El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha asegurado este lunes que ha reservado aviones comerciales chárter y que ya se ha formado a personal de vuelo para empezar a deportar a migrantes y solicitantes de asilo a Ruanda en 10 o 12 semanas. En respuesta a este plan, representantes del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU han puesto su mirada sobre las aerolíneas y autoridades reguladoras de la aviación para que “no faciliten” que se ejecuten estas expulsiones.
Aunque sea aprobado el acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda en la votación en el Parlamento británico, prevista este lunes; las compañías “podrían ser cómplices de la violación de derechos humanos internacionalmente protegidos y de órdenes judiciales”, advierten en un comunicado conjunto los relatores especiales de la ONU contra el tráfico de personas Siobhán Mullally; para la protección de los derechos de las personas migrantes, Gehad Madi, y contra la tortura, Allice Jill Edwards.
Los firmantes destacan que las expulsiones de personas de cualquier nacionalidad a Ruanda u otros países violan el derecho a “no sufrir tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Así lo reconoció en noviembre de 2023 el Tribunal Supremo británico, que declaró ilegales estas deportaciones, por lo que “si las compañías aéreas y las autoridades de aviación hacen efectivas decisiones estatales que violan los derechos humanos, deben ser consideradas responsables de su conducta”, concluyen.
“Las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos”, recuerdan los expertos de la ONU. Aunque es el daño reputacional lo que más temen las compañías. Tras la negativa de la aerolínea estatal ruandesa RwandAir de transportar solicitantes de asilo “por temor a perjudicar su marca”, según publicó Financial Times, medios británicos señalan que la operadora de vuelos chárter AirTanker, con contratos con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Real británicos, ha mantenido conversaciones con el Gabinete de Sunak para fletar los aviones hacia Kigali, a 6.600 kilómetros de Londres.
“La firma de un acuerdo, en sí misma, no garantiza que a corto o medio plazo se adopten medidas de identificación, asistencia y protección eficaces para las víctimas de trata antes, durante o después del procedimiento de reubicación, que respondan a las obligaciones jurídicas del Estado en materia de trata de personas”, detallan desde el organismo de la ONU. Para hacerles saber estos riesgos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha contactado con la Autoridad de Aviación Civil británica, la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación y la Asociación Internacional de Aviación, Civil, entre otras instituciones. Los destinatarios tienen 60 días, todavía en curso, para responder a estas comunicaciones.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, como Freedom from Torture, han iniciado movilizaciones en redes sociales, un envío masivo de mensajes a los responsables de la aerolínea y protestas frente a la sede de AirTanker en Carterton, para exigirle que “cumpla su promesa” de no “beneficiarse del dolor de los migrantes”, señala por teléfono Lara Hawkins, portavoz de la ONG. “En 2022, cuando se paralizó el primer vuelo en el que se iba a deportar inmigrantes, fue la primera compañía en respondernos que no estaría involucrada”. Dos años después, ante la gestación de un nuevo acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, la entidad ha vuelto a repetir la estrategia de solicitar por escrito ese mismo compromiso, pero esta vez sin respuesta: “No confirman que no vayan a participar pese a la tremenda presión pública”. El silencio de la empresa hace temer a los activistas que su posición haya cambiado. “Han hecho un gran trabajo humanitario, incluso en Ucrania. Les llamamos a recordar esa labor y que se coloquen en el lado correcto de la historia”.
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