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Una fuerte protesta contra la llamada “Ley de Permisología” —nombre popular del proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16566-3)— se vivió el miércoles 9 de abril en el Congreso Nacional en Valparaíso. Parlamentarios y más de 200 organizaciones socioambientales se manifestaron en rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno como parte del denominado “Pacto Fiscal”, que busca agilizar los trámites para proyectos de inversión.
La rueda de prensa fue convocada por la diputada ecologista Viviana Delgado, quien estuvo acompañada por los diputados Camila Musante, Hernán Palma, Ericka Ñanco, Ana María Gazmuri, Jaime Mullet y Félix González. Todos manifestaron su férrea oposición al proyecto y exigieron el retiro inmediato de la suma urgencia con la que actualmente se tramita en el Senado.
Según señalaron, la ley responde a intereses del gran empresariado nacional e internacional y busca eliminar las ya débiles normas de evaluación ambiental, además de criminalizar a quienes defienden el medioambiente en los territorios. Para los críticos, el proyecto permitiría la aprobación de iniciativas solo con declaraciones juradas o mediante el silencio administrativo.
Una ley al servicio de las grandes inversiones
El Ministro de Economía, Nicolás Grau, ha defendido el proyecto afirmando que busca reducir los plazos de tramitación entre un 30% y un 70%. Pero organizaciones como la ONG FIMA desmienten que el problema esté en los procesos públicos: según su director ejecutivo, Ezio Costa, los retrasos provienen de las propias empresas, que suspenden sus tramitaciones por largos periodos cuando se les exige mejorar la documentación.
“La mayor cantidad de tiempo de tramitación se produce por suspensiones que piden los dueños de los proyectos. A veces suspenden seis meses, a veces un año”, explicó Costa en entrevista con CIPER.
La Asamblea Ecologista de Chile advirtió que la verdadera finalidad del proyecto es facilitar la ejecución de inversiones sin restricciones ambientales ni participación ciudadana. “Sería una verdadera motosierra ambiental”, denunciaron en la rueda de prensa.
Voces desde los territorios
Durante la actividad, diversas voceras de organizaciones territoriales expresaron su preocupación por el impacto de la ley. Camila Zárate, de la Asamblea Ecológica y del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), declaró que “esto pretende sustituir la evaluación ambiental por simples declaraciones juradas, aprobar por silencio administrativo o decisión de los ministros de turno”.
Alejandra Parra, de la Red por los Derechos Ambientales y la Alianza Basura Cero, advirtió que “estamos en plena crisis climática y de pérdida de biodiversidad. Si esta ley se aprueba, las consecuencias las pagarán las futuras generaciones”.
Desde los territorios costeros, Claudia Aracena, vocera de La Costa Se Defiende, denunció que “ya se están violando leyes ambientales y urbanas, y no se escucha a las comunidades. No rechazamos la inversión, siempre que sea sustentable”.
Amplio respaldo ciudadano
Las organizaciones convocantes informaron que más de 200 colectivos ecologistas de todo el país han firmado una carta pública exigiendo el retiro de la ley. Esta declaración se mantiene abierta para nuevas adhesiones a través del siguiente formulario en línea.
Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con suma urgencia. De ser aprobado, pasaría a un tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la oposición ambientalista ha prometido seguir dando la pelea para evitar su aprobación.
