Por La Opinión
En febrero pasado, los gobiernos de Colorado y su capital, Denver, así como organizaciones comunitarias anunciaron que reducirán o cancelarán servicios a migrantes debido a los excesivos gastos sociales generados por su llegada masiva desde fines de 2022, que ha afectado a sus residentes.
Sin embargo, pese a que varias ciudades y condados de Colorado aprobaron resoluciones y ordenanzas indicando que no destinarán fondos propios para los nuevos migrantes, la Comisión del condado Alamosa, en el sur del estado, rechazó resoluciones antiinmigrantes, con lo que se suma a otras cinco jurisdicciones de ese estado que se han declarado en contra de estas medidas, debido en gran parte a la movilización de organizaciones locales defensoras de los inmigrantes.
Este miércoles, en su reunión mensual ordinaria, los comisionados Arlan Van Ry, Vern Heersink y Lori Laske, decidieron no votar a favor de la Resolución 2024-G-3 que, de haber sido aprobada, declaraba la llegada de inmigrantes como “un riesgo para la salud y la seguridad públicas” de los ciudadanos y los proveedores de servicios en el condado Alamosa.
En qué consiste la controvertida ley que permite a Texas arrestar y deportar a los migrantes indocumentados que llegan a EE.UU. https://t.co/pCpOWG3Wb4
— La Opinión (@LaOpinionLA) March 19, 2024
El 57% de los 8,500 habitantes de ese condado es de origen hispano y allí residen algunas de las más antiguas familias con antepasados mexicanos en Colorado, así como San Luis, la ciudad más antigua de este estado.
Según los comisionados, el condado Alamosa carece de los recursos financieros para afrontar los costos de salud y de educación de nuevos inmigrantes y, por eso, la resolución ahora rechazada pedía que no se les proveyese ningún tipo de servicios, excepto servicios de emergencia, a “migrantes no invitados y a inmigrantes indocumentados”.
Flor Archuleta, directora ejecutiva del Centro de Recursos para Inmigrantes en el Valle de San Luis (en el Condado Alamosa), rechazó los datos provistos por los comisionados, indicando que su organización ayudó a sólo 15 nuevos inmigrantes desde que comenzó en noviembre de 2022 la masiva llegada de venezolanos a Colorado.
“No queremos que los comisionados nos comparen con Denver y que usen ese mensaje para generar temor en nuestra comunidad. Están exagerando. Me alegra que los comisionados hayan hecho lo correcto y que hayan escuchado a la gente”, dijo a EFE la dirigente.
Por su parte, Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), aseveró que la decisión de los comisionados en Alamosa debería “servir de ejemplo para que otros gobiernos locales hagan lo mismo”.
“Debemos unirnos como comunidad para apoyar soluciones integrales y compasivas que defiendan la dignidad y los derechos de todos los individuos”, puntualizó.
La decisión por parte de los comisionados del Condado Alamosa se suma a decisiones similares en los condados Mesa, Montrose, El Paso, Douglas y Weld, donde propuestas antiinmigrantes también fueron rechazadas. Además, las ciudades de Aurora y Montrose también rechazaron esas propuestas en las últimas semanas.
Una serie de estados y condados de mayoría republicana en EE.UU. han puesto en discusión varias medidas que criminalizan la inmigración indocumentada.
La mayoría siguen los esfuerzos de Texas, que aprobó recientemente una polémica ley que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial.
*Con información de EFE.
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