Se triplicaron las agresiones físicas a defensores del medio ambiente en Chile

Una investigación presentada ayer por la Fundación Escazú Ahora muestra que el año pasado hubo en el país un aumento en la cantidad de casos de violencia contra personas defensoras del medio ambiente; un incremento en el nivel de violencia y, también, en la cantidad de activistas afectados, en relación a 2023. El análisis de estos datos, indican desde la ONG, ha permitido “identificar tendencias preocupantes en la situación de los defensores ambientales en Chile”.

Para efectos del análisis, el informe diferencia entre los casos y las personas, puesto que un mismo individuo puede ser objeto de más de una agresión. Por ejemplo, las regiones del Biobío y de Valparaíso son las que tienen más personas defensoras del medio ambiente que han sufrido algún tipo de violencia por su condición (cada una con 26,9% del total); sin embargo, la región del Biobío registra muchos más casos (34 %) que Valparaíso (14,9).

El principal objetivo de esta investigación es “visibilizar la gravedad de estos hechos a partir del análisis de los datos recopilados por la ONG Escazú Ahora en el lapso de un año, poniendo especial énfasis en las tendencias emergentes y en la necesidad urgente de adoptar medidas efectivas para la protección de quienes defienden el medio ambiente”, según se declara en la introducción del documento.

Agrega que “a través de un análisis detallado, se identifican los principales patrones de agresión y los sectores productivos con los que estas amenazas están vinculadas. (…) Asimismo el informe propone una serie de recomendaciones dirigidas al Estado y a la sociedad civil para fortalecer la protección de los defensores ambientales y garantizar su derecho a realizar su labor sin temor a represalias”.

Principales hallazgos

El informe indica que el análisis de los datos recopilados en 2024 permite identificar “tendencias preocupantes” en la situación de los defensores ambientales en Chile y, al respecto, destaca seis hallazgos principales.

El primero es el “aumento de la violencia física”, puesto que en 2024 el 48,9% de las agresiones fueron de carácter físico, esto es más del triple de lo registrado en 2023 (14,7%). Este tipo de violencia, de acuerdo a los datos recabados, se concentró en las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos. “Esto confirma una escalada en el nivel de brutalidad y peligrosidad de los ataques y evidencia la insuficiencia de las medidas concretas de protección existentes”, sostiene el documento.

En segundo lugar, releva que se constató “mayor exposición de las mujeres defensoras” porque, aunque en 2024 el número total de hombres y mujeres afectados parece similar, el 70,2% de los casos registrados involucró a mujeres, “lo que indica que muchas de ellas fueron amenazadas más de una vez en el año”.

Un tercer hallazgo es la “diversificación de las amenazas judiciales”, en referencia al uso de acciones judiciales que carecen de fundamento y que son interpuestas para amedrentar a los y las defensoras. “Si en 2023 las amenazas mediante mecanismos judiciales se limitaron a demandas, en 2024 se documentó el uso de recursos de protección, querellas y otras herramientas legales para hostigar a los defensores”, dice el informe de Escazú Ahora, y agrega que “los conflictos en la industria energética y el saneamiento ambiental fueron los principales sectores donde se aplicaron estas tácticas de amedrentamiento legal”.

En cuarto lugar destaca un “incremento de la violencia en el sector forestal” pues el 38,3% de las amenazas documentadas en 2024 estuvieron vinculadas a este sector, mientras que el 91,3% de los casos de violencia física se relacionaron con conflictos en este ámbito. “Las regiones del Biobío y Los Lagos fueron las más afectadas, mostrando una preocupante correlación entre la expansión del sector forestal y el uso de la fuerza como mecanismo de intimidación”, dice la ONG.

El estudio también consigna como hallazgo la “falta de acceso a la justicia” y explica que en el 38,2% de los casos de amenaza contra defensores afectados no se tomó ninguna acción judicial, “en parte por desconfianza en el sistema y en parte por la revictimización que han experimentado”. Añade que en los casos donde sí se emprendieron mecanismos judiciales, el 53,1% sigue en trámite y el 2,1% obtuvo una resolución favorable.

Finalmente, el informe llama la atención sobre la “distribución geográfica de las agresiones”: La región con mayor cantidad de casos documentados en 2024 fue Valparaíso, manteniendo la tendencia del año anterior. “Sin embargo, de acuerdo con la información sistematizada, la región más violenta fue el Biobío, donde se concentró el mayor número de agresiones físicas, lo que permite inferir un preocupante aumento de la brutalidad en los ataques contra los defensores”.

Comparación con 2023

La metodología para recabar la información -explica Fundación Escazú Ahora-, consistió en un proceso de búsqueda, sistematización y validación de información -recopilada por diversos canales- cuantitativa y cualitativa de casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Al respecto la ONG establece las limitaciones de su informe y señala que “lo documentado es probablemente sólo la punta del iceberg. Muchos casos podrían no estar siendo registrados por la falta de recursos y de mecanismos adecuados para la denuncia y la documentación, además de la dificultad para acceder a lugares geográficamente aislados”.

Teniendo eso en consideración, las cifras entregadas para 2024 hablan de “47 casos de vulneración de derechos que impactaron a 27 personas defensoras medioambientales”, mientras que en 2023 documentaron “35 casos de vulneración de derechos contra 20 personas defensoras del medioambiente”.

Más allá de los números, la investigación concluye que 2024 fue “un año alarmante de violencia para quienes defienden el medioambiente en Chile”. Esto, porque “los actos de vulneración de derechos que hemos documentado han trascendido las amenazas (registradas como la tendencia más fuerte en 2023) y se han transformado en ataques violentos que ponen en riesgo la integridad de quienes protegen nuestro entorno”.

Agrega que, en promedio, durante 2023 hubo un ataque a defensores de la naturaleza cada 10 días, mientras que en 2024 eso se redujo a un promedio de 7 días. El año pasado, además, noviembre fue el mes con mayor incidencia de ataques.

Un caso que grafica el cambio constatado entre 2023 y 2024 es el de Orietta Llauca, abogada ambientalista mapuche. El informe lo menciona en el apartado sobre “Género”, donde aclara que de los 27 actos de violencia registrados el año pasado, 13 corresponden a mujeres y 14 a hombres y “si bien a primera vista esta distribución parece equitativa, al analizar el total de casos de agresión se revela un panorama alarmante: las mujeres defensoras enfrentan violencias específicas e interseccional, tanto en número como en complejidad”.

Posteriormente, detalla que “en 2023, Orietta recibió una amenaza a través de correo electrónico en la que se le exigía desistir de sus causas, advirtiendo que de no hacerlo quemarían su casa. Aunque presentó la denuncia en el Ministerio Público en su momento, la intimidación continuó. Es más: la situación se agravó el 29 noviembre de 2024 cuando su oficina fue incendiada, evidenciando los efectos de la falta de investigación con foco en el acto de defensa y la creciente agresividad de los ataques contra quienes ejercen la defensa del medio ambiente”.

El informe de Escazú Ahora – disponible en la página web de la ONG-, está dedicado este año a Julia del Carmen Chuñil Catricura (Máfil, región de Los Ríos), desaparecida desde el 8 de noviembre 2024; y a Ramón Eduardo Chiguay Cárcamo (Chiloé, región de Los Lagos), fallecido e circunstancias poco claras el 7 Junio 2024. En el documento se detalla que “dado que las razones de sus muertes aún no han sido confirmadas y existen procesos judiciales en curso, no consideramos estos casos dentro de las agresiones documentadas”. No obstante, agrega, “sí se han tomado en cuenta las amenazas y actos de presión que ambos defensores recibieron previo a sus muertes, lo que refuerza la gravedad del contexto de violencia e intimidación en el que operan quienes defienden el medio ambiente”.

La elaboración del estudio, denominado “La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024”, estuvo a cargo de Joaquín Salinas Atenas (investigación); Sebastián Benfeld Garcés (redacción); Francisca Stuardo Vidal (edición); Sol Kötzing Lavanderos, Juan Serey Aguilera (revisión).

Proyecto de ley

La protección para las personas defensoras de la naturaleza es un deber adquirido por Chile al ser parte (desde septiembre de 2022), del través del Acuerdo de Escazú, cuyo nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

En consideración de lo anterior, el diputado del Partido Liberal Luis Malla Valenzuela presentó un proyecto de ley “que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales”. Dicha iniciativa (Boletín N°16.886-12), a la que el gobierno le puso suma urgencia, fue aprobada ayer en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputadas, con 7 votos a favor, 4 en contra y 2 “no vota”.

Votaron a favor: Jaime Araya, Félix González, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Camila Musante, Clara Sagardia, y Marisela Santibáñez; en contra: Sara Concha, Eduardo Cornejo, Cristóbal Ramírez, y José Meza; no votaron: Mónica Arce, y Hugo Rey.

Antes de la votación expusieron los abogados de ONG Fima Carolina Palma y Ezio Costa, así como los abogados Juan Alberto Molina, Julio Inocencio y Miguel Fredes, representantes de defensores ambientales de la comuna de Limache. Estos invitados pusieron énfasis en el hostigamiento judicial que sufren los defensores y defensoras de la naturaleza en Chile. Los juristas detallaron en qué consiste y dieron algunos ejemplos de SLAPP –Strategic Lawsuit Against Public Participation– o Demanda Estratégica contra la Participación Pública.

El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien estuvo presente en la sesión, recalcó la importancia que para el Ejecutivo tiene el Acuerdo de Escazú, y destacó que se trata de un pacto único en el mundo por cuanto incluye -además de acceso y participación- medidas de protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

“Nos parece que contar con una ley que haga una bajada al acuerdo es positivo y un avance, sobre todo en algunos aspectos”, como los principios, derechos y garantías establecidas, la creación de un reglamento que regule la materia, las facultades de investigación y medidas de protección temprana, etc. “Nos parece que el proyecto va en la dirección de avanzar en la implementar efectiva el acuerdo; como Ejecutivo lo apoyamos y tenemos la disposición a trabajar en conjunto en la tramitación y en ciertas indicaciones necesarias para precisar y recoger el debate que se dio hoy”, concluyó Proaño.