En estos días se cumplen 30 años desde la publicación de la Ley Bases Generales del Medio Ambiente (ley 19.300) que, como indica su nombre, constituye la base sobre la cual se ha construido y desarrollado la institucionalidad ambiental del país.
Esta ley fue aprobada en el momento en que Chile recuperó su democracia, en que se vuelve a abrir al mundo y cuando se hablaba de la importancia de reencontrarse con los valores colectivos que constituyen una sociedad. Habían pasado solo dos años de la Cumbre de Río, también llamada Cumbre de la Tierra, que reunió a representantes de todos los países para tratar temas relacionados con el medioambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible, entre otros, y que fue el impulso para que en nuestro país lo ambiental comenzara a tomar la relevancia que merecía.
Desde entonces, el cuidado del medioambiente se materializó en el país con la dictación de normas, para resguardar la salud humana y de los ecosistemas. También, a partir de la evaluación de los impactos ambientales de la actividad económica en el entorno, con el denominado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que empieza a funcionar formalmente desde 1998 en adelante.
La reforma más importante ocurrió el 2010, cuando se propone el rediseño de la institucionalidad ambiental y se crea la estructura actual, con un Ministerio, un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y una Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), dividiendo las funciones que hasta entonces CONAMA realizaba. El año pasado este diseño sumó la “cuarta pata de esta mesa”: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que permitirá contar con mayores herramientas para afrontar la crisis de biodiversidad y climática que atravesamos como planeta, que era la deuda pendiente del diseño original.
A lo largo de estos años, el impulso para adecuar nuestra institucionalidad a las exigencias internacionales se ha mantenido. Ejemplo de ello son las constantes evaluaciones de desempeño ambiental –EDA– ante la OECD, que han acompañado el desarrollo institucional del país, marcando hitos importantes el año 2005, cuando se recomienda la reforma del 2010; la del 2016, tras suscribir el acuerdo de Paris en 2015, centrada en el desafío de hacer frente al cambio climático como Estado con una ley que se promulgó en 2022. Y finalmente, este año recibimos la del 2024, que esperamos que colabore nuevamente en mantener una ambiciosa agenda ambiental, como política de Estado.
El empuje para fortalecer la mirada ambiental no sólo viene desde el mundo internacional. La línea de tiempo institucional va de la mano con un creciente interés de las personas, organizaciones y movimientos sociales por el cuidado de la naturaleza y de su entorno. A nivel nacional probablemente los dos hechos más importantes son la repercusión que provocó en la comunidad local la muerte masiva de cisnes de cuello negro en Valdivia y las marchas contra el proyecto HidroAysén que pretendía represar la Patagonia. En ambos casos, donde quedó de manifiesto que la ciudadanía tenía la motivación de organizarse y salir a la calle para defender la naturaleza. Como sociedad, aprendimos que los proyectos no deben constituir una amenaza al bienestar de las personas y a la biodiversidad del lugar donde se pretenden emplazar.
Las comunidades alzando la voz es algo que vemos cada día y con más fuerza. Por eso, como Estado, nos hemos comprometido con los territorios que han sido largamente postergados y que han sufrido las consecuencias de un modelo de desarrollo contaminante. Las llamadas zonas de sacrificio o zonas en transición requieren que desde el Estado exista una dedicación y recursos para poder enfrentar la situación de una manera coordinada, eficaz e integral.
La inserción internacional sumó otro capítulo destacado con la adhesión de nuestro país el Acuerdo de Escazú durante el primer año de esta administración. En plena fase de aplicación, este tratado tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación se ha profundizado durante los últimos años debido a distintas presiones. Es tarea de la institucionalidad ambiental adaptarse y saber responder a esas nuevas amenazas y fortalecerse. En esa línea, hoy se tramitan en el Congreso dos proyectos de ley: el fortalecimiento a la SMA y el fortalecimiento -con fuerte énfasis técnico- al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental administrado por el SEA.
Como Ministerio nos toca velar por el derecho a vivir en un medioambiente saludable y libre de contaminación. Hoy tenemos normas para el aire, menos normas para agua y estamos trabajando actualmente en la elaboración del Anteproyecto de Norma Primaria de Calidad Ambiental para suelos de Chile, que es la primera norma para este componente ambiental.
Todo lo anterior es una muestra clara y contundente de que estamos dando pasos por mejorar lo que tenemos y, si bien en los últimos años el país ha consolidado a nivel internacional una imagen de solidez institucional en el ámbito medioambiental, nuestra ambición está intacta y seguimos apuntando alto.
“Estamos dando pasos por mejorar lo que tenemos y, si bien en los últimos años el país ha consolidado a nivel internacional una imagen de solidez institucional en el ámbito medioambiental, nuestra ambición está intacta y seguimos apuntando alto”.
