El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha recibido este martes a los alcaldes de once municipios de la comarca del Bidasoa que le han trasladado su “preocupación” por “las graves afecciones ambientales” que podrían acarrear en su zona la posible implantación de los proyectos de parques eólicos Irakurri y Azkua.
El consejero Aierdi, que ha estado acompañado de la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, se ha reunido con los primeros ediles de Santesteban, Sumbilla, Ituren, Zubieta, Beinza-Labayen, Erasun, Oiz y Saldias en la zona de Alto Bidasoa, así como también Echalar, Yanci y Aranaz por parte de Cinco Villas, a quienes ha confirmado que los dos proyectos eólicos que se barajan en la comarca -los proyectos Irakurri y Azkua, con 11 y 12 aerogeneradores y 50 MW cada uno- acaban de solicitar al Departamento “que concrete el alcance de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental”.
En esta fase preliminar, la Dirección General de Medio Ambiente tramita consultas a las administraciones públicas y personas afectadas o interesadas para definir un documento de alcance, en base al cual la promotora “podrá decidir si elabora el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, con el que iniciar las tramitaciones ambientales propiamente dichas”.
El titular de Medio Ambiente del Ejecutivo foral ha recibido la “inquietud” de las entidades locales por “las posibles afecciones” que los proyectos podrían generar. Los proyectos “deberán analizarse en su conjunto, entre aerogeneradores, líneas de evacuación y accesos, tanto en la fase de ejecución como de explotación y desmantelamiento de las instalaciones”.
Sin haberse llevado a cabo un “análisis detallado de la documentación presentada”, la Dirección General de Medio Ambiente identifica que ambas actuaciones –Irakurri y Azkua– “deberán analizar en detalle las posibles afecciones sobre la Zona de Especial Conservación (ZEC) fluvial del río Bidasoa y el uso del espacio por la fauna voladora, fauna local residente y reproductora, con especial incidencia sobre el importante paso migratorio de la ruta atlántica y la zona de conexión ecológica de grandes rapaces entre los Pirineos y la cordillera Cantábrica”.
Igualmente, deberá “estudiar la biodiversidad, con especial incidencia en la flora, los hábitats de interés comunitario afectados directa o indirectamente o el posible impacto en la gran superficie forestal arbolada presente en estos espacios, con una orografía accidentada, así como se deberá garantizar la compatibilidad con los usos tradicionales del suelo, silvoganadero, cinegético o cultural“.
Además, si bien las actuaciones no se encuentran dentro de la Red Natura 2000, ésta “debe ser evaluada y estudiada, tomando como referencia las distancias de entre 10 y 50 kilómetros, en base a las especies a analizar, y garantizando el mantenimiento de su conectividad y coherencia ecológica, además de tener en consideración el importante impacto paisajístico”.
Asimismo, el consejero Aierdi les ha confirmado a los alcaldes que el Departamento de Industria del Gobierno foral ha desestimado la petición de la promotora en el conflicto de acceso y conexión, “explicando que para poder evacuar la energía que se generara en sus proyectos eólicos, la promotora debería acometer determinadas obras y actuaciones en la subestación eléctrica”.
El consejero de Medio Ambiente ha considerado que, como planteamiento previo a la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, su Departamento parte de la premisa de que “los proyectos de energías renovables que favorezcan la transición energética deben llevarse a cabo de forma ordenada, respetando los valores ambientales de las comarcas donde se vayan a implantar, los usos de suelo y el propio acogimiento social que tengan por parte de las entidades locales y su vecindario”.
