Por Marce Gutiérrez-Graudiņš y Roland González Pizarro
Estados Unidos es el primer productor mundial de residuos plásticos y, sin embargo, nuestra nación no se ha comprometido a emprender acciones contundentes para romper el ciclo de vida de los plásticos y la contaminación que generamos. La inacción contrasta fuertemente con el recientemente publicado plan nacional de la Administración Estrategia de Justicia Oceánica va en contra de los resultados previstos en el Plan de Acción Climática de la Casa Blanca, publicado hace un año, para “promover soluciones climáticas, fomentar la justicia ambiental y tener comunidades costeras sostenibles y una economía oceánica sana y sustentable”.
Abordar “las preocupaciones de justicia ambiental relacionadas con el uso del océano con fines económicos, culturales, espirituales y recreativos, y con la seguridad alimentaria” es adoptar una postura firme contra la contaminación por plástico en nuestro país y en el extranjero. Numerosos estudios e informes, incluyendo el nuestro, elaborado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han determinado que el plástico está en todas partes: en el medio marino, en las comunidades de primera línea, en los productos agrícolas y dentro de nuestro propio cuerpo.
En este momento crítico, Estados Unidos carece de una estrategia nacional sobre el plástico al mismo tiempo que más de 100 comunidades en todo el país se ven afectadas por la producción e incineración de plásticos. Azul, una organización por la justicia oceánica dirigida por latinos y al servicio de éstos, junto con innumerables defensores y activistas de los océanos, comunidades y jóvenes, lleva una década trabajando para alterar el ciclo de vida de los plásticos y la contaminación por los mismos.
La contaminación por plásticos es una crisis creciente con efectos devastadores para nuestro medio ambiente y la salud humana, especialmente para las comunidades negras, indígenas, latinas y otras comunidades de color. Además, el 92% de los votantes latinos respaldamos que se hagan más esfuerzos para prevenir la contaminación por plásticos, por eso esta semana hemos hecho un llamado en una misiva al Departamento de Estado de Estados Unidos para que actúe ante esta crisis inminente haciendo cumplir la reducción de la contaminación por plásticos, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su producción, uso y eliminación.
En noviembre del 2022, 175 naciones, incluyendo Estados Unidos, acordaron desarrollar el primer acuerdo internacional y jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos para el 2024.
Un Tratado Mundial sobre los Plásticos sólido y ambicioso debe abordar todo el ciclo de vida del plástico para tener la certeza de una transición justa para las comunidades y los trabajadores a todo lo largo del ciclo de vida del plástico –incluyendo los recicladores– y garantizar una participación significativa de los grupos y comunidades vulnerables por los efectos derivados de la crisis de los plásticos.
A un mes de las negociaciones del tratado en Ottawa, Canadá, y a pocos meses de la fase final de las negociaciones, el Departamento de Estado, que tiene jurisdicción sobre los tratados internacionales, aún no ha representado eficazmente los intereses de las comunidades que defienden la justicia oceánica.
Creemos que para estar realmente a la altura de sus ideales y proteger la salud de su población, Estados Unidos debe comprometerse y tomar medidas para reducir la lacra de los plásticos que está poniendo en grave peligro a nuestras comunidades aquí y en el resto del mundo.
Marce Gutiérrez-Graudiņš es la Fundadora y Directora Ejecutiva de Azul. También es fundadora y miembro del comité directivo del Foro de Justicia Oceánica.
Roland González Pizarro es Asociado para Políticas Nacionales de Azul.
