Las discusiones sobre inmigración suelen partir de una premisa falsa: la idea de que siempre habrá un gran número de personas que quieren venir a España a trabajar. En la década del boom inmobiliario se establecieron en España más de seis millones de inmigrantes. En todo el mundo, sólo EE UU recibió más inmigrantes en aquella década. Cuando la burbuja explotó, un millón de inmigrantes se marcharon del país. Y desde que se inició la recuperación en 2016, otro millón y medio ha llegado de nuevo. La Historia nos demuestra que es un flujo que se autorregula.
Disponer de una población extranjera que viene y va en función del ciclo puede resultar conveniente en el corto plazo, pero no es un cimiento sólido para el largo plazo. Dos de las ecuaciones que mejor explican la economía de un país son la función de producción de Cobb-Douglas (que dice que la economía de un país no es más que el número de horas trabajadas multiplicadas por el capital que se tenga) y la ratio de dependencia, que mide cuántos trabajadores sostienen a cuántos dependientes. Las dos tienen en común que el parámetro fundamental es el número de trabajadores. Una sociedad en la que el 10% de su fuerza laboral aparece y desaparece como el Guadiana, se sostiene sobre pies de barro.
Esa falta de arraigo entre la población trabajadora extranjera tiene muchas causas. Una de ellas son las barreras de entrada que impone el sistema financiero. Millones de personas, muchas de ellas con circunstancias económicas similares a las de cualquier familia de clase media española, son incapaces de acceder a vivienda o a crédito. No es una cuestión de ideología ni antipatía; y la cautela sistémica no es aleatoria.
Primero, la banca europea ha endurecido sus criterios de concesión de crédito como respuesta a los errores de 2008. Adicionalmente, en el caso de los inmigrantes, es un hecho que—de media—viven unas condiciones de mayor fragilidad económica que las familias locales.
En Europa el 17% de las familias apenas llega a fin de mes (sus ahorros cubren menos de dos semanas de gastos), pero en el colectivo de inmigrantes son un 29%. De media, sus ingresos son un 30% inferiores que los de los locales, y su patrimonio medio equivale al 40% del de las familias europeas. Además, su tasa de paro es más sensible al ciclo económico, e invierten menos en activos de alta rentabilidad, como son la vivienda—por el problema de acceso al crédito—o la Bolsa—por el bajo nivel de ahorro y el menor nivel de formación financiera. Además, en España, el abandono escolar temprano entre hijos de inmigrantes es 25 puntos superior al de los nativos, y el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en familias migrantes es del 26%, más del doble que entre familias locales.
Con estos datos no es extraño que se enfrenten a dificultades en todas aquellas relaciones que se construyen en modelos de confianza, como es el acceso a la vivienda o al crédito. Pero la relevancia de este grupo es demasiado alta como para que no se busquen alternativas para su integración. Suponen el 15% de la población europea (12% en España), y son la principal fuente de crecimiento de población joven.
Contribución fiscal positiva
En España el número de jóvenes que viven en hogares en los que al menos uno de los padres es extranjero se multiplicó por 4,5 desde 2006. Su consumo genera más del 10% del PIB y su contribución fiscal es un 30% superior a la de los nativos: en España, por cada euro recibido en prestaciones generan 1,6. Pero lo más importante es que, en un entorno en el que el crecimiento vegetativo de los españoles de nacimiento es negativo (mueren más personas de las que nacen) este grupo constituye el único factor de crecimiento poblacional, el único freno al envejecimiento acelerado.
La prueba de que la llegada de trabajadores es buena para las empresas es que cada vez que se han relejado las restricciones a la llegada de inmigrantes en EE UU las empresas con actividades intensivas en mano de obra—los sectores agrícola, manufacturero y de la construcción—han tenido un rendimiento estelar en Bolsa en los meses posteriores a la relajación.
Para integrar a este grupo en el sistema financiero, el primer paso es entender bien sus necesidades. Los 40 millones de inmigrantes en Europa—25 millones de fuera de la UE—no son un grupo homogéneo. Además, sus necesidades cambian a medida que se integran. De los prestamistas no oficiales que les permiten llegar a final de mes en los primeros años, pasan a convertirse en emisores de remesas, transferencias a sus países de origen.
Después aparecen el ahorro, la demanda de seguros, y la demanda de crédito, ya dentro del sistema tradicional. Tras varias décadas, la diferencia con una familia local desaparece: se demandan productos de ahorro, pensiones, seguros de todo tipo, crédito y productos de inversión. En el caso de aquellos que se jubilan en sus países de origen, se requieren productos que transformen el ahorro acumulado en rentas vitalicias o en pensiones transferibles.
En cada una de esas fases existen oportunidades de mejora. Es una situación en que tanto los inmigrantes, como los bancos y los gobiernos ganarían si se pudieran solventar las dificultades técnicas, operacionales, y burocráticas que impiden que, por ejemplo, la información crediticia de los ciudadanos pudiera compartirse entre distintos países.
No es baladí. Recordemos que la sostenibilidad del contrato social entre Estado y ciudadanos requiere evitar el desplome de la ratio entre trabajadores y personas dependientes, y si la fuerza laboral española no se sostiene con inmigración, tendrá que hacerlo postergando la edad de jubilación
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
_
