Un juez federal en Washington, James E. Boasberg, amenazó este miércoles con iniciar un procedimiento por desacato contra la administración Trump por haber presuntamente violado una orden judicial que prohibía deportar migrantes venezolanos a El Salvador. La decisión representa un notable esfuerzo del poder judicial por hacer cumplir sus órdenes frente a una aparente resistencia del Ejecutivo.
El caso de Boasberg está relacionado específicamente con la deportación de cerca de 140 hombres venezolanos, acusados por la administración Trump de pertenecer a la violenta pandilla Tren de Aragua. Para agilizar las deportaciones, los migrantes fueron enviados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros a la prisión salvadoreña de máxima seguridad conocida como CECOT, criticada por organizaciones de derechos humanos por sus duras condiciones, hacinamiento y frecuentes denuncias de tortura.
“El tribunal no llega a estas conclusiones a la ligera o apresuradamente”, escribió Boasberg, juez principal del Tribunal del Distrito Federal en Washington, quien indicó que la administración no ha dado respuestas satisfactorias sobre sus acciones. Boasberg exigió que la Casa Blanca ofrezca una oportunidad real a estos venezolanos de defenderse ante la corte, algo que, no ha ocurrido.
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En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, Boasberg advirtió que podría exigir declaraciones juradas de funcionarios del gobierno Trump y realizar audiencias con testimonios en vivo. De no aclararse las responsabilidades, señaló que podría remitir el caso al Departamento de Justicia para una posible acusación penal. Dado que esto podría ser complicado por razones políticas, también planteó la posibilidad de nombrar a un fiscal independiente.
La controversia surgió en una audiencia de emergencia por Zoom el pasado 15 de marzo. Allí Boasberg ordenó detener inmediatamente todos los vuelos hacia El Salvador bajo la mencionada ley, indicando que los aviones que ya estuvieran en vuelo debían regresar. Sin embargo, la administración Trump ignoró dicha orden, argumentando luego que una orden escrita posterior, emitida casi una hora después, no incluía explícitamente esa instrucción.
“Es un estiramiento tremendo”, dijo Boasberg sobre la justificación dada por los abogados del Departamento de Justicia, quienes argumentaron que la orden del juez perdió validez cuando los vuelos abandonaron espacio aéreo estadounidense. La administración incluso intentó declarar información sobre los vuelos como secretos de estado, a pesar de que sus detalles eran públicamente accesibles.
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El Tribunal Supremo posteriormente anuló la orden original de Boasberg, pero por razones procesales: estableció que las impugnaciones debían realizarse en Texas, donde estaban detenidos originalmente los migrantes, y no en Washington. Sin embargo, Boasberg recalcó que dicha decisión “no excusa la violación del gobierno”, recordando que “toda orden judicial debe ser obedecida hasta que un tribunal la revoque”.
“La administración no ha estado dispuesta a tomar las medidas necesarias para cumplir con los tribunales”, afirmó Gregory Sisk, profesor de derecho de la Universidad de St. Thomas. “Esto dificulta que un juez federal no avance con el caso. Ahora es cuestión de quién cede primero”.
Paralelamente, existe otro caso relacionado pero independiente que involucra al ciudadano salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, un padre de 29 años de tres hijos, quien fue deportado erróneamente el mes pasado debido a un “error administrativo”, según admitió el equipo de Trump. García huyó de amenazas en El Salvador en 2011, y en 2019 un juez migratorio prohibió su deportación por riesgo de violencia y tortura en su país. Pese a ello, ni Trump ni el presidente salvadoreño Nayib Bukele han mostrado intención alguna de regresarlo a Estados Unidos, lo que ha convertido su caso en símbolo del desafío del presidente Trump a las decisiones judiciales y de su disposición a realizar deportaciones sin el debido proceso.
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La jueza federal Paula Xinis, de Maryland, también inició una investigación acelerada por desacato contra la administración Trump, tras determinar que esta no cumplió adecuadamente con una orden de la Corte Suprema que exigía facilitar el regreso de García desde El Salvador. García permanece actualmente en CECOT, enfrentando las mismas condiciones extremas denunciadas por organizaciones internacionales.
Bukele, aliado cercano de Trump y primer mandatario latinoamericano en ser invitado a la Casa Blanca, declaró explícitamente en la reunión conjunta del lunes en el Salón Oval que no devolverá a García, alegando que sería como introducir “un terrorista en Estados Unidos”. Trump respondió a estas declaraciones con una sonrisa visible durante el encuentro público.
Stephen Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, afirmó que la idea de que “el gobierno pueda hacer desaparecer a personas a otro país sin el debido proceso ni responsabilidad alguna sobre lo que les suceda después” equivale a una “crisis del Estado de derecho”. “Si el gobierno puede hacerle esto a Abrego García, pueden hacérselo a cualquiera”, dijo Vladeck.
El senador demócrata Chris Van Hollen viajó a El Salvador para reunirse con las autoridades y abordar el caso de García. Van Hollen afirmó que García fue “secuestrado ilegalmente por la administración Trump” y que “no debería pasar ni un segundo más alejado de su familia”.
Ambos casos ilustran la creciente tensión entre los poderes judicial y ejecutivo en Estados Unidos y plantean interrogantes sobre la capacidad de los tribunales para hacer cumplir sus resoluciones frente a posibles resistencias gubernamentales. Algunos expertos legales advierten que la resistencia —o incluso negativa— de la administración Trump a cumplir con órdenes judiciales podría estar sentando las bases para una crisis constitucional en toda regla.
RM CP
