Aunque el objetivo era revisar nuevamente el proyecto de ley por la integración en este período legislativo a la comisión de Medio Ambiente de los senadores Rafael Prohens y Ricardo Lagos Weber, la sesión de la instancia este lunes fue el momento de analizar las primeras impresiones que ha dejado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y, también, sincerar que buscarán nuevas alternativas para reemplazar tanto las Coevas (Comisión de Evaluación Ambiental), como el Comité de Ministros, ambas instancias que se eliminan con el articulado.
De entrada, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que la idea era hacer nuevamente una presentación, pero que no sería la misma de la realizada en enero cuando se ingresó el texto, sino que “ya con un poquito de reflexión con estos dos meses que hemos tenido de audiencia y una retroalimentación importante de cómo se está recibiendo el proyecto”.
“El proyecto propone un conjunto de medidas, por eso que es un proyecto que no puede ser tan simple como resolver un tema no más y con eso se va a solucionar todo el problema de los permisos ambientales, y este conjunto de medidas buscan entregar certeza y eficiencia en los procesos sin relativizar estándares ambientales”, enfatizó.
Tal como se auguraba en el ingreso del articulado al Congreso, donde la propia ministra reconoció en entrevista con DF que la eliminación de las Coevas “generará debate”, en la exposición ante la comisión, el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, sinceró que ven que “existe consenso respecto a que la actual Coeva no es quizás la mejor órgano, pero que por otro lado también un órgano unipersonal podría tampoco ser la solución definitiva”.
Aylwin mostró la disposición para presentar a la comisión algunas cosas que están estudiando para hacerse cargo de esas observaciones. Según explicó, la primera, es que quieren llamar la atención respecto de que el actual sistema de Coevas no distingue de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que son más sencillos; y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que son más complejos.
“Si uno lo lleva a nivel de inversión, los EIA, que son el 10% del sistema, son el 50% de la inversión. Entonces, efectivamente uno podría centrar ahí las decisiones más complejas y tener un sistema que pudiese ser un poco más sencillo para las DIA. Actualmente, el sistema no distingue, le entrega al mismo órgano los dos tipos de proyecto”, dijo.
Lo segundo, añadió, “como Ministerio hemos encargado un informe en derecho para estudiar cómo se resuelve esta situación en otros países de la OCDE y otros órganos del sistema nacional, como la Comisión para el Mercado Financiero u otros que tengan integraciones colegiadas para ver qué otras soluciones también podríamos sugerir”.
El abogado también resaltó que es muy importante que este sea un sistema funcional y que entregue certidumbre, porque actualmente se cumplen los plazos. Según explicó, actualmente el presidente de la Coeva es el delegado presidencial y eso permite que este responda dentro de los plazos legales para calificar los proyectos.
“Ocurre que cuando estos proyectos, por ejemplo el Comité de Ministros, son entregados a autoridades políticas, estas últimas tienen la tentación de aplazar el conocimiento de los proyectos por determinados elementos de contingencia. Entonces, es muy importante que la solución que le entreguemos sea una solución que nos mantenga dentro de los plazos legales y entregue también certeza de que se va resolver conforme a los antecedentes técnicos que formaron el expediente”, recalcó.
Comité de Ministros
El Gobierno también se refirió a la propuesta de traspasar la decisión del Comité de Ministros a la Dirección Ejecutiva del SEA y que las cuestiones que pudiesen mantener un grado de debate sigan resolviéndose ante los tribunales ambientales. Esto, porque -según argumentaron- hay una parte muy importante del contenido de las reclamaciones que llega al Comité de Ministros, que son de carácter muy técnico.
Aylwin sostuvo que “hay a veces cuestiones que son más difíciles de tecnificar, pero otras muchas tienen que ver con el contenido de las medidas de compensación, por ejemplo, que sí tienen que ver con la información que se presenta y cómo se toman decisiones de acuerdo a los mayores estándares técnicos o a la normativa que existen en nuestro país. Y por eso nos parecía que lo adecuado era traspasarlo a la Dirección Ejecutiva del SEA, lo cual también ha generado observaciones en esta comisión respecto al mismo sentido de que un órgano unipersonal podría ser insuficiente para ello”.
Y añadió: “Nosotros estamos estudiándolo. Esto forma parte del mismo informe en derecho que hemos encargado también para estudiar esta situación”.
Consultados, en el Ministerio del Medio Ambiente explican que efectivamente se está realizando una consultoría con expertos en la materia que revise la legislación comparada y la experiencia en otros países con el objetivo de analizar si es pertinente hacer modificaciones o perfeccionar las propuestas que contiene el proyecto de reforma a la ley 19.300 para reemplazar el Comité de Ministros y las Coevas.
