Un juez federal ha bloqueado este miércoles la orden de Donald Trump de suspender las solicitudes de asilo en la frontera con México por parte de migrantes en busca de refugio. En una resolución de 128 páginas publicada este miércoles, el magistrado Randolph Moss determina que con dicha política el Ejecutivo sobrepasa sus autoridades y estaría violando la propia ley migratoria de Estados Unidos. “El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos promulgados por el Congreso”, señala Moss.
El magistrado del Distrito de Columbia agrega que ni las leyes migratorias actuales ni la Constitución le otorgan al presidente la autoridad de rechazar unilateralmente el acceso al asilo a personas que ya estén en suelo estadounidense, independientemente de cómo ingresaron. El bloqueo de Moss entraría en vigor en 14 días, durante los cuales se espera que la Administración de Trump apele la decisión, lo cual probablemente llevaría el caso a una instancia mayor.
Los argumentos del Gobierno son que, dado que la situación migratoria es extraordinaria —una invasión, aseguran— y supone una emergencia de seguridad nacional, el presidente sí está facultado para impulsar políticas que pasan por encima del Congreso.
La decisión de Moss llega menos de una semana después de que el Tribunal Supremo dictara que los jueces federales no tienen la autoridad de congelar las políticas impulsadas a nivel federal de manera preventiva. Esa orden de la corte más alta del país entra en vigor la última semana de julio, por lo cual el bloqueo de Moss genera además nuevos interrogantes jurídicos por resolverse. Dentro de su sentencia del miércoles, el juez Moss también acordó certificar a los solicitantes de asilo en el caso como una clase o un colectivo. Las demandas colectivas, que implican a muchas personas en una situación similar, quedaron al margen de la decisión del Supremo.
La resolución publicada este miércoles responde a la demanda presentada hace meses por parte de varias organizaciones defensoras de los derechos civiles, de inmigrantes y de refugiados, en contra del cierre del sistema de asilo en la frontera estadounidense con México y en nombre de varios individuos afectados directamente. El principal argumento de los demandantes es que la orden, que Trump firmó en su primer día de vuelta en la Casa Blanca, pone en riesgo la vida de miles de personas de todo el mundo que buscan refugio en Estados Unidos por diversas razones.
“En el marco de la proclamación, el Gobierno está haciendo justo lo que el Congreso decretó por ley que Estados Unidos no debía hacer”, escribieron los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en su denuncia. “Está devolviendo a solicitantes de asilo —no solo a adultos solteros, sino también a familias— a países donde se enfrentan a la persecución o la tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso les ha proporcionado”.
Asimismo, la demanda pone a prueba el poder presidencial para eliminar protecciones promulgadas por el Congreso para personas que huyen de persecución en otros países y que supone una de las medidas más restrictivas en la cruzada de Trump en contra de la inmigración.
Lee Gelert, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que ha defendido el caso, se pronunció rápidamente tras el fallo. “Esta sentencia significa que el asilo volverá a estar disponible para quienes huyen de peligros horribles y, al hacerlo, reafirma que el presidente debe respetar las leyes que promulga el Congreso. La decisión significará literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias que escapan de la persecución religiosa y de otras formas”.
