En los últimos días se publicó el Decreto 333/2025 (el “Decreto”) a través del cual el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas destinadas a reducir impuestos sobre ciertos productos electrónicos:
1) Reducción de los Derechos de Importación aplicables a celulares del 16% al 8% de forma inmediata, y eliminación total a partir del 15 de enero de 2026;
2) Reducción de los Impuestos Internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%, salvo para productos fabricados en Tierra del Fuego quedan exentos (0%) y
3) Reducción de aranceles para la importación de consolas de videojuegos.
Queremos destacar que una propuesta mejor estructurada, equitativa y fiscalmente consistente había sido propuesta en el proyecto de ley presentado en marzo de 2024 junto a los diputados Oscar Agost Carreño y Marcela Campagnoli (“Ley de Consolidación fiscal”, Expte. 0366-D-2024, en adelante el “Proyecto de Ley”).
Puntualmente, allí se disponía para los productos electrónicos integrantes de las posiciones arancelarias 84.71 y 85.17 (que incluyen además de celulares a notebooks y tablets):
-La reducción progresiva de los Impuestos Internos, hasta su casi eliminación en 2027, sin distinguir si son importados o fabricados en Tierra del Fuego.
-La eliminación de los Derechos de Importación, equiparando así los precios a los estándares regionales.
Es así que el Proyecto de Ley no solo es más abarcador, sino también más justo y fiscalmente consistente. Y esto es así a poco que se lo analiza desde la perspectiva de al menos cuatro ejes centrales.
1. Inclusión de las computadoras personales en el beneficio
El Decreto se centra en celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de videosjuegos, mientras que el Proyecto de Ley, en cambio, incluye también computadoras, notebooks, tablets y otros dispositivos electrónicos. Esta diferencia no es menor si se considera que las computadoras personales son hoy herramientas esenciales para el trabajo, la formación profesional y la productividad, a diferencia de los celulares que cumplen en general funciones complementarias.
2. Igual tratamiento en todo el territorio de la Nación
El Decreto mantiene un tratamiento diferencial en materia de Impuestos Internos: mientras los productos importados pagarán un 9,5%, los fabricados en Tierra del Fuego quedan exentos. El Proyecto de Ley elimina este tratamiento asimétrico, fijando un cronograma de reducción igual para todos, independientemente de su origen.
3. Seguridad jurídica y previsibilidad
Las modificaciones impositivas deben ser pasadas por ley del Congreso Nacional, a iniciativa de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del principio de que “no puede haber tributación sin representación”. Haber instrumentado las modificaciones impositivas por decreto reduce el horizonte de previsibilidad para los consumidores y para los actores económicos que necesitan reglas claras y duraderas para planificar inversiones, producción o importaciones.
4. Visión estratégica a largo plazo y consolidación fiscal
El Proyecto de Ley propone un plan gradual, previsible y técnicamente estructurado, que no solo busca bajar los precios para el consumidor final, sino también eliminar tratamientos impositivos diferenciales que –además de encarecer los productos tecnológicos- afectan los ingresos fiscales.
En efecto, el Proyecto de Ley contribuye a una mayor recaudación tributaria al suprimir el tratamiento preferencial que históricamente benefició a la producción en Tierra del Fuego. Se fomenta así la participación de actores económicos radicados en el resto del país, los cuales no gozan de las exenciones en IVA e Impuesto a las Ganancias que sí se aplican en Tierra del Fuego. Esto transforma la medida en una herramienta fiscalmente responsable y alineada con una política de desarrollo más equitativa y sostenible.
Pensamos que el Decreto apunta a bajar el precio de algunos productos tecnológicos, como celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de videojuegos, en una oferta que parece más orientada al entretenimiento que al trabajo. En cambio, el Proyecto de Ley ofrece una propuesta más amplia y mejor estructurada, porque también incluye computadoras personales, que hoy son herramientas esenciales para trabajar, estudiar y desarrollarse profesionalmente.
Además, el Proyecto de Ley suprime el trato privilegiado que sigue teniendo la producción en Tierra del Fuego, que al estar exenta de pagar impuestos nacionales como el IVA y Ganancias, perjudica al erario público.
Por lo expuesto en estas líneas, invitamos a que el Poder Ejecutivo reflexione y en todo caso promueva una discusión de esas medidas en el Congreso Nacional, sobre la base del Proyecto de Ley que propone los beneficios de una manera mucho más lógica, estructurada y fiscalmente consistente.
Además, de ser aprobados por ley los beneficios referidos adquirirían una estabilidad mayor, aspecto siempre deseable pensando en las decisiones que en consecuencia deberán tomar tanto consumidores como productores e importadores.
Ricardo López Murphy es economista y diputado nacional. Marcos Gómez Martín es abogado.