Por Sean Murphy – The Associated Press
Los estados gobernados por republicanos se han apresurado a otorgar mayores poderes a la policía local en materia de inmigración, y a imponer sanciones penales a quienes vivan ilegalmente en el país, debido a que el tema de los inmigrantes que cruzan la frontera estadounidense sigue siendo un tema crucial para las elecciones de 2024.
Esta semana, la Asamblea Legislativa de Oklahoma envió por la vía rápida al gobernador un proyecto de ley que crea el nuevo delito de “presencia no permitida”, que impone penas de hasta dos años de cárcel por estar ilegalmente en el estado.
Oklahoma es uno de varios estados liderados por el Partido Republicano que se esfuerzan por profundizar en la aplicación de las leyes de inmigración, a medida que tanto republicanos como demócratas se apoderan del tema. Lo anterior fue patente en febrero, cuando el presidente, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump visitaron la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día y polemizaron a distancia sobre quién tiene la culpa de el sistema de inmigración del país esté maltrecho y las vías para enmendarlo.
Estas son algunos de los temas que hay que saber sobre los más recientes esfuerzos en varios estados para enfrentar la inmigración:
¿Qué está pasando en Texas?
Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador republicano, Greg Abbott, firmó el año pasado un proyecto de ley que permitiría al estado detener y deportar a las personas que entren ilegalmente en Estados Unidos. Esa ley está actualmente en suspenso mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos estudia una impugnación presentada por el Departamento de Justicia.
Los opositores consideran que la ley es el intento más drástico de un estado para controlar la inmigración desde una ley de Arizona, hace más de una década, algunas de cuyas partes fueron anuladas por la Corte Suprema.
¿Qué hace la ley de Oklahoma?
La ley de Oklahoma ilegalizaría la permanencia en el estado sin autorización legal. La primera infracción sería considerado un delito menor castigado con hasta un año de cárcel. Los infractores tendrían que abandonar el estado en las 72 horas siguientes a su puesta en libertad. La segunda infracción y las siguientes constituirían un delito grave que podría llevar la persona cumplir hasta dos años de prisión.
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El presidente interino del Senado, Greg Treat, quien presentó el proyecto de ley en esa instancia legislativa, expresó su frustración con el Gobierno federal y el Congreso por no tomar medidas más efectivas para resolver el problema de la inmigración.
“El Gobierno federal ha fracasado. El Congreso de Estados Unidos no ha hecho nada al respecto”, aseguró Treat, republicano de Oklahoma City. “Entonces, ¿qué podemos hacer? Les decimos que tienen que estar legalmente en Oklahoma”.
En las afueras del Capitolio estatal, más de 100 personas se reunieron el martes en oposición al proyecto de ley.
Sam Wargin Grimaldo, de 36 años, un abogado del sur de Oklahoma City cuya madre emigró de México en 1979, instó a los que se reunieron a registrarse para votar e involucrarse más políticamente.
Grimaldo aseguró que muchos latinos en Oklahoma están asustados por la nueva ley.
“Nos sentimos atacados”, afirmó Grimaldo, que llevaba una camiseta en la que se leía: “Joven, latino y orgulloso”. “La gente tiene miedo de salir de sus casas si es propuesta y luego aprobada la legislación”.
¿Qué están haciendo otros estados?
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha firmado un proyecto de ley que obliga a las fuerzas del orden a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren que hay personas en el país de forma ilegal. La medida, además, obliga a las autoridades a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. La ley entrará en vigor el 1 de julio. Otra propuesta permitiría aumentar las penas hasta la cadena perpetua para quienes se encuentren ilegalmente en el país y cometan delitos violentos.
En Iowa, la gobernadora republicana, Kim Reynolds, firmó este mes un proyecto de ley que refleja en parte la ley de Texas. Otro proyecto de ley similar al de Texas avanza en Louisiana. Los legisladores de Idaho estudiaron una medida similar, pero no la aprobaron.
Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que pretende obligar a los carceleros a comprobar el estatus migratorio de los detenidos, parte de una respuesta política continua al asesinato de una estudiante de Enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente a manos de un hombre venezolano.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el mes pasado un proyecto de ley para aumentar las penas de cárcel para los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos si son condenados por delitos graves o conducen un vehículo sin una licencia.
¿Qué va a pasar después?
Al igual que la nueva ley de Texas, es casi seguro que muchos de los proyectos de ley enfrentarán desafíos legales porque la inmigración es un asunto federal, no estatal, según la Constitución de Estados Unidos, comentó Kelli Stump, abogada de inmigración en Oklahoma City y presidenta electa de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
“Todo esto es un lío y el sistema está roto, pero la Constitución dice que los estados se ocupan de las cuestiones estatales y el Gobierno federal de los asuntos federales”, explicó Stump. “En última instancia, si tuviera que apostar [sobre este tema, diría que] esto acabará en la Corte Suprema”.
