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Venezuela, El Salvador y Paraguay usan la cuarentena del COVID-19 como represión, denuncia Amnistía Internacional

Autor: TELEMUNDO.com

En medio del combate global contra la pandemia del COVID-19, la región de las Américas alcanzó dos cifras negativas la semana pasada: más de 500,000 fallecimientos y casi 15 millones de contagios. La suma de ambos números supera a la población de países enteros como Bolivia, Honduras o Cuba.

Ante los peligros que entraña el coronavirus, y su rápida propagación, los gobiernos han implementado una serie de medidas para contenerlo. Las cuarentenas obligatorias, y gestionadas por los cuerpos de seguridad estatales, fueron una característica de las políticas sanitarias impuestas en países como Venezuela, El Salvador y Paraguay.

Un grupo de personas detenidas por no cumplir con las restricciones de la cuarentena en Petare, Venezuela, el 7 de agosto de 2020.AP / AP

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Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), titulado Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, detalla cómo las personas migrantes, refugiadas, así como los connacionales que regresaron a esos países, se han visto confinados en espacios administrados por las instituciones estatales que, en muchos casos, no cumplen con las mínimas medidas de salubridad, sin alimentación adecuada, agua ni la asistencia médica necesaria en un contexto de pandemia.

“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y  las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, declaró Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado.

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Detenciones masivas

Los investigadores de AI aseveran que, para fines de agosto, las autoridades venezolanas habían detenido a unos 90,000 ciudadanos que regresaron al país debido a la crisis económica desencadenada por la pandemia en naciones vecinas como Colombia y Perú. Esas personas fueron retenidas en centros de confinamiento, manejados por militares. Además, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Lisandro Cabello, llegaron a afirmar que las personas que regresaban al país eran “armas biológicas” enviadas para contagiar a la población. También han tachado de “traidoras” a las personas que volvían.

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En el mismo periodo el Gobierno salvadoreño sometió a cuarentena obligatoria a unas 16,780 personas en unos 88 centros de contención. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador recibió, entre marzo y mayo, más de 1,300 quejas relacionadas con la emergencia sanitaria y procesó 406 casos de personas que fueron detenidas por no respetar la cuarentena nacional, según las autoridades.

Para fines de junio, las autoridades de Paraguay impusieron una cuarentena obligatoria para unas 8,000 personas. La mayoría de la población confinada por el gobierno de Mario Abdo Benítez eran paraguayos que trabajaban en Brasil y retornaron a su patria por el desempleo.

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Paradójicamente, la carencia de condiciones idóneas para el confinamiento de las personas termina convirtiendo a los lugares de cuarentena en “espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19”, establece el documento.

“Aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que su imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”, afirmó Guevara Rosas.

Además, Guevara Rosas resalta el carácter punitivo de esas medidas que, según la investigación de AI, afecta en gran medida a las comunidades de bajos ingresos y sectores vulnerables de la población como las personas refugiadas y migrantes.

Abusos de las fuerzas de seguridad

El informe señala que, en la gran mayoría de los casos, los Gobiernos de los tres países delegaron el control de las cuarentenas a los cuerpos militares y policiales. En el caso de Venezuela se desplegaron 92,000 policías, más de un millón de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 300,000 milicianos; en El Salvador la Policía Nacional Civil movilizó a 23,000 agentes y, en Paraguay, el Ministerio del Interior designó a 24,000 efectivos policiales y 3,000 militares para garantizar el cumplimiento del confinamiento.

Los investigadores alertan sobre el uso de las fuerzas de seguridad en un contexto de pandemia porque “no están entrenadas ni equipadas para responder a este tipo de situaciones, tan diferentes”. Eso explica las múltiples denuncias recibidas por organismos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador que, solo entre marzo y mayo, recibió 34 quejas de presuntos malos tratos.

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“Según la Procuraduría y decenas de solicitantes de hábeas corpus, la policía golpeó y amenazó a las personas detenidas durante los arrestos que desembocaron en su cuarentena obligatoria”, consta en el reporte. Además, AI registró el caso de un joven al que la policía le disparó en las piernas mientras lo detenían por supuestamente infringir las reglas de la cuarentena.

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En Venezuela, los testimonios recogidos señalan que los centros son manejados por una mezcla de oficiales de policía, efectivos militares y, en algunos casos, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Todas esas organizaciones han sido acusadas de ejecutar la dura política de represión que ha caracterizado al mandato de Maduro.

La semana pasada, una misión independiente de la ONU publicó un informe en el que concluye que “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos” y menciona un patrón de ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de técnicas de tortura que “constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Respecto a Paraguay no se documentaron casos de uso excesivo de la fuerza pero sí hay señalamientos acerca de la actitud de los militares encargados de dirigir los espacios de confinamiento quienes usaron el enfoque bélico de “combate al enemigo” en el trato con sus compatriotas que regresaban de Brasil, además de múltiples quejas de fallas en la comunicación y el uso de fuerza innecesaria en algunos casos.

Personas detenidas por las medidas de cuarentena en San Salvador, El Salvador, el 4 de mayo de 2020.AP / AP

Condiciones antihigiénicas y, en ocasiones, inhumanas

Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, y las normas internacionales de derechos humanos, los Estados deben proporcionar, entre otras cosas, espacios de cuarentena con el suministro adecuado de alimentos, agua y productos de higiene, además deben mantenerse las medidas mínimas de prevención y control de la infección. También se establece que las autoridades deben generar las condiciones necesarias para poder monitorear la salud de las personas confinadas.

En Venezuela, la crisis humanitaria caracterizada por la escasez de los productos básicos y la interrupción de servicios como la electricidad, agua, combustible y medicamentos se evidencia de manera dramática en los centros de cuarentena obligatoria.

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Pese a la colaboración de organismos internacionales como la ONU, abundan las denuncias por la ausencia de agua potable en los lugares de confinamiento, lo que ha ocasionado que muchas personas se enfermen de diarrea. Además, la comida es insuficiente y existen múltiples señalamientos de que se han repartido alimentos en estado de putrefacción. En el estado Lara un hombre denunció a los medios de comunicación que su hijo murió de deshidratación luego de haber enfermado por la comida que le dieron en el refugio estatal.

En El Salvador, la Corte Suprema tramitó 330 recursos de hábeas corpus y 61 amparos entre el 13 de marzo y el 27 de mayo. En muchos de esos recursos judiciales se denunciaban las precarias condiciones de los centros que no tenían materiales de limpieza ni suministro de agua potable. Además, existían múltiples casos de personas en cuarentena que no tuvieron acceso a sus tratamientos para enfermedades crónicas.

La procuraduría registró al menos 44 casos de personas que fueron privadas de su libertad y confinadas en cuarentena, en el periodo comprendido entre marzo y mayo, que tenían enfermedades previas. A principios de abril se iniciaron las investigaciones por la muerte de un hombre en un hotel habilitado para las cuarentenas, según los medios de comunicación salvadoreños, el ministerio de Salud le negó el acceso a los antibióticos.

Una enfermera habla con personas recluidas en un centro de cuarentena en Ciudad del Este, Paraguay, el 24 de junio de 2020.AP / AP

AI afirma que, en el caso paraguayo, las condiciones en los espacios de cuarentena mejoraron con el paso de los meses. Entre abril y mayo se recluyeron a centenares de personas en depósitos y otros lugares que no garantizaban los servicios básicos. En junio, un funcionario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura visitó varios centros de cuarentena y dijo que las condiciones eran adecuadas e higiénicas, sin maltratos aparentes. Pero advirtió que la comida era ultraprocesada, con escasez de frutas y verduras frescas, lo que podría acarrear complicaciones a mediano plazo.

Amnistía Internacional recomienda a los gobiernos de estos países que permitan el acceso de organizaciones humanitarias y observadores independientes para constatar si las condiciones de los centros de cuarentena “se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de la OMS”.

También hace un llamado para que las autoridades eviten las detenciones indefinidas y ofrezcan información clara sobre la duración de la estadía de las personas en los espacios de confinamiento, con el fin de evitar posibles abusos y violaciones a los derechos humanos.

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