LOS ÁNGELES —
Una vez más las organizaciones guatemaltecas impulsan otro esfuerzo para exigir a la administración del presidente Joe Biden que apruebe un programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), en el que se ampare a aproximadamente 700 mil guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos.
“A todos los países vecinos les han dado el TPS, a nosotros no; sería un tremendo impacto para Guatemala. La gente al estar con documentos legales para trabajar aquí, gana más. Por lo tanto las remesas van a incrementar y al aumentar las remesas, Guatemala va a estar mucho mejor que hoy”, indicó Sandra Kielgass, inmigrante originaria de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos.
Inmigrantes y activistas se unieron en L.A. en solidaridad con la comunidad guatemalteca para que el presidente Joe Biden apruebe el programa TPS para los oriundos de esa nación centroamericana.
(Ringo Chiu / Los Angeles Times en Español)
En conferencia de prensa, los activistas y miembros de la comunidad anunciaron en el emblemático MacArthur Park, en Los Ángeles, que entre el viernes 26 de abril y el miércoles 1 de mayo realizarán cabildeos ante la Casa Blanca, el Congreso y diversas organizaciones pro-inmigrantes con el fin de sumar fuerzas que respalden su lucha.
“La gente vive con miedo y solo piensan en cómo hacerse visible, y no trabajar bajo de agua. Hay gente que ha trabajado hasta 30 años aquí”, valoró Carolina Solís, abogada guatemalteca, quien viajará junto a una docena de líderes y expertos a Washington D.C. “Las personas que están aquí necesitan ser dignificadas; si vuelven al país, están en riesgo”, apuntó.
En diferentes momentos y durante varios gobiernos se ha solicitado el TPS para los guatemaltecos en Estados Unidos, pero éste ha sido negado. En enero de 1999 se le otorgó este alivio migratorio a Honduras y Nicaragua a raíz del devastador huracán Mitch, mientras que a los salvadoreños se les dio en 2001 luego de dos destructores terremotos.
Con un cartel en mano, Sandra López, de 62 años, participó en una conferencia de prensa exigiendo Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes guatemaltecos en el parque MacArthur en Los Ángeles.
(Ringo Chiu / Los Angeles Times en Español)
Con la llegada en enero de 2024 del nuevo gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, los activistas consideran que es el momento indicado para que Estados Unidos apruebe un alivio migratorio para sus connacionales, como una forma de fortalecer la alianza con su socio estratégico en la región y darle oxígeno a una sociedad golpeada por la corrupción, la inseguridad y la pobreza.
“Guatemala no está en condiciones de recibir gente deportada; la deportación debe parar”, dijo Walter Batres, director de la Red Migrante Guatemalteca, entidad que lidera este movimiento que ha establecido una amplia alianza a nivel nacional para impulsar este esfuerzo. “Guatemala necesita un oxígeno para que el nuevo gobierno democrático pueda prosperar, de lo contrario lo va a ahogar nuevamente la corrupción”.
Un grupo de aproximadamente 20 personas, entre miembros y colaboradores de la Red Migrante, viajó a finales de enero a Guatemala a reunirse con la vicepresidenta Karin Herrera y miembros del Congreso. En esos encuentros plantearon que era necesario unir apoyos para solicitar el TPS. Luego, a finales de marzo lanzaron una petición digital para que la comunidad migrante firme y respalde esta iniciativa.
Entre los asesores de esta ofensiva migratoria se encuentra Meredith Brown, veterana abogada de inmigracion y defensora de los derechos civiles. La experta sostiene que en el viaje a la capital estadounidense van a realizar cabildeos en el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otras instituciones federales.
“Ahorita es el momento para realmente actuar, ya que Estados Unidos tiene un aliado en el presidente Arévalo”, dijo Brown. “Estamos hablando potencialmente de un millón de guatemaltecos que no tienen papeles. Creo que algo temporal, un permiso de trabajo, les daría más estabilidad y ya no deportar a más personas”.
La abogada de inmigración, Meredith Brown, habla en una conferencia de prensa exigiendo se apruebe el programa TPS para inmigrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos.
(Ringo Chiu / Los Angeles Times en Español)
El argumento principal que están utilizando los activistas para esta petición es la rampante corrupción, asegurando que esa es la raíz de la inseguridad, la pobreza y la migración.
De acuerdo al Centro Pew, en el 2021 vivían 1.8 millones de personas de ascendencia guatemalteca en Estados Unidos, al menos 700 mil de ellos son personas indocumentadas. En el lapso de 21 años, entre 2000 y 2021, la población guatemalteca creció un 336%. A principios del Siglo XXI eran tan solo 410,000 personas.
Anita Isaacs, profesora de ciencias políticas de Haverford College en New York, asegura que la corrupción en suelo guatemalteco tiene una enorme conexión con la migración, al explicar que no hay fondos para el desarrollo y combate a la pobreza porque cualquier tipo de recurso financiero cae en manos de individuos o grupos corruptos.
“Tiene mucho sentido el esfuerzo de los migrantes al argumentar que mientras la corrupción siga, no pueden regresar”, dijo la académica, quien ha estudiado la política y la democratización guatemalteca.
En los últimos años, más de 50 fiscales, jueces, magistrados y periodistas han salido de Guatemala huyendo de la persecución impulsada por el Ministerio Público, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, lo que según los expertos demuestra el poder que tiene el denominado “pacto de corruptos”, en el que están involucrados militares, empresarios, políticos y estructuras del crimen organizado.
En esta imagen aparecen de izquierda a derecha: Irma García, Maya Batres, Sandra Venable y Sandra Kielgass, quienes participaron en una actividad a favor de la aprobación del TPS para inmigrantes guatemaltecos.
(Ringo Chiu / Los Angeles Times en Español)
“El sistema judicial de Guatemala ha sido cooptado por el crimen organizado desde hace bastante años. Aun con las elecciones donde llegó un gobierno comprometido en luchar contra la corrupción sus manos están atadas, por el hecho de que Consuelo Porras sigue como fiscal general; mientras ella siga en el puesto, nada puede cambiar. [Los aliados de Porras] siguen manteniendo el control sobre el sistema judicial y sobre el sistema político”, apuntó Isaacs.
Este problema virulento es reconocido por Washington. En el marco de la visita que el presidente Arévalo realizó a finales de marzo a la capital estadounidense, la vicepresidenta Kamala Harris aseguró que la corrupción erosiona la democracia y felicitó al mandatario guatemalteco por el compromiso adquirido en restablecer el Estado de derecho.
“La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, dijo Harris en declaraciones recogidas por la agencia AP.
Sandra Venable, de 45 años, porta un cartel en la actividad a favor de la aprobación del TPS para inmigrantes guatemaltecos.
(Ringo Chiu / Los Angeles Times en Español)
Esa coincidencia, entre autoridades estadounidenses y migrantes guatemaltecos, es un factor a favor para que la solicitud de TPS, que se está afinando con todos sus argumentos, sea considerada por la administración Biden, sostienen los activistas.
David Oxlaj, originario de Totonicapán, viajará a Washington en la comitiva que saldrá de Los Ángeles este jueves, 25 de abril, por la noche. Este inmigrante maya kʼicheʼ participará en la vigilia programada el sábado, 27 de abril, frente a la Casa Blanca en donde se unirán miembros de la comunidad y activistas que exigen la pronta aprobación del TPS. También van a recorrer la ciudad recolectando firmas en apoyo a esta causa.
“Queremos que nuestras familias tengan una protección”, dijo Oxlaj, de 45 años, quien a pesar de que tiene un permiso de trabajo y su solicitud de residencia permanente está avanzada, no se olvida de sus connacionales que viven bajo las sombras. “Urge que las autoridades estadounidenses aprueben un TPS”, subrayó.
