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“No le cerramos la puerta a nadie”: directora de asuntos religiosos

Autor: Andrea Carolina Tapia Godoy

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de culto en Colombia, que será este 4 de julio, la directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, explicó por qué es importante que en el país exista libertad religiosa y cómo se ha avanzado al respecto; especialmente, en los últimos cinco años.

El 4 de julio de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que estableció la celebración anual del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, en una reunión con más de 100 líderes cristianos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, de organizaciones sociales internacionales como Open Doors y el Consejo Mundial de Iglesias.

En el acto, Santos hizo énfasis en que la Constitución Nacional fue la que consagró a nivel constitucional la libertad de cultos. Desde entonces, se ha buscado garantizar la plena libertad de cultos en Colombia. Por eso, Lorena Ríos explicó cómo se ha avanzado en los últimos años.

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¿Por qué es importante esta conmemoración?

Hay que resaltar que solo tres países de América Latina han establecido esta conmemoración, que han sido Brasil, Colombia y después Argentina. Este año es la quinta conmemoración, con la que garantizamos la libertad de culto establecida en la Constitución del 91 y que también ha permitido garantizar un diálogo que en la última década hemos consolidado con todas las confesiones que hay en el país.

Mucha gente piensa que en Colombia solo hay iglesias católicas y evangélicas, y aquí hay una pluralidad muy linda donde también tenemos comunidades judías, musulmanas, budistas, entre otras, hay diferentes espiritualidades que estamos reconociendo y hay un diálogo muy rico, con muchos aportes no solo religiosos, sino sociales, que hemos venido consolidando en el país. Por eso, para nosotros es muy importante esta conmemoración.

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¿Qué avances ha habido en los años recientes?

En el 2014, por primera vez el Ministerio del Interior se dio a la tarea de llevar el tema de la libertad religiosa más allá de un registro de iglesias, que es lo que se hizo por 25 años. A partir de ese año, empezamos a incluir el desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas en materia de libertad religiosa.

En ese sentido, tocamos los planes de desarrollo para la garantía de la libertad religiosa y al interior del Ministerio generamos programas y construimos la primera política pública de libertad religiosa que ha existido en el país y ya la estamos aplicando en quince departamentos y en dieciséis ciudades principales. Entonces, se ha avanzado en algo que no estaba en la agenda de lo público y lo incluimos no solo ahí, sino en la estructura misional del Ministerio y ahora también hace parte de la estructura de los departamentos del país.

¿En qué consisten esos programas?

La política pública tuvo como línea base el reconocer a estas entidades religiosas y a las comunidades religiosas como actores sociales de transformación. Es decir, cómo aportan en la compañía de la infancia, en programas alimentarios, de formación, en acompañar la prevención de violencias, en acompañar la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, en acciones de emprendimiento para mujeres cabeza de hogar.

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Todo ese ejercicio social que vienen haciendo las comunidades se está visibilizando y conectando con los programas del Estado. Por eso, para nosotros ha sido muy importante el diálogo con las entidades, reconocer el aporte social que están haciendo para construir sociedad y cómo se convierten en aliados estratégicos sin ningún tipo de proselitismo religioso, sino de un componente social. Se convierten en aliados para transformar los entornos de sus territorios. Entonces, esa política fue construida con ellos, estuvimos tres años haciendo diálogos sociales, territoriales, con todas las comunidades formando mesas de trabajo y la política surge del consenso colectivo de base.

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A partir de esas políticas y programas, ¿cómo se garantiza la libertad de culto?

Colombia es un Estado laico, donde no es indiferente al sentimiento religioso de los colombianos y la cooperación del Estado con las entidades religiosas están previstas tanto en la constitución como en la ley, porque a veces se piensa que en el laicismo no hay Dios, no hay religión; nuestro país tiene un preámbulo que habla de la invocación a Dios y una garantía de libertad religiosa.

En la ley estatutaria de libertad religiosa se establece nuestra responsabilidad como Gobierno de generar una cooperación armónica con las comunidades religiosas y ahí hemos podido identificar a cada sector y cómo están conformadas en cada caso.

Además, tenemos una mesa nacional de asuntos religiosos, donde está el representante nacional en cada una de estas corrientes religiosas y a nivel territorial hay mesas o comités municipales y departamentales de asuntos religiosa, que están en ese diálogo con sus representantes en el territorio.

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Esas mesas han permitido, en la identidad religiosa, las necesidades puntuales y particulares, por eso ha sido muy importante conocerlas y dialogarlas para marcar la pauta de los decretos que estamos expidiendo. Estos diálogos nos permiten reflejarlo en las normativas para garantizar la libertad de culto.

¿Esas garantías de no discriminación sí se ven reflejadas en la sociedad?

En estos espacios, les pedimos ayuda para tener documentación para poder interceder. Cuando se presenta alguna situación, usamos esos elementos para ser un medio facilitador y un garante ante las autoridades respectivas para garantizarles esos derechos.

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Esta dirección ha procurado, en ese diálogo, garantizar la participación; el propósito es servir como un puente de garantías para que ellos puedan saber a dónde acudir y nosotros ser intermediarios.

Hace un año hubo polémica por un templo que le rinde culto al diablo en Quindío, ¿qué fue lo que pasó?

En ese caso, me nombraron como gobernadora encargada porque había un proceso que estaba en curso de la asociación Templos luciferinos semillas de luz. No me nombraron por el tema religioso, sino como una función administrativa, y al verificar el expediente de la asociación, había unos vacíos específicos de actas, de cumplimientos y demás, que llevaron a que esta asociación, en un tema estructural organizativo, se liquidara porque no cumplía con los informes que se solicitaban. Pero la discusión no fue de tipo religioso, fue administrativo.

En Colombia se establece en la Ley 133 de 1994 que no quedan dentro de la norma las prácticas satánicas, agoreras ni parapsicológicas, entonces la misma ley establece que esas prácticas no quedan contempladas dentro del reconocimiento de la personería jurídica, pero ese es el marco legal y así se aplica.

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¿Y en cuanto a la comunidad atea?

La libertad religiosa establece la libertad de creer o no creer. Cuando estábamos construyendo los lineamientos, también estuvimos con la asociación de ateos y de católicas laicas, si se necesita un reconocimiento de personerías jurídicas, se hace ante las cámaras de comercio, pero nosotros siempre estamos abiertos. El Gobierno no le cierra las puertas a nadie, ni a ellos ni a los que creen. Siempre estamos abiertos a escucharlos, a atender sus inquietudes, a todo lo que podamos hacer, es una garantía de participación para todos.

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