Más de un centenar de organizaciones locales y nacionales que luchan por los derechos de los inmigrantes planifican la celebración de jornadas de presión para urgir al presidente Joe Biden a que use su poder ejecutivo y otorgue beneficios migratorios a ciertos inmigrantes indocumentados.
La estrategia, que viene siento elaborada desde hace varios meses, está enfocada en pedirle a la Casa Blanca que conceda permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
La presión a Biden ha ido en aumento desde enero del año pasado, cuando el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), activó un programa de perdón humanitario para que inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este último participa desde octubre de 2022) entren a Estados Unidos con una visa temporal por dos años previa autorización de un patrocinador.
En este programa también están incluidos inmigrantes provenientes de Ucrania y Afganistán quienes, una vez admitidos, los recién llegados tienen derecho a un permiso de trabajo temporal válido por dos años.
A su vez, en los últimos tres años, más de dos millones de casos han sido referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), la mayoría de asilo, los que, una vez solicitado el amparo durante la primera audiencia ante un juez, pueden gestionar una autorización de empleo transcurridos 150 días.
La EOIR tiene acumulados más de 3.5 millones de casos y, en promedio, cada uno demora entre 3 y 4 años en ser resuelto, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Millones de otros inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 10.5 millones según datos del Pew Center, se preguntan por qué el gobierno de Biden no utiliza el poder ejecutivo presidencial para otorgarles una autorización de empleo (EAD) temporal, por ejemplo, a cónyuges de ciudadanos estadounidenses que bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no tienen por ahora opciones para legalizar sus permanencias en Estados Unidos.
Presiones arrancan en mayo
Las demandas por soluciones migratorias “las tenemos presentadas al presidente Biden desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Están en su escritorio de la Oficina Oval donde llevan mucho tiempo y estamos esperando que use su poder ejecutivo y responda a nuestras demandas”.
Entre las demandas solicitadas por CHIRLA se incluye otorgar a unos 1.4 millones de indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses una autorización temporal de empleo, petición hecha previamente por un grupo de congresistas demócratas y activistas al mandatario por medio de una carta.
“Los cónyuges de ciudadanos, en su mayoría, son personas que llevan muchos años en Estados Unidos, pagan impuestos, tienen familias constituidas y carecen de antecedentes criminales”, precisó Salas.
La activista señaló que, “así como el presidente ha utilizado su autoridad para otorgar un parole humanitario a cierto grupo de extranjeros para que entren legalmente a Estados Unidos, sentimos que los cónyuges de estadounidenses también deben tener esta oportunidad de beneficiarse con esta herramienta. Llevan muchos años aquí esperando una legalización que ha sido negada por el Congreso”.
“No hace sentido que unos sí puedan beneficiarse de la acción ejecutiva del presidente, como los recién llegados, y otros que llevan muchos años escondidos en las sombras sigan con las manos vacías. Es tiempo de hacer algo por ellos”, indicó.
Salas precisó que son más de 130 las organizaciones que planean actividades de presión a Biden para actuar en materia migratoria. Y que un primer evento se llevará a cabo este miércoles 1 de mayo, fecha que en años anteriores ha sido utilizada para la convocatoria de protestas a favor de una reforma migratoria.
“No la hemos olvidado”, dijo. Pero ahora “que en el Congreso el tema permanece estancado, es hora de acciones ejecutivas. Y tampoco olvidamos el reclamo de mover la fecha de la ley del registro, del 1 de enero de 1972, para darle la oportunidad a millones de indocumentados de calificar para la residencia permanente”.
Esperando el momento
No todos los activistas comentan detalles de las actividades planificadas por ahora para presionar a Biden.
“Lo que hemos oído hasta ahora es que la Administración está considerando otorgar alivio migratorio a ciertos indocumentados”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC. “Algunos de parte de la Administración han dicho que se trata de permisos de trabajo a cónyuges de ciudadanos”, agrega.
Según alega, el beneficio tendría una cobertura temporal. “Pero no hay mayores detalles”, dice Núñez, quien citó la reciente carta enviada al presidente por un grupo de 17 congresistas demócratas y líderes de organizaciones de ayuda a inmigrantes.
“Y sabemos que también está en estudio varias otras cosas. El gobierno de Biden sabe que en inmigración se están quedando cortos”, indicó.
A comienzos de abril, durante una entrevista exclusiva a Univision Noticias, Biden dijo que, de usar el poder ejecutivo para responder a presiones migratorias (como el cierre del cruce indocumentado fronterizo u otorgar algún tipo de beneficio a indocumentados), podría ser demandado ante los tribunales de justicia y verse obligado a revertir decisiones.
A la pregunta si Biden podría verse en un escenario similar al de Barack Obana cuando aprobó DACA en junio de 2012, Núñez dijo que “las condiciones son muy diferentes a las de aquella vez, como, por ejemplo, el factor económico”.
“Tenemos dos candidatos con sus propios problemas, entre ellos por ejemplo la edad. Y los números no encajan si se compara el 2021 con el 2024. Así es que, se trata de un escenario diferente. Pero el gobierno está viendo que hará para ayudar al candidato. Mientras, para nosotros la única manera que nos queda es salir a las calles porque la Casa Blanca no ha respondido a nuestras peticiones. Ellos saben que si no hacen algo habrá consecuencias electorales, sin duda”.
Otros dos grupos en espera
Además de los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, la lista de beneficiarios de una acción ejecutiva migratoria de Biden incluye a dreamers que por edad no califican para la Acción Diferida de 2012 (DACA) y trabajadores esenciales que llevan años en el país y tampoco califican para ningún tipo de beneficio de regularización bajo el amparo de la ley de inmigración.
En cuanto a la Ley del Registro, mencionada por Salas, estipula que aquellos extranjeros que se encuentran viviendo ilegalmente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 o antes, califican para pedir la residencia legal permanente (LPR).
“La ley existe y está vigente, no ha sido abolida”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que además imparte clases en la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “E incluso hay un movimiento para cambiarla y acortar los años, que no sea desde el 1 de enero de 1972, sino por lo menos desde 1992. Pero no han conseguido mover la fecha”.
Velásquez señaló además que “hoy en día no es una ley que se use con frecuencia. Son muy pocos los inmigrantes indocumentados que pueden acogerse y calificar. La usé hará unos 30 años con algunos clientes que quedaron fuera de la Amnistía y desde entonces ya no la he utilizado”.
La amnistía mencionada por Velásquez corresponde a la reforma migratoria de 1986 aprobada por el Congreso durante el gobierno de Ronald Reagan, que permitió la regularización de unos 2.5 millones de indocumentados de aquella época.
A la pregunta respecto a si hay muchos candidatos que puedan beneficiarse de la Ley del Registro, Velásquez dice que lo difícil “es hallarlos”. Y asegura que se trata de una tarea “difícil, porque muchos de quienes pudieron usarla para su beneficio en los años ochenta “aplicaron para la Amnistía”.
Salas dice que, si adelanta la fecha, más de 4 millones de indocumentados (de los 10.5 millones registrados) podrían calificar para convertirse en residentes (green card).
El diario The New York Times dijo recientemente que el aumento de la migración a Estados Unidos ha dejado a Biden sin opciones fáciles. Y que la percepción de que está favoreciendo a los recién llegados sobre los inmigrantes indocumentados que llevan décadas en el país podría perjudicarlo entre los votantes latinos el primer martes de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente.
La Casa Blanca no ha entregado detalles respecto a los pasos que dará el mandatario en respuesta a las presiones que ejercen las organizaciones que demandan beneficios para los indocumentados.
