Apenas unas horas antes que la gobernadora Kathy Hochul anunciara este lunes un acuerdo preliminar con la legislatura estatal sobre el presupuesto del estado de Nueva York, correspondiente al año fiscal 2025, surgía en el epicentro de varias organizaciones comunitarias, una gran interrogante: ¿Se incluirán en este paquete de $237 mil millones algunas leyes que serían de gran beneficio para las comunidades migrantes indocumentadas?
En las “letras grandes” del anuncio de la mandataria estatal, la respuesta es: No, aunque todavía faltan algunos días de deliberaciones, para sellar acuerdos con la mayoría demócrata de la Asamblea y el Senado estatal, antes de firmar el presupuesto final.
El único punto que subrayó Hochul, relativo a los migrantes, fue la aprobación de un plan de alivio de $2,4 mil millones, para que la Gran Manzana puede seguir batallando con la crisis migratoria, impulsada por el arribo de miles de migrantes que siguen llegando pidiendo albergue.
“Seamos claros, los republicanos recibieron órdenes de un expresidente para bloquear cualquier solución de fondo de esta crisis en la frontera. A nosotros nos toca ayudar a la Ciudad a lidiar con este problema humanitario”, remarcó la gobernadora.
Presión por ‘NY para Todos’
Antes de conocerse las campanadas de este acuerdo, portavoces de la coalición ‘Nueva York para Todos’ –integrada por más de diez organizaciones pro-defensa de los migrantes y los derechos civiles–, se concentró en la sede del capitolio estatal en Albany, al grito estridente de: ¡Nueva York es nuestra casa. Aquí estamos. Y aquí nos quedamos!
Ante la presión del fin de las discusiones presupuestarias, líderes comunitarios y electos exigieron que en los próximos días de conversaciones, no le den más largas a la denominada Ley Nueva York para Todos, la cual prohíbe a las fuerzas de seguridad locales y a las agencias estatales trabajar de la mano con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Este proyecto de ley codificado como S.03076/A.02328 fue introducido por primera vez en 2019.
La propuesta prohíbe a las agencias ICE y CBP entrar en áreas no públicas de propiedad estatal y local, sin una orden judicial, garantiza que las personas en custodia sean notificadas de sus derechos antes de ser entrevistadas por estas agencias federales. Además inicia el proceso para limitar el acceso de ICE y CBP a las bases de datos con información estatal.
“No queremos seguir trabajando y llevando nuestras vidas con miedo. Ya por 20 años he vivido con el temor de que cualquier contacto con la policía o cualquier simple error de tránsito, me separe de mi familia. Tampoco que mis hijos crezcan con ese trauma, que en cualquier momento su padre no regrese a casa”, contó Luis Jimenez, portavoz de la Alianza Agrícola.
Luis compartió en la protesta, la historia de un amigo trabajador que ante una emergencia médica terminó “encerrado” en un proceso de deportación.
“Mi compañero fue tratado como un criminal. Eso no es justo para miles de familias que hemos llegado solo a contribuir con la economía. Las familias trabajadoras y honestas merecen esta protección”, remató el migrante.
Un terreno complicado
De acuerdo con fuentes legislativas consultadas por El Diario, el anteproyecto Nueva York para Todos, el cual ha quedado rezagado por cinco años, desde que fue introducido en el comité del senado estatal, entra en un terreno muy complicado particularmente este año.
En los hechos, la crisis migratoria y una serie de casos aislados de hechos violentos protagonizados por inmigrantes recién llegados, por el contrario ha puesto sobre el tapete, la necesidad de revisar la colaboración de las autoridades de la ciudad de Nueva York, considerada ‘ciudad santuario’, con La Migra.
“Aprobar esta legislación en este momento, cuando gran parte del electorado neoyorquino e incluso líderes electos demócratas, están exigiendo medidas más radicales contra la pequeña minoría de migrantes que cometen delitos, e incluso más controles fronterizos, no parece tampoco muy factible este año”, destacó la fuente.
Por su parte, el trabajador agrícola mexicano, Salvador Gutiérrez, con 32 años viviendo en Long Island considera “inhumano”, que por las acciones negativas de un grupo muy minoritario, se estén tomando decisiones que son más políticas que prácticas.
“Hemos visto cómo las leyes están invertidas. Mientras que trabajadores agrícolas han sido puestos en procesos de deportación, por saltarse una ley de tránsito en el norte de Nueva York. Vemos cómo agarran a delincuentes en la ciudad, con las manos en la masa robando y golpeando a policías. Y los sueltan. Esto es cruel, absurdo y hasta ridículo”, opinó el trabajador agrícola.
“Oportunidades para prosperar”
Otros analistas consultados aseguran que existe la tesis que Nueva York podría dar un paso adelante poniendo de alguna manera en la balanza alguna ley ‘proinmigrante’, en un momento en que estados republicanos como Texas y Florida, están pujando por leyes más duras contra los indocumentados.
“Desde ninguna lógica política se puede pensar que por el hecho que un grupo de migrantes cometieron delitos, entonces esos hechos aislados, le va a cortar las alas a iniciativas que finalmente protegerían a trabajadores esenciales de Nueva York. Estas propuesta distan mucho de ayudar a los criminales peligrosos, a esconderse de las autoridades”, destacó
Asimismo, la senadora de Queens, Jessica Ramos en su intervención ante el grupo de manifestantes, liderados por activistas de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) pondera que un grupo de legisladores están peleando para pasar el presupuesto lo “antes posible”, pero con protecciones clave para la clase trabajadora.
“Soy orgullosamente hija de migrantes colombianos. Y estoy en esta posición para responder a las necesidades de los más vulnerables. Nuestra gente merece no solo existir, sino tener oportunidades para prosperar. Por eso apoyo de forma frontal las legislaciones que nos permitan superar los miedos de nuestras comunidades”, defendió la legisladora.
En el listado de prioridades de la coalición de organizaciones que apoyan a los inmigrantes se encuentra además la propuesta ‘Ley de Dignidad, No Detención’ la cual podría fin a los contratos de ICE con las cárceles locales, reuniendo a las personas con sus familias y al mismo tiempo permitiéndoles luchar con mayor capacidad contra la deportación.
También algunos mantienen la esperanza que vea luz verde, a más tardar la próxima semana, la ‘Ley de Acceso a Representación’ que crea el derecho a un abogado en los tribunales de inmigración del estado de Nueva York, para inmigrantes en riesgo de deportación y garantiza financiación para servicios legales de inmigración sostenibles y de alta calidad.
¿Seguro médicos para todos?
En el Capitolio estatal hasta último momento, movimientos que defienden los derechos civiles y organizaciones comunitarias, también exigieron al gobierno estatal, que no siga poniendo trabas a la posibilidad de que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, puedan tener acceso a un seguro de salud preventiva.
A principios de marzo, el Senado y la Asamblea Estatal incluyeron el anteproyecto ‘Cobertura para Todos’ en sus propuestas presupuestarias, lo cual se traduce en un paso para garantizar que aproximadamente 150,000 neoyorquinos pobres, sin seguro, tengan acceso a la atención preventiva que necesitan.
Se estima que 255,000 neoyorquinos, entre 19 y 65 años, están excluidos del seguro médico (como Medicaid y el Plan Esencial) por estar indocumentados.
Esta legislación patrocinada por el senador de El Bronx, Gustavo Rivera, resolvería este problema ampliando el Plan Esencial para todos los neoyorquinos de bajos ingresos, que cumplan con los requisitos de ingresos (hasta el 250% del nivel federal de pobreza).
Esto se haría utilizando fondos federales que sólo pueden utilizarse para la expansión de la atención médica a través de una cuenta de “transferencia”.
Este proyecto de ley ordenaría al Comisionado de Salud (COH) modificar su programa de exención 1332, para buscar cobertura para ciertas personas indocumentadas, que son residentes del estado.
Ya en vigencia se autorizaría al COH a quitar limitaciones en la inscripción de esta población, con una expansión de cobertura mínima de 240,000 personas y lo autorizaría a brindar cobertura a personas más allá de ese número.
“La salud es un derecho humano, no es un privilegio. Como hemos dicho muchas veces con argumentos técnicos muy claros, esta legislación no será un gasto para Nueva York, sino un ahorro. Es una solución simple a un gran problema. Serán millones y millones de dólares que las arcas estatales estarán ahorrándose del Medicaid de emergencia. Tengo toda la esperanza de que lo lograremos este año”, concluyó la asambleísta de Queens, Jessica Rojas, una de las impulsoras de esta iniciativa.
El dato:
- 10 organizaciones conforman la coalición ‘Ny para Todos’: Immigrant Defense Project, The Bronx Defenders, Release Aging People from Prison, Center for Community Alternatives, Violence Intervention Program, Alianza Agricola, New York Immigration Coalition, Vera Institute of Justice, Families for Freedom y New York Civil Liberties Union.
