El domingo, Joe Biden anuncio su retirada de la carrera presidencial, asegurando que continuaría centrado en sus actuales funciones como presidente y mostrando su apoyo a una posible candidatura de Kamala Harris para los próximos comicios.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, la inmigración se perfiló como un tema central del debate en la agenda nacional del país, llegando incluso a ser denominado como “amenaza de seguridad nacional”. A la frontera llegaban decenas de miles de personas, y el tapón del Darién se popularizó como ruta para llegar hasta la frontera, siendo habituales las fotos de personas cruzando esta zona fronteriza entre Panamá y Colombia para luego ascender por toda Centroamérica y llegar finalmente a EE. UU.
En sus primeros tres años, tomo hasta 535 decisiones en torno a la inmigración, sobrepasando ampliamente las 472 que tomó en cuatro años Donald Trump en el anterior mandato. Su administración estuvo marcada esencialmente por la situación en la frontera con México, aunque también tomo decisiones en torno a la migración en general y las personas migrantes ya presentes en Estados Unidos.
En la frontera mexicana
Uno de sus principales instrumentos fue las expulsiones bajo auspicio del título 42. El Código de Leyes de los Estados Unidos es una recopilación de estatutos y leyes de carácter permanente y generales para todos los estados del país, dentro de esta hay distintos títulos que se encargan de regular distintos aspectos legales de la vida de los ciudadanos. El Título 42 es aquel dedicado a la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles, dentro de este título encontramos la sección 265, relativa a las expulsiones del país bajo situaciones de enfermedades transmisibles, como lo fue el COVID-19.
Este instrumento estuvo activo desde marzo de 2020 hasta mayo de 2023, se estima que hubo hasta 2,8 millones de expulsiones bajo este argumento legal. Este además discriminaba en su uso, ya que inicialmente fue usado más contra personas de México y países de Centroamérica, pero posteriormente su uso se generalizó también contra cubanos, nicaragüenses y venezolanos mientras se compaginó con una política de externalización de estos flujos migratorios, deportándolos, pero manteniendo sus procesos legales en los Estados Unidos abiertos a la espera de una resolución que les permitiera volver.
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Con el fin en mayo de 2023 de esta política, Biden opto por una aproximación que buscaba desincentivar las llegadas fuera de los puestos fronterizos oficiales, ya que hizo inelegibles para el asilo a aquellos que llegarán al país sin una cita mediante una aplicación de móvil en la que se anunciaba la llegada al país a la Administración Fronteriza. Las únicas excepciones para esta cita se daban cuando el solicitante de asilo ya se le había denegado el asilo en otro país, cuando llegaban con un permiso de permanencia temporal o cuando calificaban para alguna de las excepciones presentes en la norma. Esta medida tuvo una efectividad limitada, ya que según la nacionalidad de la que se consulten datos, algunas tendían más a seguir llegando fuera de los puestos fronterizos y otras optaron casi por completo por atender a esta medida y llegar a través de puestos fronterizos oficiales, sin embargo, las llegadas fuera de los puestos fronterizos se mantuvieron altas.
Al mismo tiempo que se desplegaba esta política y se terminó el uso del Título 42, el fin de los protocolos por la pandemia del COVID-19 hizo incrementar el ritmo de detenciones por parte de la Administración Fronteriza, pasando de 23.000 detenciones diarias en el año fiscal de 2022 a 28.000 en 2023. Las operaciones también se diversificaron debido a la falta de recursos y el cambio de las realidades a las que se enfrentó la administración. Se estima que en el año fiscal de 2023, había un total de 6,2 millones de expedientes de personas migrantes que no habían sido detenidas, esto trajo medidas tecnológicas alternativas para la detención de estas personas, como teléfonos móviles restringidos en su uso o incluso monitores de tobillo, estas medidas fueron penalizadas en muchas ocasiones por distintos tribunales o se limitaron porque no había suficientes dispositivos o métodos de control como para llegar a toda la población migrante, con lo cual su uso disminuyó con el tiempo.
Se instauró también un programa de manejo y expulsión de familias, conocido como FERM. Este fue uno de los métodos usado por la administración para atajar la llegada de familias migrantes al país. Este ponía bajo vigilancia electrónica a estas y aquellas que no consiguieran demostrar un temor fundado de persecución o tortura eran rápidamente deportadas. Este método tuvo un mínimo impacto principalmente a los escasos recursos y capacidades disponibles, y se estima que para septiembre de 2023 (desde mayo de 2023), solo 1.600 familias llegaron a usar el FERM.
En abril de 2024, la administración Biden enfrentó un duro dictamen donde se determinó que los menores a la espera de presentar su solicitud de asilo están sujetos a un trato de mínimos y bajo custodia de la Administración fronteriza. Esto sucedió porque la guardia fronteriza decidía acercar a aquellos que cruzaban la frontera a campamentos improvisados para dejarlos ahí “estacionados”, y si estos intentaban escapar, eran aprehendidos para ser reubicados de nuevo en estos lugares, incluidos menores. La administración fronteriza argumentaba que esto no suponía custodia alguna, ya que eso solamente se daba cuando eran arrestados, por tanto, no debían proporcionarles unos tratos mínimos. La jueza del caso determinó que, si había un control físico sobre los migrantes por parte de la administración, y, por tanto, si estaban bajo su custodia, asegurando así también un trato mínimo para los menores de estos campamentos.
Uno de los últimos episodios en la frontera mexicana, fue la orden por parte de Biden de autorizar a la guardia fronteriza a deportar a personas sin considerar sus solicitudes de asilo, incluso en los puestos fronterizos oficiales. Esta medida solamente podrá ser retirada 14 días después de que el Secretario de Seguridad del país determine que las llegadas irregulares al país han bajado de 1.500 personas a la semana, sin embargo, esta puede volver a ser activada si se determina que las llegadas vuelven a superar las 2.500 personas. Solo las personas que expresen efectivamente el temor de ser perseguidos o torturados serán analizadas, al menos en primera instancia por los oficiales a cargo del asilo, sin embargo, no podrán optar al asilo, solo a otras formas de protección y bajo unos estándares elevados, si no podrán ser deportados ipso facto. Solamente menores no acompañados, aquellos con determinadas condiciones médicas, aquellos que huyan de un peligro inminente o los que usen métodos legales de acceso podrán ser la excepción, estos últimos mediante la aplicación del móvil ya mencionada. Esta medida ha sido recurrida por la Unión Americana de Libertades Civiles debido a su ilegalidad e incompatibilidad con la legislación internacional y denuncian que es idéntica a la tomada por Trump durante el anterior mandato y que, de hecho, ambas se ampararon en el mismo artículo de la legislación.
Más allá de la frontera
Aquellas personas migrantes que conseguían cruzar la frontera, ya fuera terrestre, aérea o marítima y conseguían llegar a las distintas ciudades del país, ahora se enfrentaban a una situación de irregularidad. Ante esto, la administración decidió permitir estatus temporales que evitaban la deportación y podían solicitar autorización para trabajar, también se extendieron la validez de los permisos de trabajos a solicitantes de asilo y se intentó impulsar tanto las solicitudes de nacionalidad como los servicios migratorios en general.
Hubo otros programas que también continuaron, tales como aquellos para los ucranianos que huían de la invasión rusa, así como los de los afganos que huían de la toma del Estado afgano por parte de los talibanes. Incluso se lanzó un programa para beneficiar a migrantes en situación irregular que estuvieran en disputas con sus empleadores, así como distintos programas de reagrupación familiar para algunas nacionalidades.
Todos estos métodos son de carácter “diferido”, es decir, canalizan el que sería el principal procedimiento, por una vía alterna que permita, al menos, temporalmente canalizar estos flujos migratorios que de la manera tradicional no se estaban sabiendo gestionar.
Otra medida utilizada, pero que posteriormente sería considerada ilegal por los tribunales fue la Acción diferida para las llegadas de infancias (DACA), la cual, bajo unos requisitos de edad, de tiempo en el país y con un expediente legal limpio permitía a algunos menores posponer sus deportaciones y optar por un permiso para trabajar. La decisión judicial a este respecto fue considerar incompatible esta medida con las leyes federales, pero conservar el estatus de aquellos que habían podido beneficiarse del mismo. En la actualidad la normativa se encuentra a la espera de ser escuchada por la Corte Suprema del país a fin de determinar su legalidad.
También hubo medidas de fuerza autorizadas por parte de los tribunales. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia del país permitió la priorización del arresto y expulsión de aquellos extranjeros que supongan una amenaza a la seguridad pública, nacional o de fronteras. Esto permitía que las autoridades tuvieran una mayor discrecionalidad a la hora de decidir si un factor mitigaba o agravaba la situación de los individuos, permitiendo establecer prioridades en este sentido.
Se permitió que los jueces priorizaran aquellos casos más urgentes, esto facilitó que los casos, ya fuera mediante el archivo, deportación o estancia, se sustanciaran más rápido. Esto posibilitó que, en el año fiscal de 2023, se completaran poco más de medio millón de casos, casi el doble que el año anterior.
Externalización de los flujos migratorios
Otro plano que la administración Biden empezó a desplegar fue el de la externalización de los flujos migratorios. En este sentido, Biden buscó el apoyo de países, principalmente latinoamericanos, para recibir de nuevo a sus ciudadanos, pero también implemento mecanismos de migración en origen.
Un instrumento usado en ambas vertientes fueron las Oficinas de movilidad segura (SMO), las cuales consisten en oficinas en países de origen como Colombia, Costa Rica, Ecuador o Guatemala, desde las cuales en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se permite la selección de ciertos migrantes para que puedan llegar hasta Estados Unidos de manera segura, ya sea mediante reagrupación familiar, oferta de contrato de trabajo en Estados Unidos o como refugiados, es decir, métodos tradicionales para la migración en Estados Unidos. La otra vertiente que despliegan estas oficinas es que pueden decidir enviar gente no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá, España o incluso se llegó a saber de conversaciones con Grecia e Italia para llegar a acuerdos en este sentido.
Por otro lado, a principios de este mismo mes, Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo bajo el cual, oficiales norteamericanos se desplegarán en Panamá para ayudar en las deportaciones de personas que crucen el tapón del Darién. Los oficiales entrenarán y asistirán a las autoridades panameñas con el fin de llevar a cabo a una mayor velocidad y en un mayor volumen las deportaciones necesarias. También ayudarán a establecer una “infraestructura para deportaciones”. El gobierno prevé que para noviembre sean desplegados los primeros efectivos de este plan y lo entienden como un primer paso de un plan regional de respuesta.
Entre otros países colaborando con Estados Unidos encontramos también una mayor agresividad en las operaciones antimigrantes por parte de las autoridades mexicanas e incluso Ecuador ha impuesto requisito de Visa para las personas provenientes de China, una nacionalidad que cada vez más usa esta ruta para llegar hasta Estados Unidos.
Este mismo mes, el presidente costarricense también anunciaba su interés por participar en este acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. El mandatario reconoció los factores exógenos que empujan a la gente a salir de sus lugares de origen, factores que ellos no controlan, sin embargo, él entendía que el papel de su país era administrar los flujos de manera efectiva y evitar que estas personas se quedaran en Costa Rica. Aseguró que no tiene intención de llegar a ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que vea cómo funciona en Panamá, pero reconoce una oferta por parte de EE. UU. de sumarse al plan. También entiende que el objetivo serían las personas con antecedentes criminales y no aquellos que aleguen ser perseguidos, con los cuales dice tener una política de brazos abiertos.
Actualidad y elecciones
Las baterías de medidas usadas por Biden a lo largo de su mandato han resultado insuficientes tanto en el marco de garantías y derechos para los afectados como para evitar que estos se aventuren en rutas peligrosas para los mismos. Las oficinas creadas en origen en distintos países de tránsito hacia la frontera suponían un gran paso para evitar estos arriesgados tránsitos, sin embargo, el bajo volumen de resoluciones aceptadas o de disposición por parte de terceros países como Canadá o España a aceptar personas lo hace insuficiente como para atajar la realidad que afronta el continente. El Departamento de Seguridad Nacional estimaba que estas oficinas podrían procesar hasta 5.000 personas al mes, y aunque si ha sido ampliamente utilizado por las personas, para enero de este año se estimaba que llegarían unas 3.000 personas con este estatus y había otras 9.000 aprobadas para entrar en el país, cifras extremadamente lejanas de aquellas que siguen usando las vías irregulares.
Mientras opciones como la reagrupación familiar u otros métodos tradicionales de migración hacía EE. UU. suponen una migración segura (aunque en ocasiones difícilmente accesible), aquellos métodos usados por la Administración en clave diferida suponen solamente un parche, ya que crean una ficción jurídica momentánea con el fin de poder, posteriormente, decidir si garantizan o no el acceso al asilo de estas personas. El problema de este diferido es que, a pesar de que puede permitir trabajar a estas personas y establecerse en el país, esto no es considerado un tipo de residencia, es decir, cuando eventualmente el sistema se desestrese y puedan empezar a resolver los casos menos urgentes, estas personas podrían enfrentarse a una deportación años después, con una vida ya establecida en el país.
La última medida antiasilo aprobada por Biden es también una declaración de intenciones y un volantazo a la política de palo y zanahoria que venía desplegando hasta el momento. El cruce de personas sí se ha reducido (lo lleva haciendo desde antes de esta medida), sin embargo, eso no significa que la gente deje de llegar a la frontera. La realidad es que con esta medida han hecho que la gente se amontone a la espera de una oportunidad en el lado mexicano, ya que saben que si cruzan es bastante probable que sean deportados, con lo cual, se limitan a esperar al otro lado hasta que el marco legal se vuelva a flexibilizar, o hasta que puedan adquirir una de las 1.500 citas al día que permite la aplicación usada en la frontera para controlar los flujos migratorios.
No es casualidad que esta sé de a las puertas de las elecciones de noviembre de este año. La inmigración es un tema fundamental en la sociedad estadounidense, tanto ad intra con los millones de personas con orígenes extranjeros, como exteriormente con el control de los flujos migratorios. No han sido pocas las ocasiones en que incluso los mismos Republicanos han torpedeado medidas impulsadas por Biden o los Demócratas orientadas a controlar este fenómeno, porque bien saben que esto es uno de los grandes alicientes del relato y el discurso republicano, es un problema que, de ser solucionado, supondría una perdida fuerte en el discurso de estos.
Las implicaciones que puede tener el contexto de elecciones en las migraciones a este país pueden ser brutales, especialmente en un tema en el cual Biden ha recibido críticas incluso desde su propio partido. Conocemos la política que desplegara Trump en este sentido, solo queda ver que ofrecerá aquel que pretenda reemplazar en la carrera presidencial a Joe Biden.
