(CNN) — Cuando era presidente, Donald Trump intentó hacer suya la Corte Suprema de Justicia.
Se jactó de que podía salirse con la suya, empezando por su nombramiento de jueces que, juró, anularían Roe vs. Wade. Y cuando su administración perdió disputas de inmigración en tribunales inferiores, su estribillo en las redes sociales fue: “Nos vemos en el Tribunal Supremo”.
Ahora Trump cuenta con el tribunal de una forma muy personal como ciudadano y candidato. El tribunal de nueve miembros está dominado por seis jueces conservadores, tres de los cuales él postuló.
Este jueves, el tribunal escuchará su reclamación de inmunidad absoluta frente a procesos penales. Es un argumento que Trump espera que le impida enfrentarse a un juicio por los cargos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith derivados de las acciones del expresidente tras perder las elecciones presidenciales de 2020.
Todos los litigios de Trump, derivados de sus campañas presidenciales de 2016 y 2020, han envuelto la carrera actual, que se perfila como otra contienda reñida.
Por mucho que Trump haya lamentado el patrón que le ha mantenido en los tribunales en lugar de en la campaña electoral, también ha utilizado su momento en el punto de mira legal para reforzar una especie de martirio político. Refiriéndose al caso del Tribunal Supremo, Trump declaró en un post dominical en Truth Social que el presidente demócrata Joe Biden estaba “armando al DOJ [Departamento de Justicia] contra su oponente político, yo”.
Desde sus primeros días en la Casa Blanca, Trump también ha operado bajo su propio código de conducta, desafiando las normas democráticas y el Estado de Derecho.
Ahora, se sienta en el centro de una cuestión constitucional no probada sobre la inmunidad del poder ejecutivo. El épico enfrentamiento entre el expresidente y el Departamento de Justicia de EE.UU. será escuchado por un tribunal que ha experimentado su propia historia tensa con Trump y ha visto su estatura y aprobación pública disminuidas en los últimos años.
Los nombramientos de Trump en toda la judicatura federal han transformado la ley en Estados Unidos. Señala su selección de los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, todos los cuales respaldaron la decisión del tribunal en junio de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, al atribuirse el mérito de revertir el derecho constitucional al aborto.
En un video a principios de este mes, Trump anunció su posición de campaña sobre el aborto, incluyendo su agradecimiento personal —uno por uno— a los jueces del Tribunal Supremo que habían votado en contra del hito Roe vs. Wade de 1973.
El Tribunal, mientras tanto, sigue estando en el centro de la vorágine social y cultural actual, en gran parte por su decisión de 2022, que destripó el derecho constitucional al aborto, pero también por decisiones que mejoran la protección de la 2ª Enmienda y reducen el poder regulador federal, por ejemplo para la protección del medio ambiente.
El expresidente Donald Trump llega a una rueda de prensa en su complejo Mar-a-Lago el 12 de abril, en Palm Beach, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)
El Tribunal también ha recibido cada vez más críticas por su comportamiento fuera de los tribunales y por la opacidad de sus normas en materia de conflictos de intereses. El juez Clarence Thomas, en particular, ha sido objeto de peticiones de recusación en casos relacionados con Trump posteriores a 2020. Su esposa, Virginia “Ginni” Thomas, estuvo en contacto regular con altos cargos de Trump que protestaban por los resultados de las elecciones, y asistió al mitin de Trump “Stop the Steal” el 6 de enero de 2021. El juez Thomas ha declinado recusarse.
A lo largo de los años, algunos de los magistrados se han mostrado molestos con la política abierta de Trump y el escrutinio que sus casos les suponen. Sin embargo, le han ayudado en momentos críticos, si no con sentencias de fondo, con retrasos y órdenes de procedimientos adicionales.
En el caso de la inmunidad, los jueces ya ayudaron al expresidente al denegar la petición del abogado especial el pasado diciembre para resolver la cuestión de la inmunidad de forma expeditiva. El calendario más lento del tribunal aseguró que la fecha original del 4 de marzo para el juicio de Trump en Washington nunca se hiciera realidad. (Ese retraso también garantizó que el primer juicio penal de Trump sea en Nueva York por cargos de fraude empresarial relacionados con los pagos de dinero por silencio, en lugar de cualquier cosa relacionada con el 6 de enero de 2021).
En marzo, Trump ganó una decisión de un alto tribunal que revocaba una sentencia de Colorado que decía que una disposición antiinsurreccionalista de la Constitución debía mantenerle fuera de la papeleta electoral. Mientras hablaba desde su casa de Florida, Trump ya miraba hacia el futuro, pidiendo a los jueces que se pusieran de su parte también en el tema de la inmunidad.
Ha continuado con el tamborileo, y el domingo publicó 10 veces en Truth Social sobre la inmunidad presidencial.
“Por supuesto que tenía derecho, como presidente de Estados Unidos y comandante en jefe, a la inmunidad”, escribió en un post. “No estaba haciendo campaña, las elecciones habían terminado hacía tiempo. Estaba buscando fraude electoral, y lo encontré, que es mi obligación hacerlo, y por lo demás dirigiendo nuestro país…”.
La cuestión clave para los nueve jueces es si la Constitución protege a un expresidente de ser procesado penalmente por las acciones que llevó a cabo mientras ocupaba el cargo. En casos civiles, el tribunal ha permitido la inmunidad de un expresidente, pero nunca ha abordado la responsabilidad en la situación más grave de un proceso penal.
Jueces de tribunales inferiores fallaron en contra de Trump, diciendo que cualquier inmunidad de la que pudiera haber disfrutado como presidente terminó cuando dejó el cargo. Un dictamen del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington destacó los cargos relacionados con el rechazo por Trump de los resultados válidos de las elecciones y la obstrucción del traspaso pacífico del poder presidencial.
Trump niega haber cometido delito alguno, y sus abogados dicen a los jueces en escritos que un presidente no puede funcionar si le preocupa un posible enjuiciamiento por actos oficiales una vez fuera del cargo.
La denegación de la inmunidad absoluta, escribieron sus abogados, equivaldría a un “chantaje y extorsión de facto mientras está en el cargo, y condenaría (a un presidente) a años de trauma posterior a la oficina a manos de oponentes políticos”.
Smith responde en su escrito que, a lo largo de la historia, los presidentes han comprendido que, tras abandonar el cargo, podían enfrentarse a posibles responsabilidades penales por actos oficiales.
“El análogo histórico más cercano es la conducta oficial del presidente Nixon en Watergate”, escribe el equipo de Smith, “y su aceptación de un indulto implicó su reconocimiento y el del presidente Ford de que un expresidente estaba sujeto a enjuiciamiento”.
Trump estará en otro tipo de tribunal
Trump no estará este jueves en el Tribunal Supremo. Su abogado en el juicio penal de Manhattan dijo que el expresidente tenía “muchas” ganas de asistir en lugar de estar en el tribunal de Nueva York este jueves.
“Su cliente es un acusado criminal”, respondió la semana pasada el juez Juan Merchán en Manhattan. “Está obligado a estar aquí”.
La singular presencia de Trump, no obstante, se dejará sentir.
Durante su presidencia, publicó regularmente en las redes sociales sobre los jueces, ya fuera con aprobación o desdén. Los casos relacionados con Trump aceleraron las maniobras y fricciones entre bastidores, ya que algunos magistrados trataron de distanciarse del polarizador presidente.
En 2020, cuando el tribunal vio un par de disputas derivadas del esfuerzo de Trump para evitar que sus registros financieros personales fueran entregados a los fiscales de Manhattan y, por separado, a las comisiones del Congreso, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, luchó durante semanas para persuadir a los jueces de mostrar una mayor unidad. Al final, Roberts transformó dos votaciones inicialmente ajustadas en decisiones 7-2 basadas en compromisos.
Uno de esos casos, Trump contra Vance, ha sido invocado por Smith en la controversia actual, porque el tribunal rechazó entonces el argumento de Trump de que debía ser inmune a un proceso penal estatal.
Más allá del fondo de los casos, Roberts y Trump se enfrentaron de forma memorable cuando Trump menospreció en 2018 a un juez de primera instancia de EEUU en términos partidistas.
“Este era un juez de Obama, y les diré una cosa, ya no va a pasar así”, dijo Trump a los periodistas a las puertas de la Casa Blanca tras una derrota. “Ganaremos ese caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos”.
Roberts respondió en ese momento emitiendo una rara declaración reaccionando a una rama política: “No tenemos jueces Obama o jueces Trump, jueces Bush o jueces Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que hacen todo lo posible para hacer lo correcto de igual a igual a quienes comparecen ante ellos”.
Dispuesto a tener la última palabra, Trump replicó: “Lo siento, presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pero en efecto tienen ustedes ‘jueces Obama’, y tienen un punto de vista muy diferente al de las personas encargadas de la seguridad de nuestro país”.
Roberts no hizo más comentarios.
De Marbury contra Madison a Richard Nixon
El Tribunal Supremo ya tenía una lista de casos importantes para su sesión de 2023-24, incluidas las disputas sobre las píldoras abortivas, el control de armas y el poder regulador federal. Las controversias relacionadas con Trump no han hecho más que aumentar el drama en torno al alto tribunal.
El caso de inmunidad de este jueves puede ser el más difícil de ganar para Trump. Está presionando con una interpretación audaz y sin precedentes de la inmunidad presidencial absoluta frente a juicios penales.
Invoca la importante sentencia de 1803 en el caso Marbury contra Madison para defender la independencia del presidente frente a los tribunales. También se basa en un caso de 1982, Nixon contra Fitzgerald, en el que los jueces dictaminaron que un presidente podía gozar de inmunidad frente a daños civiles por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
“Desde Marbury hasta Fitzgerald, y más allá, este Tribunal ha sostenido sistemáticamente que los tribunales (federales) no pueden juzgar directamente los actos oficiales del presidente, ya sea antes o después de que deje el cargo”, escribió el equipo legal de Trump. En el Tribunal Supremo, el abogado John Sauer representará a Trump, como ya hizo ante el Circuito de Washington.
Smith argumenta que Marbury y otros precedentes relacionados con la separación de poderes enseñan la lección contraria: que los expresidentes están sujetos a la ley y pueden ser procesados penalmente por sus actos en el cargo. El abogado especial invoca el deber constitucional del presidente de “cuidar que las leyes sean fielmente ejecutadas” y dice que eso “no implica un derecho general a violarlas”.
Smith respondió al argumento de Trump de que los presidentes anteriores nunca fueron procesados penalmente diciendo que los presidentes anteriores nunca intentaron anular los resultados legítimos de una elección presidencial. La acusación de Trump dice que utilizó falsas afirmaciones de fraude electoral para obstruir los esfuerzos federales para recoger, contar y certificar los resultados. Smith estará representado por Michael Dreeben. En su anterior servicio en la oficina del fiscal general de EE.UU., Dreeben argumentó más de 100 casos ante el alto tribunal.
“Desde Watergate”, escribió el equipo de Smith, “el Departamento de Justicia ha mantenido la opinión de que un expresidente puede enfrentarse a un proceso penal, y los consejeros independientes y especiales han operado desde ese mismo entendimiento. Hasta los argumentos del peticionario en este caso, también lo habían hecho los expresidentes”.
