de octubre, cuando un centenar de migrantes venezolanos fueron repelidos con balas de goma disparadas por agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana tras protestar en el Río Bravo.

“Estaba peleando porque no me quitaran mi bandera. Y ya cuando estaba dentro del río me dispararon una y otra vez. Como cobardes nos maltratan, porque somos un pueblo desarmado, humilde, trabajador”, denunció Eli Alfonso Segura, joven venezolano que resultó herido en la espalda por una de las balas.

Seguridad nacional

El Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 señala que “los Estados han recurrido a la criminalización de la migración, o ‘crimigración’, para disuadir o castigar a los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares”.

Dicho enfoque, puntualiza el reporte, lleva a que haya “detenciones arbitrarias, prácticas de vigilancia intensificada, estrategias de intercepción y expulsiones”. Además, se endurecen los criterios para conceder el estado de refugiado “con miras a limitar el número de personas a las que se les otorga asilo, con el pretexto de disuadir el abuso”.

El mismo documento ejemplifica el proceso de criminalización con las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos por Trump: para 2021 el entonces presidente redujo la inmigración regular 49%; aumentó los rechazos para las personas solicitantes del permiso H-1B para trabajadores especializados; y hasta disminuyó el techo de admisión para refugiados latinoamericanos de 110 mil a únicamente 18 mil.

Por supuesto, dentro de estas políticas también está el Título 42, en el que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada a personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, pero en la gran mayoría de los casos esto se aplicó a quienes ingresaron de manera indocumentada, eludiendo las medidas de detección y protección médica.

Bajo esta regla las personas son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito, que suele ser México.

Según datos de la propia CBP, desde mediados de 2020 se regresó a más de 1.7 millones de migrantes a territorio mexicano y a sus países de origen.

Naturalmente, una política de este tipo viola los derechos humanos en la medida en que arrebata a los migrantes del derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, además de que muchas personas que huían de la persecución no pudieron presentar sus casos. Y con la pandemia de Covid-19 como trasfondo, tampoco se les ofreció atención médica de ningún tipo.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Migración (INM) señalaba en 2019 que durante los primeros cinco meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador existió una permeabilidad en la frontera sur del país que tuvo como resultado la entrada de más de 472 mil personas.

Agregaba que dichos migrantes no eran solamente de países latinoamericanos, sino que “están llegando de África, de Etiopía, de países que ya traen problemas. También de Turquía y somalíes. Esa es la migración que nos preocupa”.

Si asumimos, nuevamente, que el fenómeno migratorio nace de querer superar la injusticia social, la pobreza y la falta de oportunidades, ¿en qué se diferencia realmente un inmigrante centroamericano de uno africano?

Más aún, señalar que un migrante es más “preocupante” que otro solo por su lugar de procedencia elude por completo el sentido universal e igualitario de los derechos humanos, advierten especialistas consultados.

Según informaba entonces el INM “no había controles, eran mínimos, y se desplegaron seis mil elementos de la Guardia Nacional (GN). Estos retenes o vigilancias estarán escalonados para ir impidiendo esta migración en carreteras, en autobuses, en vehículos”.

Por su lado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, resalta el papel de la GN en la regulación de los tránsitos migratorios.

“Tenemos el despliegue hasta el Istmo haciendo la misma tarea, apoyándonos en el transitorio que nos permite trabajar en el ámbito de la seguridad pública y podemos hacer esta coadyuvancia considerando que la migración no es un delito, es una falta administrativa”, puntualiza el general secretario.

Por eso “nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal y ellas determinan lo que se desarrolla en adelante”, indica.

Ya para mediados de 2019 había alrededor de 20 mil elementos de la GN trabajando junto al INM gracias a la modificación del artículo transitorio que faculta al cuerpo de seguridad para trabajar en seguridad nacional. Dicho dictamen es el mismo que en las últimas semanas el Congreso de la Unión aprobó extender hasta 2028.

Cabe recordar, además, que desde 2008 la migración irregular está despenalizada en nuestro país. Previo a ello, la Ley General de Población contenía como un delito especial que un extranjero entrase de manera indocumentada a México. Así, el artículo 128 de dicha legislación señalaba que “se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente en el país”.

Es decir, al no ser ya la inmigración irregular un delito, se prohíbe el uso de la fuerza para el control y la regulación de los flujos migratorios.

Sin embargo, aun con la Ley de Migración y el cambio a la Ley General de Población, tratar la migración como un tema de seguridad nacional conlleva en muchos casos la criminalización de esta.

Hace falta, pues, encontrar el punto medio entre tratar el problema como un asunto de seguridad nacional y como uno de derechos humanos.

País de tránsito, destino y origen

México posee la cualidad de ser destino, origen y sitio de tránsito para cientos de miles de migrantes. El fenómeno dejó de ser algo circunstancial y se ha convertido poco a poco en algo natural y ordinario.

Como destino, tan solo en 2021 México recibió más de 130 mil solicitudes de refugio, convirtiéndose así en el tercer país con más solicitantes, solo después de Estados Unidos y Alemania. De enero a octubre de este año, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se registraron más de 95 mil solicitudes de refugio por parte de migrantes latinoamericanos, de las que más de diez mil corresponden a venezolanos.

Como espacio de tránsito, según el Reporte mundial de migraciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo migratorio entre México y Estados Unidos constituye el principal corredor humano del planeta. Si diariamente hay casi un millón de cruces regulados entre ambos países, se agrega una cantidad incierta de cruces irregulares. Esto, más que un privilegio, otorga a las autoridades una gran responsabilidad. En palabras de la expresidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, el país debería “asegurar la difusión, promoción y tutela de los derechos de manera conjunta para que en su estadía dentro de nuestro país tengan una vida digna y libre de cualquier tipo de violencia. Seamos conscientes de la realidad que como país de tránsito migrante tenemos. Somos también un gran proveedor, un gran elemento de origen de migración hacia Estados Unidos”.

En efecto, el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó que de enero de 2015 a marzo de 2020 más de 800 mil personas salieron del país para residir en el extranjero. La mayoría de ellos en un intento de conseguir o cambiar de empleo.

Según estadísticas del INM Guerrero constituye la principal entidad de personas repatriadas bajo el Título 42, puesto que regresaron a casi doce mil.

Esta triple condición de nuestro país debería otorgarnos una visión integral del fenómeno migratorio de manera que reconozcamos, por un lado, la necesidad de permitir un tránsito migrante informado y libre de todo tipo de violencia; y, por otro, la obligación de mejorar las condiciones sociolaborales de los migrantes en sus lugares de origen.

Lo anterior implicaría dedicar esfuerzos a capacitar a las autoridades migratorias y otorgarles las herramientas necesarias para dar abasto, por ejemplo, a las solicitudes de asilo. U ofrecer, como ya lo hacen algunos programas, oportunidades de trabajo en los países centroamericanos y en entidades nacionales.

Lograr algo semejante sería una muestra clara de autonomía e inteligencia legislativa en términos de migración, evitando además las consecuencias de la toma unilateral de decisiones, como lo aparentemente sucedido con Joe Biden, el Título 42 y los venezolanos en octubre.

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