El Senado de Colorado aprobó el lunes 21 de abril una medida radical destinada a reforzar las protecciones para los inmigrantes.
El Proyecto de Ley 276 del Senado se aprobó prácticamente en línea con los partidos en una votación de 22 a 13. El senador Kyle Mullica, demócrata por Thornton, fue el único demócrata que se unió a los republicanos en el voto en contra.
El proyecto de ley introduce varios cambios importantes en la ley de inmigración de Colorado, abarcando desde el intercambio de datos personales hasta los procedimientos penales para los inmigrantes acusados.
La medida surge en medio de rumores sobre un aumento en la actividad de control migratorio en redes sociales y de informes sobre detenciones federales cerca o en los juzgados estatales, incluyendo la Vertiente Occidental. Los defensores afirman que el proyecto de ley busca garantizar el respeto de los derechos de los inmigrantes mientras el presidente Donald Trump implementa una rígida agenda de inmigración.
“No podemos controlar lo que el gobierno federal hace o no hace, pero sí podemos controlar lo que hacemos en Colorado,” declaró la senadora Julie Gonzales, demócrata por Denver, una de las principales promotoras del proyecto de ley. Podemos garantizar que la Constitución nos proteja a todos, y que, como estado, tenemos derecho a no ser controlados por el gobierno federal.
El proyecto de ley amplía las restricciones al intercambio de información personal entre agencias estatales y funcionarios federales de inmigración, incluyendo a los gobiernos locales, así como a los poderes judicial y legislativo del estado. También impide que espacios como escuelas, hospitales y guarderías brinden a los funcionarios federales acceso a espacios privados e información sobre niños o pacientes inscritos.
Los infractores recibirían una multa de $50,000 por infracción, dinero que se destinaría al Fondo de Defensa Legal de Inmigración del estado. Sin embargo, los funcionarios de inmigración podrían ingresar a espacios y obtener información si cuentan con una orden judicial válida.
Otros aspectos del proyecto de ley derogan el requisito de que los estudiantes que buscan matrícula estatal o una persona que busca una identificación estatal, y que se encuentran en el país sin documentos, presenten una declaración jurada en la que declaren que han solicitado o planean solicitar un estatus legal.
Además, el proyecto de ley amplía la capacidad de los residentes sin ciudadanía para impugnar las declaraciones de culpabilidad que hayan presentado de forma inconstitucional.
La ley actual permite a los acusados no ciudadanos impugnar las declaraciones de culpabilidad por ciertos delitos menores de clase 1 y 2, o delitos municipales, que podrían tener consecuencias adversas para su estatus migratorio. La SB 276 extiende esta facultad a los delitos menores de clase 3, los delitos de tránsito e infracciones menores.
El proyecto de ley también impide que las cárceles y las fuerzas del orden retrasen la liberación de un acusado a petición de las autoridades federales de inmigración. Además, permite al gobernador denegar el acceso a los estados que envían su Guardia Nacional u otras tropas militares a Colorado.
Los republicanos afirman que el proyecto de ley obstruye la política federal
Los republicanos se opusieron unánimemente a la medida, que, según ellos, obstruye la política federal de inmigración, restringe la capacidad de los funcionarios locales para combatir la delincuencia y agota los recursos comunitarios.
“Creo que esto socava la aplicación de la ley federal de inmigración y, en definitiva, las leyes de inmigración son política federal,” declaró el senador Paul Lundeen, republicano por Monument, líder de la minoría republicana en el Senado. Lundeen añadió que “al limitar la capacidad de las fuerzas del orden para cooperar con las autoridades federales de inmigración, el proyecto de ley podría permitir que personas con antecedentes penales permanezcan en las comunidades, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.”
Mullica, el único demócrata que votó en contra, afirmó que no le pareció que hubiera tiempo suficiente para analizar el proyecto de ley, incluyendo una serie de enmiendas presentadas el lunes.
Los cambios incluyeron la adición de un texto que aclara que el proyecto de ley no pretende interferir con las investigaciones y procedimientos penales federales. Otra enmienda definió los datos de geolocalización, amparados por la disposición de privacidad de datos del proyecto de ley, como información que permite rastrear la ubicación de una persona, como las coordenadas GPS y la información de ubicación del teléfono celular.
El proyecto de ley SB 276 está patrocinado por Gonzales, el senador Mike Weissman y las representantes Elizabeth Velasco, demócrata por Glenwood Springs, y Lorena García, demócrata por el condado de Adams. Se dirige a la Cámara de Representantes para su posterior debate.
