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‘Quédate en México’: la Corte Suprema respalda a Biden para finalizar el programa

Autor: Adam Liptak

La política migratoria se puso en marcha durante el gobierno de Trump y derivó en que decenas de miles de personas deben esperar en campamentos inseguros las audiencias sobre sus casos.

Familias que se preparan para solicitar asilo suben a un autobús en un refugio para migrantes en Reynosa, México, el mes pasado.
Credit…Kirsten Luce para The New York Times

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que el gobierno de Joe Biden puede rescindir un programa de inmigración de la era de Donald Trump que obliga a algunos solicitantes de asilo que llegan a la frontera suroeste estadounidense a esperar la aprobación en México.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, al escribir la opinión mayoritariaen el fallo de 5 a 4, dijo que una ley de inmigración le dio al presidente la discreción de devolver a los migrantes que llegan por tierra al país del que provienen. Pero esa discreción, continuó, no equivalía a una obligación.

La disposición clave, escribió el presidente del tribunal, utiliza la palabra “puede” en lugar de “debe”. Esa disposición, escribió, “significa lo que dice: ‘puede’ significa ‘puede’”.

Roberts, presidente de la Corte Suprema, añadió que hacer obligatoria la expulsión requeriría ordenar al presidente que negociara con México. Los jueces no deben interferir a la ligera en la capacidad del mandatario para dirigir la política exterior, escribió, en una decisión que fue bien recibida por los abogados de derechos humanos.

“Que un tribunal se inserte en la relación diplomática entre Estados Unidos y una nación extranjera era claramente algo con lo que la Corte Suprema se sentía legítimamente incómoda”, dijo Robyn Barnard, abogada de Human Rights First.

La decisión fue una victoria para el gobierno de Biden, que ha enfrentado múltiples desafíos legales y reveses a sus políticas de inmigración. Pero tendrá poco impacto práctico en el número de personas a las que se les permite permanecer en el país para solicitar asilo, porque el gobierno ha estado enviando a muy pocos a esperar sus casos en México. Una norma de salud pública de emergencia que ha estado en vigor desde el comienzo de la pandemia ha tenido un efecto mucho mayor, al impedir que muchos solicitantes de asilo se queden en Estados Unidos para pedir protección.

La Corte Suprema devolvió el caso a los tribunales de primera instancia sobre la cuestión de si el gobierno lo canceló correctamente, y el Departamento de Seguridad Nacional dijo después de que se emitiera el fallo el jueves que pondría fin al programa “tan pronto como sea legalmente permisible”.

Los jueces Brett Kavanaugh, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a la opinión del presidente de la Corte Suprema, Roberts. La jueza Amy Coney Barrett estuvo de acuerdo con gran parte del análisis del presidente de la Corte Suprema, pero no obstante disintió, y dijo que cuestionaba si los tribunales de primera instancia tenían jurisdicción en el caso.

El juez Samuel Alito, junto con los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, disintió. El juez Alito escribió que el Departamento de Seguridad Nacional estaba obligado a usar su discreción para retornar a los migrantes cuando no había una alternativa legal.

“En vez de aprovechar la clara alternativa legal del Congreso de devolver a los extranjeros inadmisibles a México mientras esperan los procedimientos en este país”, escribió el juez Alito, “el Departamento de Seguridad Nacional ha llegado a la conclusión de que puede renunciar a esa opción por completo y, en su lugar, simplemente liberar a este país un número incalculable de extranjeros que muy probablemente serán expulsados si se presentan a sus audiencias de expulsión. Esta práctica viola los claros términos de la ley, pero la corte mira para otro lado”.

El programa impugnado, conocido comúnmente como Quédate en México y formalmente como Protocolos de Protección al Migrante, se aplica a las personas que salieron de un tercer país y viajaron a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Después de que la política se puso en marcha a principios de 2019, decenas de miles de personas esperaron en campamentos de tiendas de campaña insalubres para las audiencias de inmigración. Ha habido informes generalizados de agresión sexual, secuestro y tortura.

Poco después de asumir el cargo, el presidente Biden trató de poner fin al programa.

Texas y Misuri lo demandaron, y los tribunales de primera instancia lo restablecieron, dictaminando que las leyes federales de inmigración exigen el retorno de los inmigrantes que llegan por tierra y que no pueden ser detenidos mientras se procesan sus casos.

Desde que el gobierno de Biden reinició el programa en diciembre, se han inscrito muchos menos migrantes que durante la era Trump, un cambio que ha irritado a muchos republicanos que han caracterizado a Biden como débil en materia de seguridad fronteriza. La reducción se debe en parte a que Estados Unidos acordó tomar medidas adicionales para satisfacer ciertas demandas de México, incluyendo que los migrantes sean enviados de vuelta bajo el programa únicamente si hay suficiente espacio de albergue y si tienen un mejor acceso a la asistencia legal.

Desde diciembre hasta finales de mayo, el gobierno de Biden había inscrito en el programa a más de 4300 migrantes que fueron devueltos a México, principalmente personas que no podían ser expulsadas en virtud de la regla de salud pública. La mayoría de los inscritos en los últimos meses son hombres procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin el programa en vigor, más adultos solteros de esos países podrán entrar y permanecer en Estados Unidos mientras sus casos de asilo pasan por los tribunales.

Incluso con el programa Quédate en México y la normativa de salud pública de emergencia en vigor, desde que Biden asumió el cargo más de 800.000 inmigrantes han sido liberados en el país para esperar sus casos de inmigración, que pueden tardar años.

Desde enero de 2019, cuando la gestión de Trump inició el programa, hasta finales de 2020, casi 70.000 migrantes fueron devueltos a México para esperar sus audiencias judiciales, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

El caso ante la Corte Suprema, Biden contra Texas, No. 21-954, fue inusualmente complejo, ya que involucraba tres disposiciones legales que apuntan en diferentes direcciones.

Una de las disposiciones dice que el gobierno federal, en general, “detendrá” a los inmigrantes mientras esperan que se examinen sus procedimientos de inmigración. Pero el Congreso nunca ha asignado suficiente dinero para detener al número de personas afectadas.

En 2021, por ejemplo, el gobierno procesó a unos 670.000 migrantes que llegaban a la frontera con México, pero tenía capacidad para detener a unos 34.000.

La segunda disposición decía que el gobierno “podrá devolver” a los migrantes que lleguen por tierra al país del que arribaron.

La tercera disposición permitía al gobierno liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias “caso por caso, por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.

El juez Matthew J. Kacsmaryk de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Texas, en Amarillo, falló el año pasado que las leyes de inmigración requerían que los no ciudadanos que buscaban asilo regresaran a México cuando el gobierno federal carecía de los recursos para detenerlos.

El gobierno de Biden pronto pidió la intervención de la Corte Suprema, pero esta se rehusó a bloquear el fallo del juez Kacsmaryk, que requería que se reiniciara el programa. Los tres jueces más liberales estuvieron en desacuerdo.

La orden de la corte, breve y sin firmar, indicaba en ese momento que el gobierno parecía haber actuado de manera arbitraria y caprichosa al poner fin al programa, mencionando una decisión de 2020 que evitaba que el gobierno de Trump rescindiera de inmediato un programa de la época de Barack Obama que protegía a los inmigrantes jóvenes conocidos como dreamers.

El gobierno de Biden luego tomó algunas medidas para reiniciar el programa, incluso al emitir una nueva decisión que buscaba cancelarlo. Los funcionarios de la gestión, en respuesta a las críticas de que habían actuado apresuradamente, difundieron un memorándum de 38 páginas con su razonamiento.

Concluyeron que los costos del programa eran superiores a sus beneficios. Entre esos costos, indicaba el memorándum, estaba las peligrosas condiciones en México, la dificultad que enfrentaban los migrantes para deliberar con sus abogados a través de la frontera y las formas en que el programa socavaba los objetivos de política exterior del gobierno y sus iniciativas a nivel nacional.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito, en Nueva Orleans, rechazó el plan del gobierno de poner fin al programa.

“El gobierno dice que tiene una discreción unilateral y que no puede ser sometida a revisión para crear y eliminar componentes enteros de la burocracia federal que afectan a innumerables personas, dólares de los impuestos y estados soberanos”, escribió el juez Andrew S. Oldham para el panel. “El gobierno también dice que tiene una discreción unilateral y que no puede ser sometida a revisión para ignorar los límites estatutarios impuestos por el Congreso”.

“Y el gobierno dice que puede hacer todo escribiendo un nuevo ‘memo’ y publicándolo en internet”, añadió. “Si el gobierno tuviera razón, suplantaría el imperio de la ley por el imperio del ‘porque lo digo yo’. Sostenemos que el gobierno está equivocado”.

En el último año, un número récord de inmigrantes indocumentados ha intentado entrar en Estados Unidos.

Pero la norma de salud pública de emergencia introducida por el gobierno de Trump al comienzo de la pandemia y conocida como Título 42, ha dado lugar a que decenas de miles de solicitantes de asilo sean devueltos por los funcionarios de la frontera sin posibilidad de expresar su temor a la persecución o a ser devueltos a México. El gobierno de Biden tenía previsto levantar la norma a finales de mayo, pero un juez federal se lo impidió.

“A pesar de esta decisión de la Corte Suprema, el Título 42 sigue en vigor, lo que significa que la frontera sigue cerrada a los solicitantes de asilo”, dijo Barnard, de Human Rights First.

Cuando la gestión de Biden suspendió la política de Quédate en México, había 27.000 personas con casos pendientes de los 70.000 inscritos originalmente por el gobierno Trump. Para agosto de 2021, cuando la corte ordenó el restablecimiento del programa, unas 13,000 de ellas habían sido procesadas en Estados Unidos. Miles más seguían esperando.

Oscar Chacón, director ejecutivo del grupo de defensa Alianza Americas, dijo que el fallo hizo posible que el gobierno de Biden encontrara “un enfoque más humano y de sentido común” para los solicitantes de asilo en la frontera.

Pero, dijo, otras políticas del gobierno destinadas a lograr ese objetivo también están siendo bloqueadas por los tribunales.

Theresa Cardinal Brown, directora de política de inmigración y transfronteriza en el Bipartisan Policy Center, dijo que la única manera de frenar la interferencia de las cortes en las políticas de inmigración era que el Congreso aprobara leyes, en lugar de dejar que la Casa Blanca estableciera la política mediante órdenes ejecutivas.

“La responsabilidad última en estos asuntos recae en el Congreso, que en repetidas ocasiones no ha colaborado en la elaboración de leyes que puedan aportar claridad a unas decisiones judiciales cada vez más incoherentes y opuestas”, dijo Cardinal Brown.

El Congreso no se ha puesto de acuerdo para modificar las leyes de inmigración desde 1986.

Eileen Sullivan colaboró con reporteo.

Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre sucesos legales. Se graduó de la Escuela de Derecho de Yale y fue litigante 14 años antes de unirse al Times en 2002. @adamliptakFacebook

Miriam Jordan cubre a los inmigrantes desde la perspectiva de base y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, India, Hong Kong e Israel.

Eileen Sullivan es una corresponsal en Washington que cubre el Departamento de Seguridad Nacional. Antes trabajó en Associated Press, donde ganó un Premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación. @esullivannyt

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