“Estos acuerdos, con más de 44 años de vigencia, mantienen incontables privilegios para el clero católico provenientes de la época franquista en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza, hecho que ha sido repetidamente denunciado por diferentes colectivo tanto laicos como cristianos”
Solicita en la iniciativa abrir negociaciones en el seno de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para actualizar los acuerdos existentes entre el Estado Español y la Santa Sede y así adecuarlos al contexto social actual
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a suprimir los “privilegios existentes” para la Iglesia Católica en España.
En este sentido, la formación solicita en la iniciativa abrir negociaciones en el seno de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para actualizar los acuerdos existentes entre el Estado Español y la Santa Sede y así adecuarlos al contexto social actual, “suprimiendo los privilegios existentes para la Iglesia Católica en España“.
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Además, Sumar ha pedido al Ejecutivo suscribir un nuevo acuerdo “específico” para “la prevención, reparación, depuración y pago de responsabilidades” por parte de la Iglesia en los casos de abusos sexuales en este ámbito en España. Asimismo, propone incorporar un sistema de coordinación, control y fiscalización por parte del Estado de los expedientes relativos a la reparación por daños causados en los casos de abusos sexuales.
Sumar recuerda en la exposición de motivos de la proposición, que los cuatro acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron el 3 de enero de 1979. Mediante estos, se reformaba el antiguo concordato de 1953, “firmado por el gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo, y ratificado de nuevo casi integramente en 1976”. También añade que la firma de los nuevos acuerdos se realizó en principio con el objetivo de adecuarlo a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado establecida en la Constitución Española de 1978, recién aprobada.
Igualmente, expone que estos acuerdos fueron negociados “en secreto” por el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Adolfo Suárez, el católico Marcelino Oreja, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean Marie Villot. Además, agrega que estas negociaciones comentaron antes de que se aprobara la nueva Carta magna, e incluso de que se acordara la redacción del artículo 16 de la Constitución en el que finalmente se garantizó la “libertad religiosa y de culto” y se estableció en el apartado 3.
Asimismo, Sumar apunta que los acuerdos firmados versan sobre cuatro ámbitos estructurales, que establece el marco relacional y competencial de la Iglesia católica en España dentro del nuevo marco constitucional, dando cobertura legal y seguridad a las figuras jurídicas propias de la misma. De esto modo, asegura que se firmaron el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, entre el Estado español y la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos, y entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
“Estos acuerdos, con más de 44 años de vigencia, mantienen incontables privilegios para el clero católico provenientes de la época franquista en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza, hecho que ha sido repetidamente denunciado por diferentes colectivo tanto laicos como cristianos”, subraya Sumar.
En esta misma línea, precisa que el colectivo Cristianos de Base y la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII han realizado diversas peticiones a los diferentes gobiernos del Estado para eliminar estos privilegios.
Además, señala que desde los sectores laicos también se ha criticado estos privilegios, en especial en el ámbito de la enseñanza y los asuntos económicos, “poniendo de relieve que la Constitución, en sus artículos 16.3 y 27.3, no establece ni obliga al gobierno del Estado a la firma y desarrollo de estos acuerdos, ni a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, o de miles de profesores de Religión y moral católica en las escuelas públicas”.
Finalmente, destaca que el 27 de octubre del año pasado el Defensor del Pueblo hizo público su informe ‘Una respuesta necesaria’, en el que reconoce que la Iglesia católica en España “ocultó” casos de abusos en su seno y en el que reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. “En sus más de 700 páginas también recoge una encuesta de GAD3 que estima que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y un 1,13% ha sido abusada en un ámbito religioso —supondría unas 450.000 víctimas en todo el país—, no necesariamente por personas consagradas”, concluye.
