(CNN) — El corazón de María Acosta se encoge cada vez que escucha la pregunta.
“Señora, ¿tengo que mudarme?”
Los inmigrantes en Iowa siguen preguntándole. Y Acosta dice que no sabe cómo responder.
“Me siento impotente. Me siento frustrada”, dice Acosta, organizadora comunitaria del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. “¿Qué puedo decirle a la gente? No puedo decirles: ‘Oh, no, todo va a estar bien’. No sé si todo va a estar bien. En este momento no está nada bien”.
El mes pasado, los legisladores de Iowa aprobaron rápidamente un proyecto de ley que le permitiría a la policía local arrestar a algunos inmigrantes indocumentados y daría a los jueces estatales el poder de ordenar deportaciones. Este miércoles, la gobernadora del estado firmó la ley que, si bien no entrará en vigor hasta el 1 de julio, Acosta y otros defensores dicen que la preocupación y la confusión ya son altas en las comunidades de inmigrantes.
“Me afecta cuando veo el miedo en sus caras. No saben qué hacer”, dice Acosta, “a pesar de que llevan 10 o 15 años viviendo aquí y esta es su casa”.
Iowa se encuentra entre al menos nueve estados que este año han evaluado restricciones que reflejan partes de la ley de inmigración de Texas conocida como SB4, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Las propuestas aún están pendientes de aprobación en algunos estados. En otros, no se aprobó.
Se desconoce cómo los funcionarios harían cumplir y financiarían la medida de Iowa, conocida como SF 2340. Es probable que enfrente desafíos legales, lo que significa que su implementación podría retrasarse o incluso bloquearse en los tribunales, como ha sucedido hasta ahora con la ley de Texas que la inspiró. Sin embargo, los defensores dicen que esta incertidumbre no ha aliviado las preocupaciones sobre la posible discriminación racial y la erosión de la confianza entre las autoridades y las comunidades.
“¿Cómo deportarías a alguien? ¿Y quién? (…) Nadie sabe cómo podría aplicarse o se aplicaría esta ley”, dice Erica Johnson, directora ejecutiva del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa.
Esta estudiante universitaria ya decidió que abandonará su estado
Enya Cid no piensa quedarse para averiguarlo.
El próximo mes, la joven de 21 años se graduará en ciencias políticas de la Universidad Grand View en Des Moines.
El mes pasado revisaba las opciones de estudios de posgrado cuando los legisladores de Iowa votaron para aprobar el proyecto de ley de inmigración. Cid dice que eso la impulsó a tomar una decisión difícil sobre su futuro.
“Ya no quiero vivir en un estado donde siento que no me valoran”, comenta Cid, quien fue traída a Estados Unidos desde México cuando era una niña pequeña y asegura que ha vivido en Iowa durante los últimos 18 años.
Cid explica que solicitó una visa U, que brinda residencia legal y protección contra la deportación a las víctimas de delitos, y dice que le otorgaron un permiso de trabajo mientras su solicitud está pendiente. Pero teme que eso no impida que ella y muchos otros inmigrantes indocumentados en una situación similar sean objeto de la nueva medida.
Además de la nueva ley de Iowa, Cid dice que varios proyectos de inmigración en el estado no lograron ser aprobados por la legislatura. En conjunto, han “causado mucho caos y miedo en mi comunidad”, afirma.
Enya Cid, de 21 años, dice que planea irse de Iowa y ahora considera opciones de escuelas de posgrado fuera del estado. “Ya no quiero vivir en un estado en el que siento que no me valoran”, dice. Crédito: Cortesía de Todd Bailey/Universidad Grand View.
Ahora, dice, a pesar de su reciente aceptación en la escuela de posgrado de la Universidad de Iowa, esa opción está descartada. Planea abandonar el estado y considerar otros programas en Arizona y Nuevo México, donde espera estudiar planificación urbana.
“Puede que no tenga derecho a votar”, comenta, “pero puedo votar con los pies”.
La aprobación de la SF 2340 en Iowa, dice Cid “me hizo sentir insegura”.
Pero incluso cuando se vaya de Iowa, Cid afirma que muchos de los miembros de su familia que ama se quedarán. Ella es muy consciente de que no todo el mundo puede darse el lujo de marcharse.
“Por más fácil que me resulte considerar mudarme, hay muchas personas en Iowa que han echado raíces aquí durante más de dos décadas”, dice. “Tienen negocios aquí. Son dueños de casas. Tienen hijos que nacieron y crecieron aquí”.
Cid dice que ha tratado de tranquilizarlos.
“He tratado de explicar la ley lo mejor que puedo”, afirma. “No estamos seguros de cómo (el fiscal general) haría cumplir esto. Soy una especie de voz que les dice: ‘Vayamos día a día y veamos cómo resulta’”.
Otros estados consideran medidas similares
Los estados donde los legisladores han considerado este año una legislación similar a la ley de inmigración de Texas comparten varias cosas en común. La mayoría de ellos tienen legislaturas dominadas por los republicanos. Y la mayoría de ellos no están cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Además de Iowa, los legisladores también analizaron propuestas en los estados de Idaho, Kansas, Louisiana, Missouri y Carolina del Sur, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Iniciativas similares fracasaron en Arizona, donde el gobernador demócrata del estado vetó un proyecto de ley aprobado por su legislatura dominada por los republicanos, y en Mississippi y Virginia Occidental, donde las medidas propuestas fallaron en el comité.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien expresó repetidamente su apoyo a los esfuerzos de su par de Texas para acabar con la inmigración ilegal, sostiene que los estados intervienen para asegurar la frontera porque el Gobierno federal no lo ha hecho.
“Aquellos que entran ilegalmente a nuestro país han violado la ley, pero (el presidente Joe) Biden se niega a deportarlos”, dijo Reynolds este miércoles. “Este proyecto de ley otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”.
El proyecto de ley de Iowa convierte en un delito menor agravado que los inmigrantes se encuentren en el estado si han reingresado a EE.UU. después de que previamente se les haya negado la admisión o hayan sido deportados del país. También, requiere que los jueces estatales emitan una orden de deportación si un inmigrante es declarado culpable de ese delito menor agravado.
La medida llega en un momento en que la inmigración es un tema central en la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2024. Los republicanos convirtieron en un punto central las críticas del enfoque de la administración Biden y la seguridad fronteriza, mientras que los demócratas acusan al presunto candidato republicano Donald Trump y a sus seguidores de exacerbar deliberadamente la crisis y boicotear posibles soluciones para ganar puntos políticos.
Con un número récord de inmigrantes que tratan de llegar a suelo estadounidense, las tensiones han estallado en la frontera entre Estados Unidos y México y en todo el país, a medida que los estados liderados por los republicanos intentan cada vez más tomar un mayor control de la aplicación de las leyes de inmigración.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, a la derecha, junto a un grupo de gobernadores detrás del gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una conferencia de prensa en la ciudad fronteriza de Mission, Texas, en octubre de 2021. Sergio Flores/Bloomberg/Getty Images.
Los patrocinadores del proyecto de ley de Iowa argumentan que tales medidas son necesarias debido a lo que consideran una “invasión” en la frontera. Los críticos califican el proyecto de ley de Iowa y otras medidas estatales propuestas como discriminatorias e inconstitucionales, y argumentan que el Gobierno federal supervisa la aplicación de la ley de inmigración, no los estados.
Una tendencia similar se desarrolló después de que Arizona aprobara una controvertida ley de inmigración en 2010, dice Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
La Corte Suprema finalmente anuló la mayor parte de la ley de Arizona de 2010 y la ola de leyes estatales que la siguieron, tras considerar que los estados no podían aplicar políticas de inmigración que socavaran la ley federal. En su fallo del 2012, el tribunal dejó en pie una de las partes más controvertidas de la ley de Arizona: una disposición que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de una persona mientras hace cumplir otras leyes si existe una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Actualmente, la SB4 está suspendida en Texas mientras se desarrolla un desafío legal en su contra en los tribunales.
De todos modos, expertos legales le dijeron a CNN este mes que el caso de Texas podría eventualmente brindarle a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, la oportunidad de examinar de nuevo el control que el Gobierno federal ha mantenido durante mucho tiempo sobre la política de inmigración.
Los defensores de los inmigrantes dicen que se preparan para luchar contra cualquier otra medida estatal que se convierta en ley. Aún así, si esas medidas finalmente son bloqueadas por los tribunales, como esperan sus defensores, su impacto ya se está sintiendo.
“La legislación es tan amplia, tan opresiva, que crea este nivel de miedo y caos, incluso con el simple hecho de promulgarla”, dice Balakrishnan.
“Tengo la ciudadanía y me podrían detener”
En Idaho, donde la Cámara estatal aprobó el mes pasado una medida que imita la ley de Texas, Estefania Mondragón dice que ha tratado de hacer correr la voz y también para mantener a la gente tranquila, incluidos miembros de su propia familia que han preguntado si deberían comenzar a hacer planes para abandonar el estado.
“Es un equilibrio difícil informar a la comunidad, pero no asustarlos al mismo tiempo”, dice Mondragón, codirectora ejecutiva de PODER de Idaho, una organización de defensa que representa a las comunidades latinas e inmigrantes.
La medida de Idaho haría de la entrada ilegal un delito estatal y convertiría en delito estatal el reingreso a Estados Unidos después de una deportación o denegación de admisión.
El proyecto de ley, que incluye secciones que parecen haber sido copiadas palabra por palabra de la ley de Texas, no se sometió a votación en el Senado del estado antes de que terminara la sesión legislativa este miércoles.
Estefanía Mondragón, directora ejecutiva de PODER de Idaho, espera que allí no se apruebe una propuesta de ley de inmigración. Crédito: Cortesía de PODER de Idaho.
Pero eso no impedirá que vuelva a aparecer en una sesión futura. Mondragón dice que su organización la sigue de cerca. Al igual que en Texas e Iowa, a los grupos de defensa les preocupa que las fuerzas del orden recurran a la discriminación racial para hacerla cumplir.
“Sería horrible para muchos inmigrantes, así como para los no inmigrantes, porque también nos afectaría a nosotros. Tengo ciudadanía y me podrían parar y pedirme mis papeles”, dice Mondragón.
Por ahora, Mondragón dice que aconseja a sus familiares que pospongan lo de hacer las maletas.
Pero si la medida finalmente se aprueba, asegura que no tiene dudas de que muchas familias considerarían mudarse. Eso perjudicaría a las comunidades agrícolas y a los pequeños pueblos de todo el estado, según Mondragón, muchos de los cuales “serían pueblos fantasmas sin inmigración”.
Prepararse para lo que sigue
En Iowa, donde la ley entrará en vigor dentro de unos meses, Fabiola Schirrmeister dice que responde a un número creciente de preguntas sobre lo que podría suceder a continuación.
La elaboración de perfiles raciales es una preocupación importante que surgió recientemente en foros comunitarios y en el programa de radio en español que presenta Schirrmeister.
“¿Porque nos vemos diferentes, tenemos cabello oscuro, tenemos piel oscura, ahora podemos ser detenidos por la policía, y tienen derecho a pedirme mis documentos, sin que yo haga nada malo?”, argumenta Schirrmeister. “No es algo que quieras escuchar en 2024”.
Los defensores dicen que los miembros de la comunidad siguen haciendo preguntas que no pueden responder sobre un proyecto de ley de inmigración aprobado recientemente en Iowa. En esta reunión de marzo, de la que informó por primera vez The Associated Press, algunos miembros de la audiencia preguntaron si debían abandonar el estado. Crédito: Charlie Neibergall/AP.
Mientras esperan respuestas, los defensores dicen que preparan su estrategia legal y, lo más importante, tratan de ayudar a los miembros de la comunidad a prepararse.
“Los ayudamos a establecer lo que llamamos mecanismos de planificación de seguridad y defensa comunitaria que, lamentablemente, se han vuelto demasiado habituales para las comunidades de inmigrantes no sólo en Iowa, sino en todas partes”, dice Johnson, del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa. “¿Qué debo decirles a mis hijos sobre lo que haremos como familia si me agarran camino al trabajo? Si no estoy allí para recogerlos en la escuela, ¿a quién llaman? ¿Quién tendrá la tutela de ellos si me arrestan y deportan?”.
¿Qué se puede hacer en este momento? “Lo único que podemos hacer es conocer nuestros derechos, elaborar un plan de seguridad y prepararnos para la batalla”, dice Acosta. “Porque vamos a luchar contra esto”.
En un momento en el que es difícil encontrar respuestas definitivas a una lista cada vez más larga de preguntas, esa es una respuesta de la que está segura.
Devan Cole, Alisha Ebrahiji y Alexandra Ross de CNN contribuyeron a este informe.
