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Qué es la Sección 215 invocada por Biden y por qué su nueva estrategia migratoria se parece a la de Trump

Autor: Univision

Además de invocar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para modificar reglamentos redactados por el Congreso para un propósito distinto al que existe ahora, el presidente Joe Biden invocó la semana pasada una segunda sección que, entre otras medidas, prohíbe a ciudadanos estadounidenses salir o entrar a Estados Unidos sin permiso o pasaporte.

Los cambios anunciados por Biden son considerados por los propios demócratas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes como el intento más enérgico del mandatario en un tema que, durante su campaña, prometió defender contra cualquier obstáculo.

La nueva regla restringe el asilo de extranjeros que cruzan ilegalmente al país entre puertos fronterizos si durante la última semana se registraron más de 2,500 detenciones o hallazgos. Los arrestados serán puestos en proceso de deportación acelerada y castigados con cinco años de prohibición de ingreso.

En 2020 Biden acusó al expresidente Donald Trump de haber usado el poder ejecutivo para dañar el debido proceso migratorio, utilizando las herramientas de que dispone el Ejecutivo para cambiar normas que dificultaron que los extranjeros pudieran pedir asilo en la frontera.

Trump se valió para ello de la invocatoria de las secciones 212(f) y 215 de la INA, las mismas que ahora utiliza Biden, pero con propósitos diferentes, según las explicaciones dadas por Biden al momento de justificar la orden ejecutiva firmada el martes de la semana pasada.

Razones distintas, objetivo parecido

Desde principios de 2017 Trump utilizó ambas secciones para frenar la inmigración indocumentada bajo el argumento que la situación de la frontera se había convertido en una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.

Para ello emitió dos órdenes ejecutivas que en resumen prohibieron las ciudades santuario, ordenó la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y criminalizó la estadía indocumentada, hasta ese momento una falta de carácter civil no criminal.

Bajo este último propósito, Trump emitió nuevas prioridades de deportación que incluyeron a la totalidad de los 11 millones de indocumentados que había en ese momento, sin excepciones. Y luego ordenó separar familias que venían en busca de asilo levantándoles a los padres cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos.

E incluso intentó cambiar el poema icónico de Emma Lazarus en el pedestal de la Estatua de la Libertad y que se asocia con el alma de Estados Unidos, para sugerir que su gobierno sólo acogerá a aquellos extranjeros que pueden “pararse (sostenerse) por sí mismos”, dando a entender que los pobres no tienen chance de reclamar asilo porque pueden ser una amenaza para convertirse en carga pública.

Las justificaciones de Biden

En un mensaje a la nación, Biden dijo el martes, poco después de emitida la orden ejecutiva, que debido a la inacción del Congreso en la aprobación de un pedido urgente de fondos para la seguridad de la frontera, se vio forzado a utilizar su poder ejecutivo para reparar los daños al sistema migratorio imperante y detener la inmigración ilegal.

“¿Por qué?”, preguntó el presidente. Él mismo respondió: “Porque Donald Trump se lo dijo. Les dijo a los republicanos (muchos de ustedes lo han publicado ampliamente) que no quería solucionar el problema. Quería usarlo para atacarme. Eso es lo que quería hacer. Fue una medida política extremadamente cínica y un completo flaco favor al pueblo estadounidense, que espera que nosotros no convirtamos la frontera en un arma, sino que la arreglemos”.

Luego, Biden se desmarcó de lo actuado por el gobierno anterior en materia migratoria y dijo: “Por eso nunca demonizaré a los inmigrantes (en referencia a la criminalización de la estadía indocumentada, principalmente). Nunca me referiré a los inmigrantes como “envenenando la sangre” de un país. Y, además, “nunca separaré a los niños de sus familias en la frontera”.

La última cita se refiere a un plan ideado por el gobierno anterior desde el 11 de abril de 2017, tras el envío de un memorando formado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, a los fiscales fronterizos para levantar cargos criminales a los adultos en la frontera, no importando si venían en busca de asilo. El resultado fue que miles de familias fueron separadas forzosamente y todavía cientos de niños afectados no han sido reunificados con sus padres.

“Narrativa falsa”

Para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), las justificaciones de Biden sobre su orden ejecutiva migratoria en la frontera se trata de una “narrativa falsa”.

“Esta respuesta fatalista de que no tenemos otra opción que cerrar la frontera es una narrativa falsa impulsada por la política, no por las políticas”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, entidad que agrupa a más de 15 mil abogados de inmigración y profesores universitarios a nivel nacional.

“Establecer sistemas que niegan a las personas la plena oportunidad de ser escuchadas, cuando las consecuencias son tan graves como lo son en asilo, es inaceptable”, precisó.

A su vez, Greg Chen, director principal de relaciones gubernamentales de AILA indicó que “la nueva política de Biden bloquea el acceso a casi todas las personas que llegan a nuestra frontera sur y, al hacerlo, desacata la garantía de la ley de asilo de Estados Unidos que garantiza que las personas tengan una oportunidad justa de solicitar asilo”.

“Las personas que han sufrido terriblemente no podrán sortear la imposible carrera de obstáculos legales creada bajo esta política y se enfrentarán a un rápido regreso al peligro”, previene.

Las deportaciones express ordenadas por Biden

La orden ejecutiva de Biden precisa que las personas detenidas cuando la regla esté en vigencia serán colocadas en un proceso de deportación acelerado. Y solo aquellos que “manifiesten” temor de ser expulsados a sus países de origen, serán referidos ante un oficial de asilo y lograr un paro de deportación.

“Es inconcebible que alguien que huyó de la violencia, cruzó la frontera y no habla inglés pueda consultar con un abogado en las apenas cuatro horas que permite la nueva política antes de iniciar el proceso de expulsión”, añade Chen. “La frontera necesita ser más eficiente y ordenada, pero al mismo tiempo la ley estadounidense requiere un sistema justo, y esta política está muy lejos de cualquier noción de justicia”, apuntó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, dijo que “necesitamos soluciones para abordar los desafíos en la frontera, pero las acciones ejecutivas de la administración ponen en riesgo miles de vidas”.

“No cubrirán las necesidades en la frontera ni arreglarán nuestro fallido sistema de inmigración”, subrayó Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la ACLU.

Schifeling dijo además que “la acción ejecutiva de Biden invoca la Sección 212(f) haciéndose eco de la prohibición de entrada anterior de la administración Trump. La ACLU y sus socios impugnaron con éxito una prohibición de asilo impuesta por el gobierno anterior que adoptó el mismo enfoque que la administración Biden”.

“Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, precisó.

La Sección 215 de la INA

Además de restringir o cerrarles el paso de los extranjeros que buscan asilo si los hallazgos superan el umbral de 2,500 diarios durante una semana, la orden ejecutiva también apunta a toda aquella persona que sale o entra al país, incluso ciudadanos estadounidenses.

Además de invocar la Sección 212(f), que le permitió a Biden (y también a Trump) modificar reglamentos de leyes aprobadas por el Congreso, el decreto activó la Sección de la INA, relacionada con las clasificaciones de admisión al país para extranjeros, así como el control de viajes de ciudadanos estadounidenses y foráneos.

La Sección indica que, a menos que el presidente ordene lo contrario, será ilegal:

  • Que cualquier extranjero salga, entre o intente salir o entrar a Estados Unidos, excepto bajo reglas, regulaciones y órdenes razonables, y sujeto a las limitaciones y excepciones que el presidente pueda prescribir;
  • Que cualquier persona transporte o intente transportar desde o hacia Estados Unidos a otra persona con conocimiento o causa razonable para creer que la salida o entrada de dicha otra persona está prohibida por esta sección;
  • Para cualquier persona que, a sabiendas, haga una declaración falsa en una solicitud de permiso para salir o ingresar a Estados Unidos con la intención de inducir o asegurar la concesión de dicho permiso, ya sea para sí mismo o para otra persona;
  • Para cualquier persona que, a sabiendas, proporcione o intente proporcionar o ayudar a proporcionar a otra persona un permiso o prueba de permiso para salir o entrar no emitido y diseñado para el uso de dicha otra persona;
  • Para cualquier persona que, a sabiendas, use o intente usar cualquier permiso o evidencia de permiso para salir o ingresar no emitido y diseñado para su uso;
  • Para que cualquier persona falsifique, mutile o altere, o provoque o procure que se falsifique, mutile o altere cualquier permiso o prueba de permiso para salir o ingresar a Estados Unidos;
  • Para cualquier persona que a sabiendas use o intente usar o proporcione a otra para su uso cualquier permiso o prueba de permiso falso, falsificado, falsificado, mutilado o alterado, o cualquier permiso o prueba de permiso que, aunque originalmente válido, se ha vuelto o se ha hecho nula o inválida.

En el caso específico de los ciudadanos, la Sección 215 precisa que, salvo que el presidente disponga lo contrario y sujeto a las limitaciones y excepciones que el presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano estadounidense salga o entre, o intente salir o entrar en Estados Unidos a menos que tenga un pasaporte estadounidense válido.
La regulación también advierte que “nada en esta sección se interpretará en el sentido de dar derecho a un extranjero a quien se le haya expedido un permiso (o visa) para entrar a Estados Unidos a ingresar al país si, al llegar a un puerto de entrada, se determina que es inadmisible según cualquiera de las disposiciones de este capítulo, o cualquier otra ley, relativa a la entrada de extranjeros a Estados Unidos”.

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