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Regularización de inmigrantes o el fracaso de la política migratoria

Autor: Ramon de Marcos Sanz

El pasado 9 de abril se presentó en el Congreso, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite con el apoyo de todos los partidos excepto Vox, cuyo objetivo es proceder a la regularización de los inmigrantes en situación irregular, que se estima sobrepasa el medio millón de personas.

Veamos algunos elementos de contexto que hay que considerar para su valorización.

En lo que se refiere a la opinión pública hay dos estudios recientes, uno realizado por en enero para el diario El Mundo, que según el periodista Luis Fernando López “retrata un país preocupado por el incremento de la inmigración hasta el punto de que casi la mitad de los españoles (47,2%) considera que “hay demasiados inmigrantes”. Superan por 6,5 puntos a la suma de quienes manifiestan que “hay un número adecuado” (26,3%) y quienes afirman que “necesitamos más inmigrantes” (14,4%), según la encuesta de Sigma Dos.

En la segunda encuesta, hecha por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el día 15 de abril, “un 50,8% de los españoles estaría a favor de la ILP, frente a un 43,1% que la rechaza. Además, la discordia es también ideológica, con izquierda y nacionalistas votando que sí y derecha y abstencionistas más proclives al no”.

En lo que se refiere a la CEOE y las patronales sectoriales se muestran partidarios de contratar en origen para cubrir vacantes. 

Por otra parte, un estudio reciente del BBVA Research, publicado en ABC el día 24 de abril, en un apéndice sobre Inmigración y dinamismo del empleo elaborado por Rafael Doménech dice “los extranjeros son responsables del 63,6% de todo el empleo creado entre el 1 de enero de 2020 y el mismo día de 2024 -de los 1,28 millones de ocupados sumados en estos cuatro años, unos 814.000 proceden de fuera del país”.

En paralelo la redacción del El Debate señalaba el 20 de marzo cómo “el número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó los 2.908.649 a 1 de enero de 2024, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) publicados el día 19 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un 4,2 % más (118.332 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2023 y un récord histórico que evidencia que las políticas del Gobierno no hacen más que ahuyentar españoles de su país y hacer que los que ya se han ido no retornen y procreen en los países destino”. 

Otros datos significativos proporcionados por el INE muestran que las personas nacidas en el extranjero y nacionalizados a residentes en España son ya 8.569.954 millones. En enero 2023, había 4.398.888 empadronados de los cuales 2.689.497 eran residentes legales. Otro dato, desde el año 2000 al 2023 se habían concedido 2.238.515 nacionalizaciones, y para finalizar desde 2005 a 2023 el número de inmigrantes irregulares llegados por vía marítima se sitúa en 357.989 personas. Consideremos estas cifras para entender el cambio de tendencia de la opinión pública en lo que respecta al tema migratorio.

Y en lo que respecta al análisis teniendo en cuenta este escenario nos muestra, que creamos empleo de servicios y expulsamos a los profesionales cualificados. La demografía señala que el 17,85% de las personas nacionales o residentes en España son de origen extranjero. Indudablemente el porcentaje no es igualitario así, Cataluña, Baleares o la Comunidad de Madrid, presentan mayores prevalencias, valga el dato facilitado por el INE de los bebés nacidos cuyos progenitores al menos uno ha nacido fuera de España, cuando la media nacional es de 36,7%, en Barcelona es del 49,2%, en Baleares es el 49,2% y en Madrid es el 43,3%.

Definitivamente está cambiando la composición de la población del país de manera muy brusca y es algo a lo que tendremos que ir acostumbrándonos, y afrontar los retos que esto significa de mayor demanda en materia de sanidad, educación, vivienda, trabajo servicios sociales, seguridad y rentas.

España carece de una política migratoria seria pactada entre los principales partidos políticos y al carecer de dicha política, que procese en los países de origen, desde el año 1987, primera regularización, y las de 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005, ha concedido 1.253.854 permisos de residencia y trabajo y ha convertido este sistema, previsto para situaciones excepcionales, en la vía ordinaria de regularización española.  

Incapaces de afrontar, desde la normalidad el reto migratorio, el nuestro es un país que alimenta  las mafias del tráfico de seres humanos, y que una vez en su interior les condena a morar sin facilitarles un sistema digno de vida, dado que no pueden acceder al trabajo de manera ordinaria, por el hecho de no estar regularizados. Necesitan tres años, y uno más de papeleo para obtener los papeles por arraigo, mientras tanto afrontan todo tipo de riesgos para sobrevivir dignamente, y los señuelos de la explotación sexual y de las conductas desviadas.

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