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Niegan resultados del 2020 y se acercan al poder en puestos clave para 2024

Autor: Washington Post

Los candidatos del GOP que disputan los resultados de 2020 podrían posicionarse para desempeñar un papel crítico en las próximas elecciones presidenciales.

Primero fue Kristina Karamo, una instructora de un colegio comunitario de Detroit que afirmó, sin tener pruebas, que había sido testigo de un fraude mientras era observadora electoral en 2020.  En abril su partido la eligió candidata a secretaria de Estado, el cargo electoral más alto de Michigan, después de pregonar repetidamente esas afirmaciones.

El siguiente fue Doug Mastriano, el revoltoso legislador estatal de Pensilvania que instó a sus colegas a rechazar la victoria de Joe Biden en 2020.  En mayo, Mastriano consiguió la nominación del GOP para gobernador, un cargo con poder para certificar los electores presidenciales del estado.

Por último, este mes, los Republicanos de Arizona nominaron a Kari Lake para gobernadora y a Mark Finchem para secretario de Estado.  Ambos niegan abiertamente los resultados de las elecciones de 2020 y prometieron que no habrían certificado la victoria de Biden en su estado.

Los ganadores siguen un patrón: En todos los estados pendulares que definieron la votación de 2020, los candidatos que niegan la legitimidad de esa elección ya ocupan casi dos tercios de las candidaturas del GOP para cargos estatales y federales con autoridad sobre las elecciones, según un análisis del Washington Post.

Si esos candidatos hubieran tenido el poder en 2020, habrían tenido la influencia electoral para intentar algo que los actuales titulares de cargos rechazaron: anular la votación y negar a Biden la presidencia.

“Habríamos ganado”, comunicó Finchem a sus seguidores en un correo electrónico. “Simple y llanamente”.

La cuestión de si podrían haber tenido éxito en la práctica es objeto de un intenso debate entre los académicos, quienes citan la posibilidad de demandas judiciales y otros medios para defender los resultados.

Pero los expertos están de acuerdo en una cosa: Una contienda presidencial reñida que se reduce al resultado en estados donde los funcionarios están dispuestos a intentar frustrar la voluntad popular podría sumir al país en el caos.  Podría retrasar el resultado, socavar la confianza en el sistema democrático y sembrar la semilla de un conflicto civil a una escala aún mayor que la vivida en el país el 6 de enero de 2021.

“Podría propiciar fácilmente una situación en la cual una parte significativa del electorado de esos estados nunca crea que las elecciones fueron legítimas, incluso si los tribunales intervienen y garantizan que el ganador legalmente elegido está de hecho certificado como ganador”, señaló Richard Pildes, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Nueva York.  Esta situación sería “desestabilizadora”, añadió Pildes, porque la legitimidad de la democracia depende en última instancia de que sus ciudadanos crean que las elecciones son justas.

La predilección entre los votantes Republicanos en las elecciones primarias hacia los candidatos que niegan el resultado de las últimas elecciones se extiende mucho más allá de Michigan, Pensilvania y Arizona, tres estados que juntos sumaron 47 votos electorales en 2020, más que suficientes para dar la vuelta a las últimas elecciones a Trump.

En los 41 estados que han llevado a cabo contiendas para elegir candidatos este año, más de la mitad de los ganadores del Partido Republicano hasta ahora (unos 250 candidatos en 469 contiendas) han aceptado las falsas afirmaciones de Trump sobre su derrota de hace dos años, según un análisis que realiza el Post de cada contienda para cargos federales y estatales con poder sobre las elecciones.

La proporción de candidatos que niegan el resultado de las elecciones de 2020 es aún mayor en los seis estados pendulares decisivos que finalmente definieron la contienda presidencial de 2020, en los cuales Trump impugnó más ferozmente los resultados.  En Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, al menos 54 ganadores de 87 contiendas (más del 62 por ciento de los nominados) han aceptado las falsas afirmaciones del expresidente.

El cómputo abarca los cargos que supervisan directamente la certificación de las elecciones, como los secretarios de Estado, y la Cámara de Representantes de EEUU y el Senado, que tienen la facultad de cerrar (o impugnar) el recuento del colegio electoral cada cuatro años.  También incluye a los vicegobernadores y a los fiscales generales, quienes participan del diseño de la ley electoral, la investigación de presuntos fraudes o la presentación de demandas para influir en los resultados electorales.

De los seis estados pendulares, solo en Arizona, Michigan y Pensilvania han elegido candidatos estatales que tendrían poder directo sobre el proceso de certificación y que han intentado anular el resultado de las elecciones de 2020 o han dicho que no lo habrían certificado.

Los candidatos identificados por el Post como negacionistas de las elecciones han cuestionado la victoria del presidente Biden, se han opuesto al recuento de los votos del colegio electoral de Biden, han expresado su apoyo a una revisión partidista de las papeletas después de las elecciones, han firmado una demanda para intentar anular el resultado de las elecciones de 2020 o asistieron o han expresado su apoyo a la manifestación “Stop the Steal” (Detengan el robo) del 6 de enero de 2021.

Muchas de las elecciones primarias de este año han coincidido con una serie de audiencias dramáticas en las cuales la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero ha expuesto detalles íntimos del complot de Trump para anular el resultado de 2020, su papel instigador de la violencia y el conocimiento entre muchos de sus aliados de que Biden había ganado.

Incluso en ese contexto, los votantes Republicanos han seguido eligiendo a candidatos que han repetido la falsa retórica del expresidente sobre las elecciones amañadas y, en algunos casos, han mostrado su voluntad de alterar el resultado de una votación libre y justa si se les diera la oportunidad.

Video sobre disputa de resultados electorales.

“Cualquiera que haya estado involucrado en esa elección corrupta, turbia y deficiente de 2020: ¡enciérrenlo!”, exclamó Lake en un mitin con Trump en enero.  Este mes, Lake sugirió, sin pruebas, que el fraude había empañado la votación en sus elecciones primarias, pero abandonó esas afirmaciones cuando ganó.

Estos candidatos todavía tienen que ganar las elecciones generales en noviembre, por supuesto, y algunos de ellos, incluido Mastriano, se ubican significativamente atrás en las encuestas.

En 2020, tanto funcionarios Republicanos como Demócratas sirvieron de barrera de contención del sistema democrático cuando garantizaron la certificación del voto popular. Por nombrar uno, Rusty Bowers, el presidente Republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, resistió las presiones del abogado de la campaña de Trump, Rudy Giuliani, para anular la victoria de Biden.

Bowers no podrá volver a desempeñar ese papel si se presentara la ocasión en 2024. El 2 de agosto perdió las elecciones primarias para un escaño en el Senado frente a un negacionista de las elecciones de 2020.  En un texto enviado al Post esta semana, Bowers dimensionó el estado del Partido Republicano y su lealtad a las afirmaciones de Trump sobre el fraude de las elecciones en pocas palabras: “Ira antes que razón”.

Karamo, Finchem y Mastriano no respondieron a las solicitudes de entrevista del Post.  Un portavoz de Lake respondió a la consulta del Post con la siguiente declaración: “Lo que sucedió en 2020 no sucederá en 2024 con Kari Lake como gobernadora porque, a diferencia de la última vez, Arizona finalmente tendrá un proceso electoral del que nuestro estado pueda sentirse orgulloso y en el que pueda confiar”.

Podría decirse que este año Mastriano es el candidato del GOP que tendría más poderes sobre las elecciones que cualquier otro si se convierte en el próximo gobernador de Pensilvania.  El gobernador del estado no solo está facultado para certificar el nombramiento de la lista de electores del candidato presidencial ganador (al igual que todos los gobernadores), sino que también nombra al secretario de Estado, que certifica los resultados y supervisa las elecciones en general.

En una entrevista en la radio en marzo, Mastriano dejó en claro sus intenciones de hacer uso de esos poderes.  Yo soy quien nombra al secretario de Estado, que ha delegado en mí la facultad de hacer las correcciones a las elecciones, los registros de votación y todo lo demás”, afirmó. “Con tan solo una firma podría no aprobar ninguna máquina del estado a través del secretario de Estado. Ya elegí al secretario de Estado. Es una persona de primera clase que conoce la integridad del voto mejor que nadie en el país, creo, y ya tengo un equipo que se va a crear alrededor de esa persona”.

En 2020, Mastriano trató de obstaculizar la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania introduciendo una resolución en la que se afirmaba incorrectamente que la legislatura, dominada por los Republicanos, tenía derecho a elegir los votos de los electores que debían contarse.  Las legislaturas pueden concederse esa facultad, pero la ley federal les prohíbe imponer una nueva ley electoral durante una contienda que ya ocurrió

Mastriano también organizó una reunión de senadores estatales Republicanos en Gettysburg, Pensilvania, a finales de noviembre de 2020, en la que Giuliani compartió acusaciones infundadas de fraude en el estado. Y asistió a los disturbios del 6 de enero en Washington, donde fue captado en vídeo cruzando la línea policial. Mastriano compareció este mes ante la comisión del 6 de enero, pero se negó a responder las preguntas.

Al otro lado del país, en Arizona, Lake y Finchem tendrían juntos poderes similares a los de Mastriano en Pensilvania, incluida la autoridad para certificar el resultado de una elección presidencial y certificar los votos de los electores presidenciales, un documento que se envía a los Archivos Nacionales y al Congreso y que se considera un registro oficial del resultado presidencial.

Lake, antigua presentadora de la televisión local durante muchos años, ha dicho en repetidas ocasiones que no reconoce a Biden como presidente legítimo del país. Señala que si hubiera sido gobernadora en 2020, no habría cumplido con su deber legal de certificar los resultados electorales de Arizona, un movimiento que podría haber privado del derecho a voto a cientos de miles de personas en Arizona que votaron por Biden.

El actual gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, no cedió ante la presión por parte de los aliados de Trump para retener la certificación, y el mes pasado apoyó a los oponentes de Lake y Finchem en las elecciones primarias.

Como observadora electoral, Karamo intentó obstruir el resultado en Michigan en 2020. Testificó ante los legisladores estatales y se apuntó en batallas legales alegando sin pruebas que fue testigo de un desenfrenado fraude.

Si se convirtiera en secretaria de Estado, sería responsable de firmar el certificado de electores junto con el gobernador de Michigan, un acto que posiblemente podría rechazar. El miércoles, tuiteó un enlace a una publicación en la aplicación de redes sociales Truth Social, creada por Trump, en la cual se afirmaba que el expresidente volvería a ocupar el cargo este año.  Más tarde, afirmó que habían hackeado su cuenta.

La candidata Republicana a gobernadora en Michigan, Tudor Dixon, también niega el resultado de las elecciones de 2020, pero no ha llegado a decir que habría obstaculizado la certificación en 2020. Al preguntarle si lo haría si no confiara en un futuro resultado, su campaña emitió la siguiente declaración: “La inflación se está disparando, nuestro sistema educativo está fallando y los delitos violentos han aumentado mucho en todo el estado. Ese es mi enfoque, no el de los “periodistas” que intentan crear un artículo para conseguir mayor audiencia”.

En Georgia, los votantes Republicanos nominaron a titulares para los dos cargos más altos del estado con poder sobre las elecciones: al gobernador Brian Kemp y al secretario de Estado Brad Raffensperger, de los cuales, ninguno ha apoyado las afirmaciones de Trump.

En Nevada, el candidato a gobernador, el sheriff del condado de Clark, Joe Lombardo, declaró que no vio ninguna evidencia de fraude en la contienda de 2020. Jim Marchant, a quien el GOP eligió como candidato a secretario de Estado, ha sido uno de los líderes del movimiento para anular el resultado de 2020, pero el cargo al que aspira carece de poder para certificar las elecciones.

En Wisconsin, el candidato a gobernador, Tim Michels, ha señalado que las elecciones de 2020 “pueden” haber sido fraudulentas, pero no ha llegado a decir que habría interferido en la certificación en su estado.

Si los candidatos del GOP cumplen sus promesas de intentar interferir un resultado electoral que consideran sospechoso sin tener pruebas de que haya irregularidades generalizadas, no lograrán su cometido sin oposición. Los Demócratas y los defensores del derecho al voto ya se están preparando para emprender acciones legales si algún funcionario estatal intenta obstaculizar la certificación del voto popular.

Mark Brewer, abogado especializado en elecciones y expresidente del Partido Demócrata de Michigan, afirmó que el papel del secretario de Estado y del gobernador en la determinación de los resultados electorales es totalmente “ministerial”, lo que significa que no existe la opción de negarse a aceptar el resultado popular.

“Tienen que certificarlo”, aseguró. “Y si se niegan, se presentaría una demanda rápidamente”.

Cliff Levine, un abogado electoral Demócrata con sede en Pittsburgh, compartió ideas similares sobre Pensilvania. Pero Levine explicó que no es un hecho que los recursos legales obliguen a los funcionarios electorales recalcitrantes a hacer su trabajo. “Es procesal hasta que hay un conflicto”, mencionó.

Levine advirtió que hay muchas otras formas en las que un gobernador que niegue las elecciones podría tratar de crear un caos relacionado con las mismas, por ejemplo, no aprobando las máquinas, bloqueando el recuento electrónico de las papeletas o impulsando nuevas políticas que fracasaron en 2020, como facultar a la legislatura en lugar de a los votantes para que determinen qué electores del candidato presidencial se cuentan.

“Las protecciones de todo el sistema para garantizar elecciones justas y libres se verán fuertemente cuestionadas” si Mastriano gana, advirtió Levine. “La represa desbordará”.

Tampoco se sabe qué pasaría si un número suficiente de gobernadores se negara a enviar sus certificados de electores.  John Eastman, el abogado de la campaña de Trump, y artífice del plan para negar a Biden la presidencia mediante la anulación de los resultados, argumentó a Trump y sus aliados que retener los certificados otorgaría el resultado a la Cámara de Representantes, donde cada delegación tiene un voto. Actualmente, los Republicanos controlan 26 delegaciones estatales y los Demócratas 20. Tres están empatados, y está vacante el único escaño de Alaska en el Congreso.

La conclusión, advirtieron los expertos jurídicos, es que cualquier intento de interrumpir el proceso corre el riesgo de crear un caos aún mayor que el que se produjo tras las elecciones de 2020.

“Esta gente está diciendo que lo va a hacer”, señaló Bradley Schrager, un abogado electoral Demócrata con sede en Nevada. “Lo que significa, lógicamente, que hay un electorado que anhela que eso suceda”.

Schrager afirma que si los candidatos que rechazan las elecciones de 2020 ganan en noviembre habiendo hecho campaña en base al tema, pueden reclamar un mandato para abordar las quejas de sus partidarios por cualquier medio necesario.

“Estamos en un mundo de ‘¿Qué estás dispuesto a hacer?’ ‘¿Hasta dónde vas a llegar?'”. destacó Schrager. “Nos centramos en la certificación y temas de ese tipo. Pero todas las pequeñas cosas que hacen funcionar una elección pasan por las manos de esta gente. Así que no solo sería posible trabar las elecciones, sino también destruirlas”.

Washington PostAmy Gardner

Lea el artículo original aquí.

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