Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se acerca al banquillo de los acusados. La jueza federal de Delaware encargada del caso, Maryellen Noreika, ha dictado este viernes varias resoluciones en las que rechaza las mociones de los abogados del acusado para desestimar el caso por el que se le acusa de la compra y posesión ilegal de una pistola. La fecha de comienzo del juicio en un tribunal de Wilmington (Delaware) está fijada provisionalmente para el próximo 3 de junio. Hunter Biden está además imputado por presuntos delitos fiscales en California.
El acusado alegaba que había sido “acusado selectivamente con un propósito político impropio” porque es hijo del presidente en ejercicio, el cual es además candidato en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. “Para prevalecer en su alegación de enjuiciamiento selectivo, el acusado debe demostrar que la decisión del fiscal especial de abandonar [el acuerdo extrajudicial para] la remisión previa al juicio por los cargos de armas de fuego y proceder a la acusación estuvo ‘motivada por un propósito discriminatorio’ y tuvo un ‘efecto discriminatorio’. El acusado no ha demostrado ni lo uno ni lo otro”, sostiene la resolución de la jueza.
El hijo de Joe Biden está imputado por tres delitos en Delaware y está imputado por otros nueve cargos por delitos fiscales en California. En el caso de las armas, según el fiscal, mintió al asegurar que estaba limpio de drogas cuando compró un Colt Cobra de calibre 38 en 2018. El pliego de cargos sostiene que Hunter Biden presentó una declaración escrita “en la que certificaba que no era consumidor ilícito ni adicto a ningún estimulante, estupefaciente ni ninguna otra sustancia controlada, cuando en realidad, como él sabía, dicha declaración era falsa y ficticia”. El fiscal especial David Weiss lo acusa de dos delitos por esas supuestas falsedades (uno por los supuestos datos falsos del formulario y otro por mentir al vendedor del arma) y de un tercero por la posesión posterior del arma, que también sería ilegal por sus adicciones. Hunter Biden se declaró no culpable en una vista en octubre pasado.
Hace unos meses, el acusado admitió los hechos como parte de un pacto por el cual el fiscal renunciaba a perseguir penalmente el delito a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro. Es un pacto habitual en casos similares en que los acusados se han rehabilitado y no tienen antecedentes penales. El hijo del presidente ha reconocido haber luchado contra una adicción al crack durante ese periodo de 2018, pero sus abogados sostienen que no infringió la ley y que otro delincuente no violento y primerizo no habría sido acusado.
El acuerdo para archivar el caso de la pistola también admitía la comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2017 y 2018 (ya regularizados con el pago de un millón de dólares) por los que iba a ser condenado a penas menores, evitando previsiblemente la entrada en prisión.
La diferente interpretación del acuerdo entre la acusación y la defensa y las presiones de los republicanos, que veían en el pacto un trato de favor al hijo del presidente, cambiaron totalmente la situación. El fiscal decidió finalmente presentar cargos por la compra y posesión del arma en Delaware y por los supuestos delitos fiscales en California.
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En su resolución de este viernes, la jueza Noreika argumenta que los abogados de Hunter Biden no han aportado “nada concreto” para apoyar la conclusión de que alguien realmente influyó en el equipo del fiscal especial. “La campaña de presión de los republicanos del Congreso puede haber ocurrido alrededor del momento en que el abogado especial decidió seguir adelante con la acusación en lugar de la desviación previa al juicio, pero el juzgado no ha recibido nada creíble que sugiera que la conducta de esos legisladores (o cualquier otra persona) tuvo algún impacto en el fiscal especial. Todo son especulaciones”, señala.
La jueza también ha rechazado que se desestime el caso sobre la base de la inmunidad conferida por el acuerdo de desviación del caso al que se había llegado inicialmente y que luego el fiscal abandonó. Queda pendiente que se pronuncie sobre si la tipificación como delito de la compra y posesión de un arma sin estar libre de drogas vulnera el derecho a poseer armas de fuego que se recoge en la Constitución de Estados Unidos.
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