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Mortalidad masiva de salmones y el cambio climático como pretexto

Autor: CIPER Chile

La mortandad de salmones producto de floraciones algales nocivas (FAN) en centros de cultivos instalados al interior de áreas silvestres protegidas, o aledaños a ellas, es abordada en esta columna de opinión. Su autor, abogado de la Fundación Terram, manifiesta su preocupación frente a la argumentación de la industria salmonera acerca de que se trata de un fenómeno natural, asociado al cambio climático, descartando que su recurrencia y mayor intensidad puedan deberse a factores asociados al modo en que el salmón es producido en Chile.

El autor de esta columna de opinión es abogado de la Fundación Terram.

Imágenes de este artículo: Álvaro Vidal (en Twitter @alvaropixel; en IG @alvfoto).

Más de tres semanas han transcurrido ya desde que, hacia fines de marzo, comenzaron a reportarse mortalidades masivas de salmones desde centros de cultivo ubicados en el fiordo Comau, en la Región de Los Lagos, así como días después en los canales Puyuhuapi y Jacaf, en la Región de Aysén. Esto, producto de floraciones algales nocivas (FAN) o blooms de algas, lo que a la fecha ha generado una mortalidad reportada próxima a las 6.000 toneladas. Dentro de los centros de cultivo de salmones afectados, algunos de ellos se encuentran incluso al interior o aledaños a áreas silvestres protegidas, siendo el caso del Área Marina Costera Protegida Fiordo Comau-San Ignacio de Huinay (Los Lagos), como también del Parque Nacional Isla Magdalena, la Reserva Forestal Las Guaitecas y el Santuario de la Naturaleza Estero de Quitralco (Aysén), lo que resulta particularmente preocupante.

Frente a estos acontecimientos, observamos nuevamente cómo representantes de la industria salmonera[1], al igual que en el caso de las mortalidades masivas ocurridas en 2016 en el mar interior de Chiloé y el Golfo de Reloncaví, han pretendido instalar el discurso del cambio climático como el factor determinante asociado a la ocurrencia, frecuencia e intensidad de las FAN, omitiendo dar cuenta de otras consideraciones relevantes asociadas al modo en que el salmón es producido en Chile. De esta manera, el gremio salmonero ha buscado perfilarse como un perjudicado por el fenómeno, posición favorecida por un tratamiento mediático que, en general, ha tendido a enfatizar las pérdidas económicas de la industria, más que los impactos ecosistémicos asociados a las mortalidades masivas generadas y a la logística que implica su retiro, manejo y disposición.

La idea de atribuir este tipo de eventos únicamente al cambio climático tiene, curiosamente, mucho en común con la imagen sostenida por el gobierno y por otros sectores que forman parte de la industria agroexportadora, como la agricultura, respecto de la crisis hídrica, que han buscado asociarla únicamente a la “sequía” y a deficiencias institucionales de gestión[2] –es decir, mayormente desligada de factores antropogénicos atribuibles a privados–, y no así también a la distribución inequitativa del agua y la sobreexplotación de cuencas y acuíferos para el desarrollo productivo. De forma análoga, la particular vulnerabilidad de los ecosistemas de fiordos y canales de las regiones australes ante el cambio climático, más que constituir un factor limitante de la expansión y crecimiento productivo de la industria salmonera en ellos, es esgrimido por esta como un pretexto exculpatorio de cualquier grado de responsabilidad ante este tipo de eventos, invisibilizando y ocultando, al decir de Núñez y Aliste (2020), la arista política y económica de la problemática e instalándola así en el terreno científico y técnico.

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Lo anterior contrasta con literatura científica en la materia, en la que si bien se ha reconocido que las causas de una FAN son complejas y multifactoriales, precediendo a la instalación de la industria salmonera en el sur del país, la extensión, intensidad y niveles de toxicidad de este fenómeno aparecen como inusitados en los años recientes, con características biológicas no vistas hasta ahora en la zona (Cabello & Godfrey, 2016). Así también es reconocido que el exceso de nutrientes que esta actividad aporta a los ecosistemas acuáticos, principalmente debido a las fecas de los salmones y al alimento no ingerido, especialmente en lugares de alta concentración productiva, constituyen un factor que puede gatillar o facilitar, a lo menos, episodios de FAN (Buschmann, 2005; Soto et al., 2018; INCAR, 2021), así como aumentar su frecuencia y/o aparición en lugares donde antes no se reportaban (Vera, 2015).

Ahora bien, incluso si hiciéramos vista gorda de la incidencia atribuida a la salmonicultura en esta materia, es necesario dejar en claro que el problema que, en sí mismo, representa la generación de mortalidades masivas de salmones, no puede entenderse sino como un riesgo que, tanto la institucionalidad como el gremio salmonero, han asumido y aceptado en la decisión de permitir zonas de alta concentración productiva en lugares conocidamente vulnerables al cambio climático y previsiblemente proclives a eventos de FAN, cuestión que desde hace tiempo resulta verdaderamente injustificable. Lo que está sucediendo en el Fiordo Comau (correspondiente a la Agrupación de Concesiones de Salmones 17A) constituye, lamentablemente, un buen ejemplo de ello. Ahí, debido a la disminución de precipitaciones, se han constatado niveles “muy altos” de amenaza y sensibilidad, y niveles “altos” de exposición y de “riesgo” de pérdida de biomasa de salmones por FAN, según da cuenta el Atlas de Riesgo Climático (ARClim) del propio Ministerio del Medio Ambiente[3].

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De hecho, en este mismo sector, que cuenta con la cantidad no despreciable de 28 concesiones salmoneras otorgadas[4] y 17 centros de cultivo operativos[5] a pesar de que alberga los bancos de corales de agua fría más importantes del planeta[6], se han aprobado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y evaluado favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) varios proyectos de aumento o ampliación de biomasa de peces –es decir, de la materia total a cultivar por ciclo productivo expresada en toneladas–, adicionales a la producción originalmente autorizada, sobrecargando aún más el ecosistema del Fiordo Comau. Un caso particularmente ilustrativo de esta situación es el del centro de engorda “Porcelana”, de la empresa Salmones Camanchaca S.A., que en 2012 aumentó su producción anual en 2.290 toneladas (de 2.300 a 4.590 ton/año)[7], para luego en 2017 volver a aumentarla en 910 toneladas (de 4.590 a 5.500 ton/año)[8]. Ese mismo centro de cultivo, curiosamente, se encuentra hoy cuestionado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por incumplir en exceso el plazo de retiro de los peces muertos al verse –en palabras de la empresa–“imposibilitada materialmente” de hacerlo[9], con la cadena de impactos ambientales y sanitarios que ello implica.

Con todos estos antecedentes, queda entonces la duda y preocupación sobre cuál es la prioridad que los órganos administrativos competentes están otorgando a la evidencia científica para la adopción de decisiones públicas que suponen una pérdida o alteración grave de la naturaleza en favor de intereses privados. Y también respecto de si los principios ambientales que propugna la Ley General de Pesca y Acuicultura –desde la cual nace toda la regulación sectorial de esta última actividad– están o no jugando realmente algún papel en ellas. En este sentido, cabe recordar que esta ley tiene por objetivo explícito “la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos”, para lo cual debe aplicarse “el principio precautorio, el enfoque ecosistémico y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos” (artículo 1º B). Dicha aspiración pareciera estar muy lejos de cumplirse como criterio orientativo de las decisiones de los órganos públicos, incluso cuando se trata de ecosistemas acuáticos frágiles, como los que alberga el fiordo Comau y los canales Puyuhuapi y Jacaf.

En materia pesquera y acuícola, una de las dimensiones del principio precautorio es justamente que “se deberá ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos cuando la información científica sea incierta, no confiable o incompleta” (artículo 1º C letra b). De esta manera, la incertidumbre científica acerca de la mayor o menor contribución de la salmonicultura a la generación de eventos de FAN no debiera ser esgrimida como un factor determinante para dejar de adoptar medidas para la protección estricta de dichos ecosistemas.

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La realidad climática a la luz de estos principios exige, en consecuencia, emprender cambios regulatorios pensados ya no desde la normalidad, sino desde la crisis (Bustos-Gallardo, s/f). Entre estos cambios deben plantearse medidas urgentes, tales como:

  1. La renovación por vía legal del congelamiento o moratoria al otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras en las regiones de Los Lagos y Aysén, ampliándola a la región de Magallanes o a determinados sectores de ella.
  2. El establecimiento de límites máximos de biomasa a cosechar por centros de cultivo y agrupaciones de concesiones o barrios.
  3. La desafectación de áreas establecidas por la autoridad como “apropiadas para la acuicultura” (AAA) sobre zonas especialmente sensibles al cambio climático o a perturbaciones antropogénicas de acuerdo a su capacidad de carga o, al menos, la imposición de una prohibición expresa de aumento de biomasa en ellos.
  4. La prohibición al desarrollo de actividades de acuicultura en áreas protegidas de acuerdo a los criterios y directrices recomendadas por la UICN[10], limitando la renovación de aquellas concesiones ya otorgadas en ellas.
  5. La obligación de todo nuevo proyecto de cultivo de salmones a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo asimismo la posibilidad de entrar a revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos antiguos por existir variaciones sustanciales en las condiciones ambientales bajo las cuales fueron originalmente aprobados[11].
  6. La ampliación de las causales de caducidad de las concesiones acuícolas a la hipótesis de reiteración de Informes Ambientales (INFAs) negativos.

En este contexto, la reactivación del proyecto de ley boletín Nº 12.634-12 (refundido con el boletín Nº 12.605-21), que “establece normas ambientales y de adaptación al cambio climático para la actividad de acuicultura”, congelado en su tramitación legislativa desde junio de 2019 en el Senado, puede representar una oportunidad valiosa para la discusión e introducción algunas de estas modificaciones. Esto, para no repetir la tendencia a la reactividad y tardanza, muy característica de la normativa en este ámbito, de los cambios regulatorios indispensables para el resguardo de los ecosistemas y la biodiversidad marina.

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