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El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la suspensión de sus actividades públicas para sopesar su posible renuncia al cargo después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias.
En una carta abierta a la ciudadanía, Sánchez afirmó: “Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este honor”.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atribuye la denuncia contra su esposa a “una operación de acoso y derribo” de la “derecha y la ultraderecha” con el objetivo de hacerle “desfallecer en lo político y en lo personal atacando” a su esposa.
Y señala a sus rivales de la oposición a la derecha del arco político, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez-Feijoo; y del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, como “cooperadores necesarios” de una campaña que busca “deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas”.
Sánchez aseguró en la carta que publico en su cuenta de la red social X que “vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también” y anunció que comparecerá el próximo lunes para dar a conocer su decisión sobre su continuidad en el cargo.
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El contenido de la denuncia
La denuncia admitida por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Gómez afirma que, “prevaliéndose” de su relación con el presidente del Gobierno, habría recomendado o avalado por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas”.
El escrito señala también que una de las empresas que obtuvo fondos públicos organizó años después una maestría en un programa universitario que ella dirige y que otra de ellas, la aerolínea Air Europa, aceptó destinar fondos para un centro de innovación en África que también estuvo al cargo de la esposa de Sánchez.
El presidente español aseguró que su esposa se defenderá en los tribunales de unos “hechos tan aparentemente escandalosos como inconsistentes”.
La denuncia fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, una organización a menudo envuelta en la polémica porque su fundador es un antiguo militante ultraderechista y que ha ganado notoriedad a base de presentar denuncias judiciales sobre supuestos casos de corrupción política que con frecuencia han acabado archivadas.
En el caso de Begoña Gómez, el juez de instrucción Juan Carlos Peinado se ha limitado hasta ahora a ordenar la apertura de diligencias y citar como testigos a los directores de los medios de comunicación que han difundido las publicaciones periodísticas en las que se sustenta la denuncia, algunos con una línea editorial muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la principal fuerza de la oposición acusó a Sánchez de “dejación de funciones” por anunciar que se toma unos días hasta el lunes para decidir si continúa en el cargo.
“¿Si usted no tiene nada que temer, por qué no da explicaciones?”, le ha preguntado Feijoo, que le ha reprochado además lo que considera un intento de “victimizarse”.
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El apoyo de los independentistas
Horas antes de hacerse pública la carta de Sánchez, el PP le había exigido explicaciones en el Parlamento, a lo que el presidente del gobierno respondió diciendo que “en un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país”.
Medios españoles informaron que Sánchez había abandonado el Parlamento este miércoles rumbo a su residencia de Madrid visiblemente molesto.
La decisión de Sánchez de suspender sus actos públicos se produce en un momento tenso para el PSOE, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio y de las elecciones en la región de Cataluña del mes que viene.
Precisamente Sánchez debía participar este jueves en el arranque de la campaña de los socialistas en Barcelona de cara a los comicios catalanes del 12 de mayo.
El mandatario español logró ser investido de nuevo en su cargo hace unos meses con el apoyo de dos partidos separatistas catalanes, que accedieron a darle sus votos a cambio de una amnistía para los imputados y condenados por el proceso independentista en Catalunya que culminó con un referendo de independencia en octubre de 2017.
Sin el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Junts per Catalunya (JxCat), no habría podido permanecer en el poder.
Los partidos de oposición están indignados por la amnistía, que también implica que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda presentarse a las elecciones del 12 de mayo, siete años después de haberse fugado de la justicia trasladándose a Bélgica.
Puigdemont todavía enfrenta un caso de terrorismo, pero cree que la amnistía le permitirá regresar a España.
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