El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha acordado este jueves salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP debido, según el líder del partido, Santiago Abascal, a la «agresión» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al «obligar» a las comunidades a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados.
Así lo ha anunciado Abascal tras la reunión extraordinaria de la dirección del partido en una comparecencia sin preguntas rodeado de todos los miembros del comité, en la que ha avanzado que este viernes sus vicepresidentes autonómicos presentarán la dimisión. Con esto, Vox rompe el pacto de investidura en Baleares que le aseguraba a Marga Prohens mayoría en el Parlament.
En Baleares, el Partido Popular y Vox han firmado luego de las elecciones del año pasado un “Acuerdo conjunto para el Gobierno de las Islas Baleares”. Allí se ha hecho referencia en varios de los 110 puntos a la problemática sobre la inmigración ilegal en las islas.
En el inicio de ese documento, se habla de poner “especial atención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos”, como uno de los objetivos de dotar a las islas Baleares de un “gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y garantice que se cumplen las cinco líneas básicas acordadas por ambas formaciones el pasado 19 de junio de 2023 a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Baleares”.
Ambos partidos acordaron aprobar un “plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir”. En dicho se ha incluido la “colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley”.
En el punto 106 se exigen “en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de las Islas Baleares la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”.
Mientras que en el siguiente eje del acuerdo se remarca que las costas de Baleares se han convertido en una “ruta migratoria consolidada” por lo que es necesario potenciar la “coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra comunidad”.
Allí se detalla también la evolución de las llegadas de pateras, que ha pasado de unas 199 personas en 2018 a 480 en 2019, y que en 2020 superó las 1.400 y en 2021 fueron 2.392”.
“Apoyaremos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado exigiendo que se les proporcionen todos los medios materiales, personales y jurídicos necesarios para garantizar la seguridad y el desempeño efectivo de su trabajo, a fin de reducir la criminalidad de las islas”, establece en el punto 108 dentro de las políticas de Seguridad.
