El gobierno de Venezuela protestó este jueves 18 de abril por la reimposición de sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano y lo acusó de «violar» los acuerdos firmados entre ambos países en Catar donde se discutieron temas bilaterales, incluidas garantías para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias», dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado.
Estados Unidos anunció el miércoles 17 de abril el fin de la flexibilización decretada hace seis meses, que autorizaba la producción y venta de petróleo y gas a Venezuela.
El Departamento del Tesoro estadounidense dio plazo para «la liquidación de transacciones» pendientes hasta el 31 de mayo e incluyó un apartado que permite a las empresas que deseen trabajar con Venezuela solicitar licencias específicas.
La decisión respondió al «acoso» electoral contra la oposición en medio de la organización de las elecciones presidenciales, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
«Política de violación»
Gil indicó que con esta medida Estados Unidos «consumó su política de violación a los compromisos asumidos bajo la facilitación de Qatar» en septiembre pasado que, según Venezuela, implicaba la eliminación de las sanciones al momento de la convocatoria a elecciones.
La negociación entre Venezuela y Estados Unidos ocurrió de forma silenciosa y, entre otros temas, terminó por acordar un canje entre Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, por 10 estadounidenses y 18 venezolanos presos en Venezuela.
En paralelo, se desarrollaba otra negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela, mediada por Noruega, en la que se acordó la celebración de elecciones en el segundo semestre y la revisión de las inhabilitaciones contra opositores.
Como respuesta, Estados Unidos flexibilizó las sanciones y condicionó el levantamiento total a una celebración de elecciones donde todos los inhabilitados pudieran participar.
«Estados Unidos no le está haciendo daño a una Venezuela independiente que ha aprendido a sobreponerse a sus agresiones, por el contrario, le hace daño a cualquier intento de normalización de las relaciones bilaterales, al mercado energético internacional (…) y sobre todo, le hace daño a sus propias inversiones e intereses en la industria petrolera venezolana», sostuvo el canciller.
