Después de haber estado varios años en tramitación en el Congreso, la iniciativa -originada en moción- que busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos desde centros de cultivo, fue despachada a ley y se encuentra a un paso de su promulgación y entrada en vigencia. Considerando que la Región de Magallanes es una de las zonas en donde se lleva a cabo esta industria –la cual ha tenido conflictos con agrupaciones indígenas, organizaciones medioambientales y ha sido sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente por diversas faltas–, la iniciativa llama la atención.
Este proyecto de ley también implica transparentar de mejor manera la información del sector, en cuando a materias como: uso de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades y producción.
“Este proyecto de ley es un gran avance para la protección del ecosistema marino pues permite prevenir que los salmones de criadero depreden y transmitan patógenos a las especies silvestres, protegiendo también la actividad de la pesca artesanal. Antes se creía que el escape de salmones era un problema de privados, pero es un inconveniente que puede tener una afectación directa al medioambiente y las comunidades aledañas, y con esta normativa se está trazando un camino hacia una actividad más sustentable, segura y transparente”, manifestó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.
Entre otros aspectos, la nueva normativa establece una multa cuyo avalúo será equivalente al valor cosecha de los ejemplares escapados que no sean recapturados. Adicionalmente, se arriesga la suspensión de operaciones en el centro por un plazo de entre uno y cuatro años, y para ello se considerarán el número de salmones escapados, ejemplares recapturados, eventos anteriores u otro criterio que considere la autoridad competente.
El articulado, precisa además que el responsable deberá financiar por dos años el monitoreo de ejemplares de la o las especies escapadas para determinar los efectos derivados.
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