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Informe: EE. UU. es el destino predilecto para lavar el dinero de delitos ambientales

Autor: EDWIN CAICEDO

“Existen argumentos sólidos para pensar que, en la actualidad, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es, de hecho, Estados Unidos”, admitió en 2021 Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Un reciente informe encontró que en el caso de los crímenes medioambientales cometidos en la Amazonia, gran parte de los flujos económicos y ganancias obtenidas de esos delitos terminan entrando de forma muy sencilla para ser blanqueados en la mayor economía del mundo.

Los delitos ambientales son el tercer tipo de actividad ilícita más importante del planeta: según la Interpol, generan recaudos de hasta 281 mil millones de dólares. En la Amazonia actividades como la tala ilegal de madera, la minería ilegal de oro y el comercio de fauna silvestre dejan miles de millones de dólares que, según un informe de la Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT, por sus siglas en inglés), termina blanqueándose a través de empresas anónimas y el sector inmobiliario del país norteamericano.

“Con este informe, FACT, en nombre de sus más de 100 miembros, incluidas distintas organizaciones para el medio ambiente y la conservación, se une a los expertos y defensores que ponen el foco en otras dimensiones importantes para combatir la crisis climática y la galopante destrucción del medioambiente. Exponemos ejemplos de delitos ambientales en la Amazonia —y, en algunos casos, su vínculo con los flujos financieros ilícitos hacia Estados Unidos— con el ánimo de iniciar una conversación sobre el papel que las reformas de transparencia financiera de Estados Unidos deberían desempeñar en los movimientos de justicia climática y medioambiental más amplios”, señala Ian Gary, director ejecutivo de la FACT.

Los Angeles es más grande que Miami

El mercado inmobiliario de Estados Unidos es uno de los motores para el lavado del dinero proveniente decrímenes ambientales.

Foto:iStock

Por su parte, explica Julia Yansura, directora de programas para Latinoamérica y el Caribe del Global Financial Integrity, organización que hace parte de la FACT, aún existen obstáculos muy grandes que limitan la posibilidad de identificar a las empresas y a las personas que lavan dinero proveniente de la Amazonia en Estados Unidos. Esto gracias a las sociedades anónimas y a la laxitud del sector inmobiliario en Estados Unidos que permite hacer transacciones de activos sin hacer ninguna pregunta.

“Lamentablemente Estados Unidos es un lugar con mucha opacidad corporativa y financiera. Eso ha sido reconocido por muchos actores. Por ejemplo, la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) ha dicho que Estados Unidos es el lugar con más opacidad financiera en el mundo. Hay ciertas cosas inherentes del país que lo convierten en un lugar atractivo para lavar dinero, por ejemplo: es una economía grande y con una moneda estable”, destaca Yansura.

Los casos de delitos ambientales en Colombia

Si bien seguir el dinero ilegal es complejo, el informe de FACT analiza el caso de dos empresas en Colombia. Una de ellas es Goldex, que en su día fue la segunda mayor empresa exportadora de oro en el país, y quienes presuntamente de acuerdo con el documento, desempeñaron un importante papel en las “guerras por el oro” de Colombia y tuvieron mucho que ver en lo que se ha descrito como el resultante “oro sangriento” que tenía como destino final Estados Unidos, donde se lavaban las ganancias.

En el 2015 y por el delito de lavado de divisas bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticularon una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos años. Se habrían lavado más de $2.3 billones de pesos.

Un operativo en 2019 trató de desmantelarlos.

Asentamiento de minería ilegal.

Foto:Getty Images

Según detalla este informe, que utiliza información de la Fiscalía, Goldex empleó cadenas de suministro de empresas ficticias de corta duración, una práctica común para las empresas que extraen su oro de explotaciones ilegales, y compró oro directamente a propietarios que, al parecer, nunca existieron o fallecieron en el momento de la venta.

“En sus últimos seis años de funcionamiento, Goldex exportó más de 47 toneladas de oro por un valor de más de 1.400 millones de dólares. Prácticamente todo ese oro (más del 97 %) se suministró a dos refinerías de metal en Estados Unidos: Republic Metals Corp., y RMC, en Miami. RMC siguió comprando oro a Goldex incluso después de que uno de sus proveedores fuera llevado a juicio en Estados Unidos por cargos relativos al narcotráfico y lavado de dinero, y después de que Goldex fuera sancionada por las autoridades colombianas”, señala el informe de FACT.

Otro caso que se analiza en Colombia es el de CIJ Gutiérrez, una de las mayores empresas comercializadoras de oro del país, que presuntamente utilizó entidades y transacciones falsas a nombre de personas ficticias para suministrar el oro extraído de forma ilegal en la Amazonia a refinerías de Estados Unidos, incluidas Metalor International SA y Asahi Refining U.S.A.

En este caso Estados Unidos y Suiza fueron los principales destinos de la exportación de oro de CIJ Gutiérrez y donde se terminó lavando el dinero. En 2019, la Fiscalía de Colombia presentó cargos contra CIJ Gutiérrez por presuntamente lavar más de 740 millones de dólares procedentes de oro ilegal.

Una mina ilegal de oro en Colombia. En enero del 2023 fue destruida por las fuerzas de seguridad de ese país.

Una mina ilegal de oro en Colombia. En enero del 2023 fue destruida por las fuerzas de seguridad de ese país.

Foto:Getty Images

Las recomendaciones para evitar el lavado 

Ante esa realidad, el informe también ofrece un grupo de recomendaciones para los tomadores de decisión, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las transacciones económicas.

Entre ellas, el FACT pide al Congreso de los Estados Unidos apoyar la aprobación de la Forest Act (Ley de Bosques), que tipificaría la deforestación como una actividad ilegal específica —o “delito predicado”— en la legislación penal en materia de lavado de dinero de Estados Unidos. También piden tipificar todos los delitos ambientales como delitos predicados para el lavado de dinero.

También señalan que es necesario aumentar la asistencia técnica a los países de la cuenca del Amazonas con el fin de potenciar su capacidad para combatir los flujos financieros ilícitos transnacionales procedentes de delitos medioambientales.

Igualmente apoyar la aprobación de la United States Legal Gold and Mining Partnership Strategy Act (Ley de estrategia de asociación para el oro y la minería legal de Estados Unidos), que daría asistencia técnica para permitir a los gobiernos regionales aplicar sanciones específicas a las personas implicadas en el lavado de activos de oro ilícitos y aprobaría la asignación de 10 millones de dólares para que el Departamento de Estado siga una estrategia para frenar la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental.

Por otra parte, el informe también pide al Gobierno de Estados Unidos mejorar las normas para fijar obligaciones de prevención del lavado de dinero para los profesionales inmobiliarios en los mercados de bienes raíces residenciales y comerciales de Estados Unidos.

Para Yansura, en el caso colombiano existe una institucionalidad fuerte que permite generar acciones contra los delitos medioambientales en la región amazónica; sin embargo, hasta que no se tomen medidas antilavado, entidades como la Fiscalía se seguirán estrellando ante los muros del anonimato y la opacidad que ofrece Estados Unidos para aquellos que desean blanquear su dinero.

“Con este informe esperamos lograr cambios en políticas públicas principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países. Queremos, primero, promover que las autoridades de aplicación de la ley hagan el trabajo de seguir la ruta del dinero. Cuando hay un caso de delito ambiental no es suficiente congelar los activos o destrozar la maquinaria amarilla. También queremos promover la transparencia en las personas jurídicas. Vemos constantemente como empresas fachada se utilizan constantemente para los delitos ambientales. Y tercero queremos un mayor intercambio de información entre Estados Unidos y Colombia sobre los verdaderos dueños de las empresas o los beneficiarios finales de estos dineros”, agrega Yansura.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE 

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