Los abogados de Donald Trump lanzaron un órdago legal. Un presidente de Estados Unidos, sostienen, debe ser inmune a la persecución penal por los actos que desarrolle mientras ocupa el cargo, incluso si ordena a un comando de las fuerzas especiales asesinar a sus rivales políticos. Solo el Congreso puede juzgarle, pero no los tribunales, ni siquiera al cesar en el cargo. Este jueves, el Tribunal Supremo debate el alcance de la inmunidad presidencial en una vista de enorme calado para el futuro judicial (y quizá electoral) de Trump.
En materia penal, Trump es protagonista simultáneo en varias pistas del circo judicial. Este jueves se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por el caso de Nueva York relacionado con los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Mientras se le juzga en Manhattan, el Supremo discutirá sobre la inmunidad del presidente en el caso de interferencia electoral que se sigue contra él en Washington. El expresidente tiene otras dos imputaciones (en Florida y Georgia), además de varios litigios civiles e investigaciones en curso.
La discusión sobre la supuesta inmunidad presidencial tiene una especial trascendencia. Si los jueces le dan la razón, supondría el archivo del caso de Washington, pero tendría efectos también como mínimo sobre parte de los cargos de las otras acusaciones. Trump juega en casa, ante un tribunal con una supermayoría conservadora de seis jueces a tres, en la que tres de los magistrados fueron nombrados por el propio expresidente. Eso no le garantiza la victoria. En el Tribunal de Apelaciones, incluso la jueza nombrada por Trump falló que no había lugar a la inmunidad.
Trump ha tratado de darle la vuelta a la tortilla de los hechos con los que intentó alterar al resultado electoral para evitar que se certificara la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020. Lo que ahora sostiene el presidente es que estaba tratando de preservar la limpieza y la integridad del proceso electoral. Es la forma de defender que estaba ejerciendo sus funciones presidenciales y que por eso es merecedor de la inmunidad. La alternativa, reconocer que lo que trataba era de hacer trampas, sería un argumento con menos posibilidades de convencer a los jueces de que merecía esa inmunidad.
Además de establecer un fallo potencialmente histórico sobre el alcance del poder presidencial, la decisión del tribunal, sea cual sea, contribuirá en gran medida a determinar una fecha de juicio para Trump en el proceso de Washington, uno de los cuatro a los que se enfrenta el presidente. Era el que tenía señalada la fecha de inicio de juicio más temprana, el pasado 4 de marzo, pero han sido precisamente los recursos de Trump alegando inmunidad (y las pocas prisas del Tribunal Supremo por analizar el caso) los que han ido posponiendo el juicio. La jueza tiene congelado el caso desde diciembre.
La sentencia del Supremo no se espera, en principio, hasta junio. De ese modo, aunque le deniegue la inmunidad, el calendario estará muy apretado. Es difícil que el juicio sobre el intento de robar las elecciones de 2020 se celebre antes de los comicios de 2024. Y si Trump gana en las urnas, podría incluso retirar los cargos o autoindultarse.
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Trump es el primer expresidente que se enfrenta a cargos penales, por lo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Tribunal Supremo tiene ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Aunque la política del Departamento de Justicia impide la acusación de un presidente en ejercicio, no hay ningún obstáculo para acusar a un expresidente.
Un precedente importante
Los abogados de Trump advierten de una posible avalancha de procesos contra expresidentes si no están protegidos por la inmunidad. Sostienen que el cargo no puede funcionar si el presidente tiene que preocuparse de posibles acusaciones penales. La tesis de Trump es que si a él se le juzga, se abre una espita y “la amenaza de una futura acusación penal por parte de una Administración políticamente opuesta ensombrecerá todos los actos oficiales del futuro presidente, especialmente las decisiones políticamente más controvertidas”, según decía uno de los documentos presentados ante el Tribunal.
Además, citan una sentencia anterior del Tribunal Supremo según la cual los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, afirmando que el mismo análisis debería aplicarse en el ámbito penal.
Los jueces podrían simplemente rechazar de plano la demanda de inmunidad o declarar por primera vez que los expresidentes no pueden ser procesados por conductas relacionadas con actos oficiales durante su mandato, pero también hay posibilidades intermedias. Una de ellas sería dictaminar que los expresidentes conservan cierta inmunidad por sus actos oficiales, pero no absoluta. Si es así, podrían optar por pronunciarse sobre si se da la inmunidad en este caso, pero también podrían fijar su doctrina y devolver el caso a la jueza Tanya Chutkan para que ella decida de acuerdo con esos criterios si las acciones por las que se acusa a Trump constituían actos oficiales.
Tanto la jueza Chutkan como el Tribunal de Apelaciones rechazaron la inmunidad del expresidente en términos muy contundentes. “Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”, indicó la jueza Chutkan en primera instancia.
“A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia de las tres juezas del Tribunal de Apelaciones. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollaban.
En el pliego de cargos de este caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal especial Jack Smith lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Los jueces discutieron la semana pasada la validez de aplicar el delito de obstrucción de un procedimiento oficial por el asalto al Capitolio. El acto oficial interrumpido fue la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los jueces se mostraron divididos sobre la interpretación de la norma. Sin embargo, las voces más escépticas fueron las de los magistrados conservadores, que tienen una mayoría de seis a tres, así que la sentencia puede acabar beneficiando a Trump. Dos de los cuatro delitos que se imputan a Trump en el juicio de Washington por interferencia en el resultado electoral tienen que ver con el asalto al Capitolio.
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