El presidente, Donald, Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que “suspende la entrada física de extranjeros implicados en una invasión de Estados Unidos a través de la frontera sur” con México, según el texto de la proclamación publicado por la Casa Blanca.
En la orden, Trump “conmina al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que tomen todas las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar inmediatamente a los extranjeros ilegales a través de la frontera sur”, “restringiendo el acceso a las disposiciones de las leyes migratorias que pemitirían” a los inmigrantes que llegan a la frontera “permanecer en Estados Unidos, como el asilo”.
La orden justifica que “el presidente tiene autoridad en virtud de la Ley de inmigración y nacionalidad, así como autoridad inherente en virtud del Artículo II de la Constitución, para impedir la entrada física de extranjeros ilegales en Estados Unidos por la frontera sur”. Trump se arroga así poderes ejecutivos para cambiar un sistema de asilo recogido en leyes migratorias, lo que podría ser contestado ante las cortes, como ha sucedido con otras órdenes del presidente.
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La comunicación insistió en lo que ha sido uno de principales temas del presidente durante años al recordar que “la inmigración ilegal afecta a la vida de todos los estadounidenses”, “perjudica a los trabajadores estadounidenses” y “supone una carga para los contribuyentes estadounidenses y socava la seguridad pública”, además de costar al país “miles y miles de millones de dólares cada año”.
En su primer día en la Casa Blanca, Trump firmó una decena de órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, limitan severamente el derecho al asilo, militarizan la frontera, intentan acabar con el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, y designan como organizaciones terroristas a carteles del narcotráfico mexicano.
El 30 de septiembre el Gobierno publicó la regla final de su nueva política migratoria, activada en junio, que endurecía aún más las restricciones del derecho al asilo para quienes crucen la frontera ilegalmente cuando las llegadas rebasen una cifra diaria.
Bajo la nuevas restricciones, ya en vigor, el cierre de la frontera al asilo fuera de los puertos de entrada se aplicaba cuando las llegadas diarias promedio en los últimos siete días superaran 2,500, pero con ciertas modificaciones hacían que las restricciones fueran prácticamente permanentes.
Biden, presionado por los números récord de cruces en un año electoral donde el tema migratorio era clave, emitió en junio pasado una primera versión de estas restricciones a la inmigración ilegal.
Estas reglas entraron en efecto de inmediato, cerrando la frontera al asilo; con los nuevos cambios, esa clausura fue prácticamente permanente. Desde su entrada en vigor en junio, los cruces se redujeron en un 55%.
Envío de militares a la frontera
Dos días después de que el presidente Trump declarara emergencia nacional en la frontera con México, el Gobierno informó que planea enviar cerca de 1,000 soldados adicionales para reforzar la presencia militar en la región, informó un funcionario de defensa a nuestra cadena hermana, NBC News.
Se espera que las primeras tropas sean enviadas en cuestión de días.
No quedó claro de inmediato de qué unidades procederán los uniformados ni qué función tendrán en la frontera, pero se puede esperar que soldados e infantes de la marina de todo el país sean enviados allí para unirse a unos 2,500 efectivos de la Guardia Nacional y la Reserva de Estados Unidos.
Se esperaba que el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, firmara las órdenes de despliegue este miércoles, informó The Associated Press.
Cabe destacar que actualmente no hay tropas en servicio activo trabajando en la frontera.
Presión sobre autoridades locales
Por su parte, el Departamento de Justicia ordenó a sus fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal —o local— que se interponga en el camino de la aplicación de medidas migratorias de la Administración Trump, de acuerdo con un memorando dirigido a todo el personal obtenido por The Associated Press este miércoles.
El documento, escrito por Emil Bove, fiscal general adjunto interino, también señala que el departamento volverá al principio de acusar a los imputados con el delito más grave que pueda probar, una postura que promueven los departamentos liderados por republicanos con la que se busca eliminar el criterio de los fiscales al presentar cargos por un delito de menor nivel.
Gran parte del aviso se centra en la aplicación de leyes de inmigración. Bove escribió que los fiscales deben “tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense expulsando del país a los inmigrantes ilegales, y enjuiciándolos por delitos” cometidos bajo jurisdicción estadounidense.
El documento también sugiere que los funcionarios estatales y locales que obstaculicen la aplicación de leyes federales de inmigración podrían ser objeto de escrutinio. Y ordena a los fiscales que investiguen cualquier episodio en el que los funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan las funciones federales.
“Las leyes federales prohíben a las autoridades estatales y locales que se resistan, obstruyan o que eviten de algún otro modo las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración”, advierte el texto. “Las fiscalías de Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán los incidentes que involucren cualquier mala conducta de ese tipo para su posible procesamiento”.
