El debate sobre la regularización de cientos de miles de inmigrantes sin papeles ha logrado un acuerdo extraordinario entre todos los grupos políticos, a excepción de Vox. El pleno del Congreso ha admitido este martes una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a los extranjeros que viven y trabajan en España de forma clandestina. La propuesta, aprobada con 310 votos a favor y 33 en contra, seguirá ahora su trámite parlamentario, un hito en democracia, teniendo en cuenta lo peliagudo del tema y el poco éxito que suelen tener este tipo de propuestas en el hemiciclo. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la toma en consideración de la ILP, incluido el PP. Vox —con un discurso en el que ha vuelto a vincular las violaciones con la inmigración y un “no queremos que España sea Marruecos o Senegal”— ha votado en contra.
El apoyo mayoritario del Congreso no quiere decir que se vaya a aprobar una regularización masiva y generalizada de inmigrantes, sino que activa el trámite parlamentario por el que los partidos podrán proponer enmiendas —se espera sean numerosas— para definir su alcance y que vuelva a votarse en el Congreso y en el Senado.
La iniciativa popular comenzó a fraguarse a finales de 2021 y la lideraron los propios inmigrantes a través de la plataforma Regularización Ya. Para llegar hasta aquí, sus promotores han logrado las firmas de casi 612.000 españoles (la ley requiere el respaldo de al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones. Ha sido precisamente la presión de estas entidades, entre las que se encuentran Cáritas y la Conferencia Episcopal, ayuntamientos y hasta asociaciones de prostitutas, la que ha empujado a los grupos más resistentes, entre ellos el PP, a respaldar que la propuesta empiece a tramitarse.
Los populares, en cualquier caso, han defendido que no es el momento de una regularización cuando se están registrando récords de entradas irregulares. “No sería responsable, ni positivo, lanzar el mensaje de que las vías irregulares de entrada terminan en procesos extraordinarios de regularización”, argumentó la diputada popular Sofía Acedo. Pero el PP ha respaldado que se abra el debate, aunque sea para poner “frente al espejo” al Ejecutivo. “Nos permite retratar al Gobierno, que tiene información y la oculta. Nos permitirá saber cuántas personas están en una situación de irregularidad sobrevenida y por qué”, añadió Acedo.
También en el PSOE, inclinado a rechazarla hace tan solo unos días, ha pesado el enorme apoyo popular a la iniciativa, así como el respaldo declarado de todos sus socios de Gobierno. Hasta Junts, que en estas elecciones está disputando electorado con partidos independentistas con discursos contrarios a la inmigración, ha apelado a los “derechos humanos” y ha defendido finalmente que se abra el debate “por respeto” a los firmantes.
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Las dudas sobre el encaje de la iniciativa en un marco europeo cada vez más restrictivo con la inmigración han salido a colación en varias ocasiones durante el debate. Es un argumento del PSOE, del PNV y también del PP. Sobre el papel, la propia comisaria de Interior, Ylva Johanson, dejó claro en una respuesta parlamentaria que las regularizaciones son una cuestión de cada Estado miembro, pero también es cierto que las últimas regularizaciones (en Italia y Portugal) enfocaron la entrega de documentos a colectivos muy tasados y en el contexto de la pandemia. España no tendría limitaciones legales para llevarla a cabo, pero provocaría, seguramente, el rechazo de muchos de sus socios comunitarios. La casualidad ha querido que la medida se tome en consideración un día antes de que el Parlamento Europeo vote el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un conjunto de medidas con las que se pretende, entre otras cosas, dificultar la estancia de aquellos que emigran por razones económicas y no cumplen los requisitos legales para vivir en la UE.
Cinco regularizaciones del PP y cuatro del PSOE
En España se han aprobado ya nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el PP y cuatro por el PSOE. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 600.000 trabajadores no comunitarios. La cifra de personas en situación irregular en España es incierta, apenas pueden hacerse estimaciones por la propia invisibilidad del colectivo, pero los impulsores calculan que la medida, destinada a las personas en situación irregular que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021, beneficiaría entre 390.000 y 470.000 personas, la mayoría de América Latina.
Una vez que todos los partidos han posado para la foto, la clave estará ahora en su verdadera disposición a abordar la problemática de la irregularidad de decenas de miles de extranjeros que tienen limitado su acceso a la vivienda, a la educación o a la sanidad y que son carne de cañón para la explotación laboral y sexual. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, ya ha alertado al PSOE de que instará la creación de una comisión de seguimiento con los ministerios implicados “para acelerar los trámites” y que la iniciativa no quede en un cajón. En un claro mensaje a su socio de Gobierno, Errejón ha advertido: “No vamos a aceptar que se apruebe para que después vayan dando plazos y plazos para que se vaya quedando dormida”.
El texto propuesto, muy genérico y abierto a un enorme colectivo sin más requisitos que estuviesen en España antes del 1 de noviembre de 2021, recibirá sin duda múltiples enmiendas. Las primeras, del PSOE, como ha reconocido Patxi López ante los periodistas. Los socialistas, a pesar de haber promovido regularizaciones en el pasado, las rechaza ahora. Son más partidarios de ir modificando el marco legislativo para simplificar trámites a colectivos específicos, como ya han hecho con los menores extranjeros no acompañados, estudiantes o trabajadores, que ahora pueden regularizarse si cursan determinadas formaciones. También anunció enmiendas el PNV y Junts
La toma en consideración de la IPL se puede considerar un éxito al lograr el consenso en uno de los temas que más divide en la UE, y más viniendo de una iniciativa popular, una fórmula que simboliza la fortaleza de la participación ciudadana, pero que suele dar pocos frutos en el hemiciclo. Desde que se aprobó la Constitución hasta 2022 (incluido), solo 12 de las 179 iniciativas presentadas (el 6,7%) terminaron su tramitación parlamentaria, según un análisis que elaboró Newtral. De ellas, solo dos se tomaron en consideración: el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural, en 2013, y la que otorgó entidad jurídica al mar Menor, en septiembre de 2022.
Concentración en el Congreso
Sobre las siete de la tarde de este martes, unas 200 personas se habían congregado en los alrededores del Congreso ante la inminente votación. Celebraban el triunfo al grito de “Sí, se puede” y “Ningún ser humano es ilegal”. Entre ellos estaba Luna (nombre simulado), un peruana de 28 años, que llegó a España en 2018 para estudiar un grado de ciencias políticas en la Complutense. Estudió con mucho esfuerzo para pagar unas tasas más caras para los extranjeros no comunitarios, pero su permiso de estudiante acabó expirando cuando se pasó el plazo de un año que tenía para conseguir un empleo. “Tuve una oferta, pero cuando la empresa se enteró de que tenía que esperar seis meses para contratarme, desistió”, explica la joven, que pide que no se publique su verdadero nombre. “Llevo ya dos años sin documentación y esto ha afectado mucho mi salud mental y mi día a día. Yo, que venía con estudios, que venía con premios, que lo único que me limitase fuesen los papeles me ha dejado en una situación amarrada de manos y pies”.
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