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Opinión | La política energética de México obliga a Estados Unidos a reaccionar

Autor: Editorial Board

Estados Unidos y México tienen muchos asuntos complicados con los cuales lidiar, como la persistente pandemia del coronavirus, la inflación y el continuo aumento de migrantes a través de su frontera compartida. Lo ideal sería que ambos países pudieran abordar estos temas en un ambiente de calma y cooperación mutua, sin incomodidades gratuitas en esta vital relación bilateral.

Desafortunadamente, es muy probable que esas incomodidades estén siempre presentes mientras Andrés Manuel López Obrador ocupe la presidencia de México. López Obrador, un populista peculiar cuya visión del mundo se centra en restaurar lo que malinterpreta como la gloria perdida de la industria petrolera nacionalizada de México, heredó una versión modificada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que su predecesor había negociado con el expresidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigencia el 1 de julio de 2020. Y sin embargo, López Obrador ha seguido presionando por un mayor control sobre los mercados energéticos de México, hasta el punto en que sus políticas actuales podrían estar violando los términos del pacto comercial actualizado, conocido como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no le ha quedado más remedio que presionar.

En el centro de la polémica se encuentra una nueva ley mexicana que le otorga a un productor controlado por el Estado, que depende en gran medida del carbón, una mayor participación en el mercado de energía eléctrica, en detrimento de las empresas privadas estadounidenses, que incluyen empresas de energía solar y eólica. Además, una regulación de 2019 le otorgó tiempo adicional a Pemex, la compañía petrolera del Estado, para reducir la cantidad de azufre en el combustible diésel para automóviles, una ventaja sobre el diésel suministrado por Estados Unidos. El gobierno de Biden también acusa a México de discriminar a las empresas estadounidenses en la concesión de licencias y permisos. Es una peculiar queja que combina problemas ambientales —López Obrador inclina la balanza a favor de los combustibles fósiles mexicanos— con las tradicionales preocupaciones del libre comercio. Una coalición bipartidista en el Congreso se opone a la política de López Obrador, al igual que organizaciones industriales del Instituto Estadounidense del Petróleo y la Asociación Estadounidense de Energía Limpia. El gobierno de Canadá también ha apoyado la posición de Estados Unidos.

Tal como lo exige el T-MEC, Estados Unidos ha solicitado “consultas” con México sobre el tema. Si eso no da resultados dentro de los siguientes 75 días, las partes pasarán a una resolución de disputa formal, en la que México podría recibir aranceles punitivos si se determina que infringió el acuerdo. Esto es especialmente inútil y lamentable dado que lo más probable es que las principales víctimas de las políticas de López Obrador sean las empresas y consumidores mexicanos, quienes tendrán que pagar más por la energía. López Obrador debería estar más preocupado de lo que parece estar por el daño al prestigio internacional de México causado por las contradicciones entre su política energética y los compromisos climáticos internacionales del país.

Sin embargo, por ahora, López Obrador está disfrutando de un frenesí nacionalista: en una conferencia de prensa reciente, se burló de la solicitud de consulta por parte de Estados Unidos. Esto fue especialmente inapropiado —y nefasto— considerando que el presidente mexicano ha tenido otros arranques recientes en los que ha calificado a los críticos dentro de su país como “traidores”. Al decirle a López Obrador básicamente que “nos vemos en los tribunales”, Estados Unidos está defendiendo sus propios intereses y, en un sentido real, los mejores intereses del pueblo de México también.

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