Regular la contaminación del aire, el alcance de los seguros médicos o los contenidos digitales va a ser, a partir de ahora, mucho más difícil en Estados Unidos. El pasado 28 de junio, el Tribunal Supremo, en una mayoría formada por 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas, tumbó la llamada doctrina Chevron, que daba prioridad a las agencias federales en la interpretación de una ley si existía ambigüedad.
La decisión del Supremo es especialmente preocupante en lo que concierne a normativas medioambientales; por ejemplo: si la administración de Biden intenta imponer restricciones a las emisiones de ciertos vehículos y la industria automovilística interpone una demanda, el juzgado de turno no estará obligado a priorizar la interpretación legal de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en sus siglas en inglés), sino que podrá ofrecer un veredicto directamente. Según multitud de analistas, se prevé que la derogación de la doctrina Chevron, explicitada en la sentencia Loper Bright Enterprises vs. Raimondo, desate una oleada de juicios por parte de lobbies que persigan desregular la actividad empresarial.
Un golpe a la acción climática
De acuerdo con Inside Climate News, un canal de noticias sin ánimo de lucro y galardonado con el Premio Pulitzer, la industria de los combustibles fósiles podría socavar la autoridad de distintos departamentos federales para reducir los gases de efecto invernadero, entre otras provisiones climáticas. Este medio menciona varios casos actualmente en proceso que se verían afectados. Entre ellos se encuentran varias demandas a agencias federales que han implementado normativas para reducir la contaminación de los coches particulares a partir de 2027 y la de los vehículos de carga, como los camiones que transportan mercancías, así como aquellas que regulan las emisiones de las refinerías, los escapes de las prospecciones de gas y petróleo, o los precios de los seguros por inundación –cuya tendencia al alza refleja los estragos del cambio climático–.
Es preciso señalar que, cuando la ley es lo suficientemente explícita, los jueces no pueden fallar a favor de la industria; el problema radica en que, a menudo, las leyes se aprueban con un alto grado de ambigüedad para que sean los expertos federales quienes clarifiquen los detalles relacionados con cada sector. Era en esa zona gris donde la doctrina Chevron servía para limar dudas y, generalmente, inclinar la balanza hacia el conocimiento que aporta cada agencia gubernamental.
En una carta a The Washington Post, un ex empleado de la EPA, Scott Throwe, encargado de gestionar la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), explica el procedimiento: su principal función consistía en esclarecer, en un lenguaje menos complicado que el de los textos legales, qué reglas debían seguir las centrales eléctricas para evitar sobrepasar el límite de sustancias tóxicas. Es decir, interpretaba en clave de políticas públicas los huecos dejados por la ley, un poder federal que, según Throwe, ahora puede perderse. Sin experiencia en el tema: “los tribunales no están en condiciones para asumir esta responsabilidad, y la salud y el bienestar de la gente sufrirá”, concluye.
Paradójicamente, la doctrina Chevron, aprobada en 1984, surgió cuando el Tribunal Supremo de entonces avaló una definición más laxa del concepto «fuente de contaminación» propulsada por la administración de Reagan para dar más flexibilidad a la industria energética, pero en los 40 años que lleva vigente se ha utilizado precisamente para lo contrario: establecer un marco regulatorio más estricto, tras remitir a las administraciones y su personal competente algunas decisiones. Sin embargo, ante una posible segunda presidencia de Trump tras los comicios de noviembre, hay analistas que opinan que las consecuencias de eliminar Chevron serán devastadoras: «si Trump sale elegido… podemos contar con menos protecciones medioambientales, una reducción de los requisitos en cuanto a la seguridad alimentaria, y unos estándares más laxos en la aprobación de nuevos medicamentos» –afirma para Forbes Michael Posner, quien también subraya el apoyo financiero que está recibiendo el candidato por parte de un sector corporativo en búsqueda de una relajación de las normas.
Otras garantías ciudadanas afectadas
Tras la acción climática, posiblemente las protecciones sanitarias sean las más amenazadas por la decisión del Supremo. El denominado Obamacare subvenciona seguros médicos privados a cambio de que las compañías cumplan ciertos requisitos: un tope en el gasto al contado que realiza el paciente, revisiones obligatorias gratuitas, o no discriminar a la ciudadanía por razones de género u orientación sexual. Estas limitaciones corren el riesgo de desaparecer frente a una posible demanda de las aseguradoras; también las que puedan imponerse a las multinacionales tecnológicas a la hora de crear herramientas de inteligencia artificial (IA), o las que afecten a los planes de pensiones privados, o la condonación de parte de los préstamos universitarios, anunciada por Biden el pasado abril. Todo lo asociado a los derechos del consumidor –que los bancos no impongan comisiones abusivas, por ejemplo–, e incluso a los derechos laborales, dependientes del Departamento de Trabajo, se sitúa asimismo en un magma de incertidumbre.
Habrá que ver si el tiempo le da la razón a la jueza del Supremo Elena Kagan, quien afirmó en una dura opinión discrepante que la mayoría conservadora del tribunal «se ha convertido en el zar administrativo del país». Se trata de la misma mayoría que, constituida gracias a los tres jueces que Trump nominó durante su mandato, garantizó recientemente al expresidente inmunidad penal ante los sucesos relacionados con el asalto al Capitolio.
