El pasado 26 de noviembre la Cámara de Diputados de la República de Chile aprobó, mediante el Oficio 20.059, un proyecto para modificar la Ley de Migración y Extranjería (N° 21.325, 2021), el que avanza ahora hacia el Senado para su eventual aprobación. El texto de este proyecto representa el punto cúlmine de un proceso de inusitada criminalización de la población migrante en los últimos años, en el que han sido actores protagónicos, entre otros, los medios masivos de comunicación, representantes del mundo político en general, y del propio Estado en particular.

Las modificaciones aprobadas en esta instancia del trámite legislativo representan un inédito retroceso en el reconocimiento y garantía de derechos fundamentales de la población migrante, en particular de la irregularizada por el propio Estado, a partir de medidas que han ido acorralando a las personas que se desplazan por América Latina a causa de escenarios de violencia socioeconómica, política y armada, empujándola a manos de facilitadores y redes criminales que lucran con el despliegue desesperado de estrategias de sobrevivencia.

Las modificaciones que se pretende introducir conculcan los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes a la educación y la salud; violan acuerdos internacionales en materia de protección a la infancia; precarizan aún más las condiciones de vida de las personas migrantes irregularizadas, limitando sus posibilidades de trabajo, arriendo y acceso a la salud; vulnerabilizan aún más la situación de víctimas de violencia intrafamiliar, exponiéndolas a violencia económica ante la expulsión de aquellos progenitores que la cometieron, entre otras preocupantes implicancias. Además, los cambios aprobados a la norma buscan institucionalizar la discriminación Estado-nacionalista en el acceso a derechos, al establecer la prioridad de los nacionales, por ejemplo, en la garantía del derecho a la educación.

El avance de este trámite legislativo en Chile representa un hecho preocupante para una región como la nuestra, el continente con mayores expresiones de violencia en el mundo, aún sin ser escenario de una guerra. Es ese el marco de los más altos índices de desplazamiento forzado debido al narcoterrorismo, la violencia de género, los autoritarismos de distinto signo político, el extractivismo que azota los territorios y sus comunidades, entre otras causas de desigualdad en sus diversas formas.

Son esos procesos sociales los que están en la base de las migraciones que parten, atraviesan y llegan a nuestros territorios, una realidad que es evidencia contundente de la necesidad de abordar estos fenómenos con una perspectiva regional, mirando más allá de nuestros ombligos nacionales (y nacionalistas).

Por eso, como integrantes del Grupo de Trabajo de CLACSO Migraciones y fronteras sur-sur, pedimos a las y los senadores de la República de Chile impedir este retroceso en materia de derechos humanos, modificando una ley ya securitizadora y restrictiva de las migraciones y los derechos de
quienes las protagonizan.

4 de diciembre de 2024
Grupo de Trabajo CLACSO
Migraciones y fronteras sur-sur

Este texto expresa la posición del mencionado Grupo de Trabajo y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.