(CNN) — La jueza federal Aileen Cannon rechazó desestimar los cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el caso de los documentos clasificados, luego de que el exmandatario argumentara que tenía autoridad para llevarse consigo material clasificado o sensible tras dejar la Casa Blanca.
La breve orden que emitió la jueza este jueves deja abierta la posibilidad de que Trump todavía pueda usar el argumento de que estaba autorizado a guardar los documentos bajo la Ley de Registros Presidenciales (PRA por sus siglas en inglés) para defenderse durante el juicio, o sacarlo a colación en otros procedimientos previos al juicio.
Cannon no detalló su opinión sobre las afirmaciones de Trump acerca de la llamada PRA, pero dijo que los abogados del expresidente no cumplieron con el estándar legal para desestimar los cargos. Escribió que los fiscales “no hacen referencia a la Ley de Registros Presidenciales” en la acusación contra Trump y no “se basaron” en el estatuto para presentar cargos.
La jueza también se opuso a la petición del fiscal especial Jack Smith de emitir un fallo definitivo sobre si este argumento se puede utilizar en el juicio o no, para que los fiscales pudieran apelar ante el 11º Circuito. Dijo que esa “demanda” era “sin precedentes e injusta”.
Smith hizo la solicitud cuando Cannon ordenó a ambas partes que presentaran instrucciones hipotéticas para que el jurado tuviera en cuenta las afirmaciones de Trump sobre la amplia autoridad de retención de registros.
Cannon defendió ese ejercicio en la orden de este jueves, al decir que no debería “interpretarse como otra cosa que lo que fue: un intento genuino, en el contexto del próximo juicio, de comprender mejor las posiciones enfrentadas de las partes y las preguntas que se presentarán al jurado en este complejo caso de primera impresión”.
La PRA, posterior al escándalo de Watergate, regula cómo se gestionan los registros una vez finalizado un gobierno, incluida la entrega de los registros presidenciales a los Archivos Nacionales. Trump ha señalado que, en virtud de la ley, él tenía la última autoridad para decidir qué documentos son sus registros personales que se le permite mantener en su posesión.
En una audiencia celebrada el mes pasado, Cannon se mostró escéptica ante la afirmación de Trump de tener un poder ilimitado para decidir qué documentos debían devolverse a los Archivos en virtud de la PRA. Dijo que, si bien los abogados de Trump presentaron algunos argumentos “contundentes” sobre el alcance de la ley que podrían ser eficaces ante un jurado, sus argumentos parecían prematuros en esta fase del caso.
Los fiscales han afirmado que la PRA no es relevante para los cargos.
Todavía hay más de una docena de mociones pendientes sobre las que Cannon debe decidir, incluidas varias otras para desestimar el caso.
