Miami.- Durante los últimos 15 años, sólo por citar las más recientes, Estados Unidos ha sido testigo de una ola de legislaciones antiinmigrantes en varios estados, reflejando una creciente polarización en torno al fenómeno. Estas leyes han tratado de ser promulgadas con el objetivo de restringir la llamada inmigración ilegal y abordar las preocupaciones de seguridad fronteriza, pero generaron un intenso debate sobre los derechos humanos, la discriminación y el impacto económico y social de la inmigración y que al final, fueron desechadas; aunque de última hora han entrado en esta lista una ley de Iowa y otra se Tennessee que entrarían en vigor en julio de 2024.
En su momento, y aun ahora, siguen siendo leyes antiinmigrantes muy criticadas por parte de defensores de los derechos humanos: fomentan la discriminación, separan a las familias y desprecian los derechos civiles de las comunidades inmigrantes. La estadística muestra que la mayoría de los casos de este tipo de leyes, podrían ser calificadas como “leyes fallidas o fracasadas”.
SB2340 (2024): En Iowa, bajo el mandato de la gobernadora Kim Reynolds, se ha aprobado una ley que criminaliza la presencia de individuos en el estado si anteriormente ha sido denegada su entrada o han sido deportados de Estados Unidos. Esta legislación permite el arresto de inmigrantes en estas condiciones y exige a las autoridades policiales locales asegurar que estos individuos sean expulsados del país nuevamente. Esta medida se espera que intensifique las tensiones y desafíos que enfrentan los inmigrantes en ese estado.
SB2576 (2024): Tennessee, bajo la dirección del gobernador Bill Lee, ha implementado esta ley que obliga a los agentes del estado a colaborar estrechamente con las autoridades federales de inmigración para facilitar la deportación de personas indocumentadas detenidas en relación con presuntos delitos. Esta ley impone a las agencias policiales estatales la responsabilidad de contactar a las autoridades migratorias cada vez que identifiquen a un migrante indocumentado.
Estas medidas legislativas han generado alarma debido a sus posibles consecuencias, como el aumento de discriminación racial, prácticas indebidas contra ciudadanos o residentes legales no blancos y lo más alarmante, la separación de familias. “Esta situación me hace pensar que, al igual que ha sucedido en otros estados con leyes similares, simplemente van a ser congeladas y van a fracasar en su puesta en marcha”, dice a EL UNIVERSAL, el abogado especialista en inmigración desde California, José Jordán.
SB4 (2023): La ley SB4 de Texas, que iba a entrar en vigor el 4 de marzo pasado, ha sido un tema de constante controversia y cambios legales desde su promulgación en diciembre de 2023. La SB4 fue suspendida temporalmente por un juez federal en febrero de 2024, quien argumentó que la ley entraba en conflicto con las disposiciones de la ley federal de inmigración. Sin embargo, poco después, la Corte Suprema levantó la suspensión, permitiendo que la ley entrara en vigor. A las pocas horas, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito volvió a suspender la SB4, creando más incertidumbre sobre su implementación.
El meollo de esta ley se centra por “la posibilidad que las autoridades locales, como los departamentos de policía, puedan, a su juicio y bajo sospecha, detener a cualquier hombre o mujer que pudiera ser un migrante sin documentos viviendo en Texas”, explica el abogado Jordán; “para muchos, la sospecha de una persona indocumentada se basaría exclusivamente en su apariencia racial y cultural, lo que se traduciría también en una acción discriminatoria”.
Esto refleja la complejidad y la división que rodea a las políticas de inmigración en Estados Unidos. Esta suspensión indica que tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones “reconocen los argumentos sustanciales contra la SB4, que van desde preocupaciones sobre discriminación hasta interrogantes sobre la autoridad de los estados para implementar políticas contra la inmigración” subraya el abogado Jordán.
Actualmente, la SB4 se encuentra en un limbo legal, con su futuro y aplicación pendientes de las deliberaciones judiciales y posibles futuras decisiones de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones.
SB1070 (2010): Conocida como la Ley de Apoyo a la Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, “esta legislación de Arizona se convirtió en una de las más estrictas contra la inmigración ilegal en el momento de su promulgación. Igual que la ley texana que quieren meter, permitía a la policía verificar el estatus migratorio de cualquier persona durante un arresto, detención o cuando existiera una sospecha razonable de que la persona estaba sin documentos en el país”, explica el experto en inmigración.
La ley fue ampliamente criticada por promover la discriminación racial y llevar a prácticas de perfil racial. La Corte Suprema anuló varias secciones, pero dejó intacta la provisión de “mostrar tus papeles”, dice el especialista.
HB2281 (2010): Esta ley prohibía los cursos de estudios étnicos en las escuelas públicas de Arizona que promovieran el resentimiento hacia una raza o clase de personas o que alentaran la solidaridad étnica en lugar de tratar a los estudiantes como individuos. “Los impulsores de esta ley decían que el objetivo era evitar la división racial, pero los oponentes dijeron que se trataba de una medida para eliminar los programas educativos que promovían la diversidad cultural” comenta el abogado.
En 2017, un juez federal dictaminó que la ley era inconstitucional, argumentando que “estaba motivada por un deseo discriminatorio de tratar a las minorías de manera diferente y que violaba los derechos de los estudiantes y profesores bajo la Primera Enmienda -constitucional, la libertad de expresión-”, explica Jordán. Como resultado de esta decisión, los programas de estudios étnicos han podido continuar en Arizona, aunque el debate sobre su contenido y enfoque permanece.
HB56 (2011): Considerada en su momento la ley estatal de inmigración más dura del país, la Ley de Alabama sobre la Inmigración Ilegal requería que las escuelas verificaran el estatus migratorio de los estudiantes y criminalizaba la contratación de inmigrantes indocumentados. También hacía ilegal transportar o albergar a personas sin documentos. Al igual que la SB1070 de Arizona, partes de esta ley fueron bloqueadas por los tribunales debido a preocupaciones sobre discriminación y violaciones de los derechos civiles.
HB87 (2011): La Ley de Cumplimiento de la Inmigración y Seguridad de Georgia ampliaba los poderes de las fuerzas del orden local para verificar el estatus migratorio de los detenidos y requería que los empleadores con más de 10 empleados utilizaran el sistema E-Verify “este sistema consiste en verificar el estatus legal de los trabajadores y reportar a las autoridades migratorias sobre solicitantes sin papeles para ser detenidos” explica el abogado. La ley fue criticada por crear un ambiente de miedo entre los inmigrantes y por posiblemente dañar la economía del estado al afectar la disponibilidad de mano de obra “tal y como sucede en Florida con la SB1718; de las pocas leyes antiinmigrantes que no han limitado o congelado”.
Hoy en día, la HB87 “ha sido modificada en cierta medida por las decisiones judiciales, pero varias de sus disposiciones clave siguen vigentes” señala el experto. El uso del sistema E-Verify por parte de los empleadores, por ejemplo, sigue siendo un requisito, y la ley en general mantiene su enfoque en desalentar la presencia de inmigrantes indocumentados en Georgia.
SEA 590: Promulgada en 2011, es una ley que reflejaba muchos de los objetivos de la legislación de Arizona y Alabama. Entre sus disposiciones, la SEA 590 requería que la policía intentara determinar el estatus migratorio de una persona durante cualquier detención o arresto si había motivo razonable para creer que la persona estaba sin documentos en el país. Además, prohibía a los inmigrantes indocumentados el acceso a ciertos servicios públicos y establecía penalizaciones para quienes los emplearan. Sin embargo, al igual que otras leyes estatales similares, partes de la SEA 590 enfrentaron desafíos legales y críticas por promover la discriminación y el perfil racial, varios de los cuales fueron desechados.
SB20: Conocida también como Act 69, fue aprobada en 2011. Esta ley incluía una disposición que requería que la policía verificara el estatus migratorio de cualquier persona de la que sospecharan estaba en el país sin documentos, en situaciones como una verificación de tránsito por alguna falta o durante algún arresto policiaco. Además, criminalizaba el transporte o albergue de inmigrantes indocumentados. La ley fue objeto de litigios y, como resultado, algunas de sus secciones fueron bloqueadas por los tribunales.
A largo plazo, estas leyes han tenido un impacto en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, resaltando las tensiones entre los gobiernos estatales y federal; así como entre los defensores de una aplicación de la ley más estricta y aquellos que abogan por los derechos de los inmigrantes. Aunque algunas de las medidas más duras han sido mitigadas o bloqueadas, la cuestión de cómo los estados deben manejar la inmigración indocumentada sigue siendo un tema polémico y de división social en la política estadounidense.
Trascendió que en Louisiana ya fue aprobada una ley similar a las de Texas, Iowa y Tennessee, en la cámara de representantes estatal y que va rumbo al senado del estado para ser discutida y votada.
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