Por EFE
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley contra la ocupación ilegal de viviendas en el estado, y que además, le permite al propietario, entre otras facultades, reclamar a las autoridades la expulsión inmediata de un inquilino que se encuentre de forma irregular en su propiedad.
“Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”, señaló en un comunicado DeSantis.
La ley fue aprobada en el Senado
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, agradeció a DeSantis la promulgación de la ley HB 621, aprobada previamente por el Senado.
La ley entrará en vigor el 1 de junio de 2024, y estableció una relación causa-efecto entre esta medida y el hecho de que Joe Biden “ha permitido que millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera”.
Moody se refirió a un supuesto vídeo que muestra un “plan (de los inmigrantes indocumentados) para apoderarse de las casas”, por lo que, con esta ley, dijo, “nos aseguramos de que los floridanos estén protegidos de este plan atroz y descarado”.
El propietario puede solicitar la expulsión inmediata
Según la iniciativa HB 621, redacta que el propietario de una vivienda puede solicitar la expulsión “inmediata” de una persona si “entró ilegalmente” en su propiedad y permanece en ella.
También protege al dueño del inmueble, si le ha ordenado que la abandone y no lo hace. O si el individuo no es un inquilino actual o previo que se encuentra en una disputa legal.
Fuertes sanciones
La ley también impone sanciones severas a quienes participen en la ocupación de una vivienda o la fomenten, informó EFE.
La ley promulgada autoriza a los propietarios afectados a solicitar “la asistencia del alguacil del lugar donde se encuentre la propiedad para la remoción inmediata de los ocupantes no autorizados”, dice la ley.
La organización Florida Rising, que defiende a las comunidades históricamente marginadas, había expresado con anterioridad su preocupación por esta medida porque, en su opinión, “puede llevar a propietarios abusivos a expulsar a inquilinos legales”.
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